Hasta el momento, en una comprometedora y hermética investigación del Poder Judicial, se tienen indicios de que esas salidas estarían vinculadas a trabajos externos al penal del Servicio Penitenciario provincial, situación que no contaría con el aval de los magistrados a cargo de las causas de los reclusos “beneficiados” por estas maniobras.¿Quiénes cobraban por esos trabajos o eran gratuitos? ¿Quiénes fueron los receptores de las tareas de la mano de obra del penal y bajo qué condiciones se realizarían estos trabajos? ¿El jefe de la UP?III informó a sus superiores de estos hechos?Según pudo saber este Diario, un sector de los destinatarios de los trabajos serían organismos públicos. De confirmarse, sería vergonzoso que el mismo Estado sea parte beneficiada en este escándalo.Cabe destacar la decisión de los miembros del Tribunal Penal 1 de Eldorado que -con un escrito sin firma alguna- pusieron la necesaria seriedad en la cuestión e iniciaron una investigación interna que podría desnudar un sistema sumamente irregular.Por otro lado, esto deja en evidencia, la falta de un contralor interno del Servicio Penitenciario, del que se desconoce si habiendo tomado conocimiento de este grave hecho en investigación, realizó la suya para deslindar responsabilidades y determinar quiénes podrían haber incumplido los deberes de funcionarios públicos.Lo que agrava la denuncia también es la posible presencia de armas de fuego en poder de los detenidos en la UP?III, con el fin de provocar en un plazo no establecido, un motín con el fin de fuga. Ahora, hay que esperar resultados. Y medidas, severas, como las necesarias para estos hechos.
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