Con la modificación, el mismo quedó redactado de la siguiente manera: "Se otorga el beneficio de la Pensión Graciable de Asistencia a Víctimas Menores de Delitos contra la Integridad Sexual, desde el momento en que se disponga el llamado a prestar declaración indagatoria de una persona sospechada de participar en los delitos indicados, y en todos los casos en que se compruebe la existencia del hecho delictivo, extendiéndose el mismo hasta la mayoría de edad de la víctima".Antes de esta modificación, el artículo rezaba que "el beneficio de la pensión graciable será otorgado desde el momento que quede firme el auto de procesamiento (figura que ya no existe en el Código) y se extiende hasta la mayoría de edad de la víctima”. Esta Ley tiene como objetivo brindar contención económica y social a menores de edad, y a su grupo familiar conviviente, víctimas de delitos contra la integridad sexual previstos en el Código Penal, y que sean imputados a quien tenga a su cargo la asistencia económica familiar. Esta ayuda económica será de carácter mensual, y de un equivalente al 70% del Salario Mínimo, Vital y Móvil que se disponga en los ámbitos pertinentes.Familia en situación de gran vulnerabilidadEl beneficio puede ser solicitado por “la madre, el padre o quien ejerce la guarda, tutela o curatela de la víctima, siempre que éstos no hayan sido imputados por el delito contra la integridad sexual del menor”, dice otro de los artículos de la norma. Por otro lado, el Proyecto de Comunicación de la diputada Myriam Duarte, solicita que el Poder Ejecutivo Provincial, mediante la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, tome las medidas necesarias para que la niña víctima de abuso sexual, por parte de Ederson Pereira, en El Soberbio el 2 de octubre del 2014, perciba con urgencia a "Pensión graciable de Asistencia a Víctimas Menores de Delitos contra la Integridad Sexual", acorde a lo establecido por la Ley Provincial XIX – N° 51.Entre los fundamentos, Duarte sostuvo que "nos generó inquietud la difusión mediática de una lamentable situación de abandono por parte del Estado, a una familia que ya se encontraba en situación de vulnerabilidad, y que luego del abuso perpetrado quedaron en total desamparo, al ser desalojados por el padre del acusado, a cargo del Poder Ejecutivo Municipal, y hasta ese momento empleador del padre de la víctima".Abandonada por el EstadoLa legisladora se refirió a una nota periodística titulada <a href="http://www.primeraedicion.com.ar/nota/221910/el-estado-abandono-a-la-joven-que-denuncio-por-violacion-al-hijo-de-.html">“Joven víctima que denunció al hijo de intendente, abandonada por el Estado”, publicada el 30 de mayo del corriente año en PRIMERA EDICIÓN</a>."Recordemos que el caso al que se refiere la noticia, es la causa por abuso sexual que tiene como único imputado al hijo del ex intendente de El Soberbio (Juan Carlos “Jair” Pereira), Ederson Pereira. De acuerdo a lo que trascendió a los medios de comunicación, la madre de la niña abusada habría declarado que la misma tenía una relación previa con su violador, pero esto fue negado enfáticamente por la familia de la víctima".Duarte señaló que el acceso posterior al expediente fue negado sistemáticamente a los padres de la niña y a sus allegados de confianza, hasta el momento en que se cerró la instrucción y se resolvió la elevación a juicio oral.Aun así, "éstas supuestas declaraciones permitieron se modificara la calificación inicial de "abuso sexual con acceso carnal", por la de “abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima", y se beneficiara a Ederson Pereira con la excarcelación", subrayó.Advirtió "las terribles implicancias de revictimización de la niña abusada, quien vive con el temor de encontrar a su victimario. Y hay que tener en cuenta también que las heridas que tenía la adolescente de acuerdo a las declaraciones de los médicos que la atendieron, no son compatibles con una relación sexual consentida, como sostuvo la defensa del procesado. En la nota periodística mencionada, además de exponer irregularidades judiciales, se denuncia la falta de la asistencia necesaria y prevista por la legislación en estos casos, para la víctima y su familia".Una Ley pensada para aliviar situación de vulnerabilidadLa diputada Duarte detalló que la Ley vigente, permite aliviar la situación de familias en cuyo seno, los menores fueron víctimas de delitos contra la integridad sexual, para afrontar los gastos que pueda ocasionar la contención de la víctima. Esta tarea involucra tratamientos físicos y psicológicos para restablecer la salud integral del o la damnificada menor de edad, como así también poder proveerlos de actividades sociales, deportivas y culturales que aporten a la sanación del terrible trauma sufrido.En la provincia, la Ley XIX N° 51 cumple también con los propósitos de la Nº 16 (Antes Ley 3820) sancionada en 2001: Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Misiones, que en su articulado y en especial su Artículo 38, establece: “Desjudicialización de la pobreza. Cuando la violación, amenaza o restricción de derechos se produzca como consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, económicas, laborales o de vivienda; las medidas de protección a aplicar, consisten en los planes, programas y proyectos sociales establecidos por las políticas públicas, que deben brindar orientación, ayuda y apoyo, incluso económico, con miras a la sustentación y fortalecimiento de los vínculos del grupo familiar responsable del desarrollo integral del niño, niña y adolescente”, recordó.
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