Se necesitaron tres jornadas de debate oral, la citación de veinte testigos -de los que sólo declararon trece- y profundos alegatos para condenar a un exoficial de la Policía de Misiones a seis meses de inhabilitación por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por no dejar constado, en el acta de incautación de elementos de un siniestro vial, el monto de dinero que la víctima fatal guardaba en un bolsillo.Miguel Antonio Romero (39) fue absuelto este lunes por el Tribunal Penal 1 de Posadas por el beneficio de la duda (in dubio pro reo) de la acusación de “autor de hurto calamitoso”, artículo 163 del Código Penal y esquivó una condena a prisión de hasta nueve años, pero no escapó de la condena por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” (artículo 149) a seis meses de prisión en suspenso y mil pesos de multa.La sentencia de Ángel Dejesús Cardozo, Martín Errecaborde y Eduardo D’Orsaneo se conoció a las 12.07 de ayer, tras la ronda de alegatos de la fiscal Liliana Picazo y la defensora oficial Liliam Belloni.CoincidentesLos integrantes del Tribunal coincidieron con las figuras penales que imputó Picazo, quien abrió su turno de alegar ayer solicitando la absolución de Romero en cuanto a “hurto calamitoso”. Aseguró sin embargo que “Romero incumplió una orden, se rehusó a ella y puso en problemas la cabeza de sus compañeros de trabajo (…) Al ocultar el dinero no quiso transparentar el procedimiento. Las acciones de Romero son rayanas el escándalo”.Pero también remarcó “no poder darle al Tribunal, con grado de certeza, el monto del dinero (que desapareció o se hurtó)”, y que por ello no se debía imputarle la calificación de “hurto calamitoso” al encartado.Para Belloni ninguna de las dos acusaciones le correspondían a su defendido, más aún “porque la cadena de responsabilidades se iniciaba en (la oficial Gabriela) Dorrego”, jefa de turno de la Unidad Regional IX de Jardín América, primera en llegar durante la madrugada del viernes 10 de agosto de 2012 al punto de la ruta nacional 12 a escasos metros del puente sobre el arroyo Tabay donde Wilfrido Caballero Vázquez despistó y murió a bordo de un Volkswagen Voyage.“¿Por qué Romero sí (fue acusado) y Dorrego no, y las demás autoridades policiales tampoco?”, preguntó Belloni al Tribunal pero también se respondió: “Por la pica que había entre la Unidad Regional IX y Villalba (Luis Alberto, excomisario de la seccional de Puerto Leoni)”. Insistió en que Romero no cometió ningún delito, pero que sí pudo “omitir o retardar una orden, pero no hubo dolo en ello y esto se hubiera solucionado con una sanción administrativa”.“La camiseta puesta”Romero hizo uso de su derecho de hablarle por última vez al Tribunal antes del veredicto. Aprovechó para resaltar: “Llevo doce años en la Policía, con participación en muchos cursos de capacitación en manejo de escena del crimen y seguridad pública, siento la camiseta de esta institución porque la llevo puesta”. Aseguró que no cometió delito alguno y que cometió un error pero que no actuó de forma ilícita. Instó al Tribunal a que no lo condenaran y cerró: “Le prometí a mi familia que iba a ser un buen policía, que cumpliría con mi deber y eso fue lo que hice”.La bolsita con dinero“No voy a hablar ahora, sólo quiero ir a ver a mi familia y ver como reinicio mi vida”, dijo Miguel Romero, desde ayer exoficial de Policía por lo sucedido durante la madrugada del viernes 10 de agosto de 2012 en Puerto Leoni.Su salida del Tribunal Penal 1 -de calle La Rioja casi Rivadavia- fue idéntica a las de las dos jornadas anteriores de debate oral. En soledad, silencio y con tranco lento hacia su hogar. Tal vez masticando bronca y alivio, ya que habría perdido definitivamente su condición de policía, por la que se obstinó en llegar a juicio para intentar probar su inocencia y reclamar el cese de su estado de disponibilidad que cumplió cuatro años. Pero también con el beneficio de la duda sobre sus espaldas, porque no quedó probado que hurtó dinero.El fallo fue en sentido opuesto a la solicitud de elevación a juicio de la fiscal de Instrucción de Puerto Rico, Mabel Luna, quien imputó a Romero por “hurto calamitoso agravado (por su función pública)”, al quedarse, presuntamente, con cinco mil pesos que el ciudadano paraguayo Wilfrido Caballero Vázquez guardó en una bolsa de nylon en uno de los bolsillos del pantalón antes de perder la vida al caer a un barranco de la ruta nacional 12 a metros del puente sobre el arroyo Tabay.Romero asegura que el dinero lo guardó en un armario por orden del comisario de Puerto Leoni, Luis Alberto Villalba y lo entregó a un familiar de Caballero Vázquez con el resto de las pertenencias. El delito fue denunciado por la jefa de turno de la Unidad Regional IX, Gabriela Dorrego, que llegó a la escena trágica antes que Romero y fue quien le ordenó que realizara el acta de incautación de las pertenencias del fallecido, entre ellas, “la bolsita con dinero”. Pero Romero se negó a hacerlo.
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