En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, Caballero afirmó que durante los momentos previos a la audiencia donde se firmó el juicio abreviado “por primera vez en ocho años y tres meses estuve frente a frente con una de las imputadas… ella me pidió perdón llorando, pero yo le contesté que los perdone Dios, porque yo no”. “La verdad es que este fallo es una burla, esperé tanto tiempo, durante el cual pedí justicia, que es lo mismo que nada. De qué sirve el perdón si a mi hijo no lo tengo más, está a dos metros bajo tierra. "Me dijeron que no querían ir a juicio oral y público porque la sociedad se iba a enterar… que una de las acusadas está en silla de ruedas, y les respondí que a mi hijo no lo tengo más. "Nunca se acercaron a pedir disculpas. Por primera vez lo hicieron y mi esposa sí aceptó las disculpas pero yo no, y eso que somos católicos, pero creo en la Justicia Divina, que los pecados se pagan en la tierra. Nunca nos acercaron ni un pedacito de vela a nosotros…”, se lamentó Caballero, quien a su vez afirmó que desde la empresa acusada “me llegaron a ofrecer 48 mil pesos en efectivo y en dos pagos para que no accione judicialmente”.Finalmente dijo que el dolor que sienten “será infinito” ya que el joven fallecido “era nuestro único hijo, tenía muchos sueños, como seguir jugando al fútbol y ser policía”. Pasaron más de ocho años y nadie irá presoLos tres imputados por el homicidio culposo de dos empleados de la empresa de limpieza SIP Armas reconocieron su culpabilidad en el marco de un juicio abreviado, aceptando una pena de tres años de prisión en suspenso, señalaron fuentes judiciales. Con este acuerdo entre las partes, tanto fiscal como abogado defensor -en este caso es el mismo para los tres involucrados- ahora solamente resta que el juez que entiende en la causa convalide la sentencia, indicó un portavoz oficial.El hecho, que se registró en mayo de 2008, tuvo como víctimas a Ricardo Enrique Caballero (19) y Andrea Itatí Pérez (27), quienes eran empleados de la citada firma, dedicada a la limpieza y también a la seguridad privada.Los imputados son dos socias gerentas de dicha empresa, Felicita Aquino y su hija, Mariela Báez, como así también un empleado jerárquico, Juan Carlos López. Todos continuarán en libertad en virtud de que la calificación del hecho no contempla la prisión. El homicidio culposo, establecido en el artículo 84 del Código Penal Argentino, prevé penas de seis meses a cinco años de prisión al “que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte”.Durante la audiencia donde se firmó el juicio abreviado estuvieron presentes la fiscal Yolanda Mazal, el letrado Roberto Chemes -quien representó a los acusados-, además de funcionarios del Juzgado Correccional y de Menores 1 de Posadas. Como hecho a destacar, se supo que fueron citados a pedido de la representante del Ministerio Público Fiscal los familiares de una de las víctimas, quienes si bien no necesitan prestar consentimiento en este trámite judicial, acudieron momentos antes de la reunión de las partes para interiorizarse de esta última instancia procesal en la resonante causa. Ahora el magistrado César Jiménez, titular del mencionado Juzgado, deberá homologar la sentencia. Las muertes de las víctimas se produjeron hace más de ocho años, cuando los empleados manipularon productos químicos para cumplir con su labor de limpieza, pero fallecieron intoxicados, tal como figura en la instrucción de la causa. En el caso de Ricardo Caballero, su muerte se produjo el 17 de mayo de 2008, mientras que Andrea Itatí Pérez agonizó durante siete días. Trabajaban en un geriátrico de Villa Lanús y el hospital Ramón Madariaga.





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