La Legislatura decidió por mayoría, y unificando tres iniciativas en el mismo sentido, la intervención al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Arroyo del Medio debido a la crisis institucional desatada tras el accidente protagonizado, el 19 de junio pasado, por el intendente de esa localidad, Cristóbal Barboza, quien al mando de una camioneta sin documentación alguna de propiedad de la Comuna, y en estado de ebriedad, chocó a un remisero de Alem, que murió en el lugar del hecho.Las reiteradas inconductas comprobadas por una Comisión Investigadora conformada en el marco del Concejo?Deliberante, que pidió su destitución; y el escándalo político que se suscitó cuando la mayoría renovadora del Concejo desconoció en el recinto la resolución de la mencionada Comisión, votando a favor de la continuidad de Barboza en un marco de amenazas de muerte y presiones indisimuladas del Ejecutivo comunal, sellaron la suerte del polémico intendente.Ayer, jueves 18, en la Legislatura, cuando se esperaba una iniciativa política de la oposición, el titular del bloque oficialista, Roberto Chas Robineau, se anticipó y pidió el tratamiento sobre tablas de un proyecto de ley del titular del cuerpo, Carlos Rovira, promoviendo la intervención del Ejecutivo comunal. Los bloques del Pays, y Cambiemos, presentaron sus propios proyectos de intervención, pero haciéndola extensiva al deliberativo comunal. Argumentaron que el comportamiento errático del Concejo Deliberante, que le salvó la ropa al intendente en una cuestionada votación, lo convertía en “cómplice del intendente Barboza” y lo ubicaba bajo la órbita de la Ley 15 Nº 5 (Artículo 168) de la Constitución Provincial y de las prescripciones de la Ley Orgánica de Municipalidades que fundamentaron la intervención finalmente aprobada. Tras un cuarto intermedio en el que se unificaron los proyectos, la oposición decidió apoyar la propuesta oficialista.Crisis institucionalChas Robineau, al fundamentar la propuesta de destitución, sostuvo que las reiteradas y manifiestas inconductas de Barboza y la crisis institucional que produjo un “resquebrajamiento del vínculo (del alcalde) con la sociedad” justifican una intervención, a la que definió como “un remedio constitucional ante situaciones extremas”. Para el titular del bloque oficialista, la intervención servirá para “salvaguardar la situación institucional” y evitar posibles desordenes, “permitiendo que actúe la Justicia”. La mayoría de los legisladores consideraron suficientemente probado que Barboza se excedió largamente en sus funciones como intendente y coincidieron en la necesidad de restablecer la normalidad institucional en Arroyo del Medio, comunidad misionera conmocionada por los hechos que se sucedieron tras el accidente. Varios legisladores cuestionaron, en tanto, la lentitud de la investigación judicial que debe establecer la responsabilidad de Barboza en la muerte del remisero, y evaluar los resultados de la comisión investigadora adversa al alcalde. El bloque Vanguardia, que integran los diputados Hugo Escalada y María Losada, votó sorpresivamente, en disidencia. Escalada consideró que al votarse una intervención sin una sentencia previa de la Justicia -a la que pidió celeridad- se estaba “creando un peligroso antecedente”, postura que defendió haciendo alusión a que la ley exige, para que se pueda aprobar la intervención, una previa sentencia judicial que, en este caso, no se ha producido todavía. El diputado Claudio Wipplinger, que consideró probada una “grave crisis institucional” ante la cual era necesario actuar con celeridad, cuestionó los argumentos de Escalada al opinar que el tema trascendía lo jurídico. “Madurez”El vicegobernador Oscar Herrera Ahuad se hizo eco ayer de la decisión de la Legislatura de intervenir la Comuna de Arroyo del Medio y terminar con el escándalo causado por el intendente Barboza. Consideró a la decisión legislativa como “una verdadera muestra de madurez política”. “Se activaron todos los mecanismos democráticos y constitucionales sin saltar ningún paso. Desde el principio marqué la gravedad de la situación y la conducta criminal de quien atropella alcoholizado”, remarcó. “Cuando la clase política coincide en este tipo de apreciaciones significa que el sistema está sano. Por eso, celebro este paso que remarca la ética, la moral y el sentido común que deben tener los que abrazan la función pública y la madurez de nuestra democracia”, remató.
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