Con los estudiantes no

 Señora Directora: La semana pasada, 13 empresas de transporte intentaron poner en riesgo la continuidad del Boleto Educativo Gratuito (BEG) desde el 1 de septiembre, apelando a que su equilibrio económico empresarial se encuentra en una situación delicada debido a que el Estado provincial no paga a término y argumentando también que el valor tarifario se encuentra atrasado.De las 63 empresas que prestan el servicio del BEG urbano municipal, inter y sub urbano en toda la Provincia, solamente 13 se hicieron eco de un reclamo empresarial-político que esconde intereses concretos. Desde la Provincia confirman que se deposita en tiempo y forma de acuerdo a los datos que las empresas rinden oficialmente ante la Subsecretaría de Transporte.Ahora bien, tengo algunos interrogantes al respecto: ¿por qué se toma una determinación de esta índole sin antes revisar los ejes que fija la ley? ¿Por qué se amenaza de esta manera a los estudiantes misioneros? ¿Por qué la Cámara de Empresarios Misioneros de Transporte de Pasajeros (Caemtap), que nuclea a todas las empresas que explotan el servicio urbano e interurbano, imponen su voluntad por sobre la voluntad de los beneficiarios?Considero que todos los sectores involucrados en el BEG deben aportar para que el sistema y la normativa se cumplan eficazmente. El Estado, las instituciones educativas, los padres o tutores, los empresarios del sector y los estudiantes misioneros deben hacer un gran esfuerzo para que todo funcione y también aportar para que el sistema BEG siga creciendo y fortaleciéndose.Me temo que una parte del sector empresarial de transporte provincial esconde en este reclamo económico un nuevo aumento del boleto, un nuevo cuadro tarifario que aumente mayormente sus ganancias.Párrafo aparte merece la posición de Juan Manuel Fouce (Caemtap), vocero de este reclamo, que genera un conflicto del BEG para tomar de rehén al sector estudiantil y sacar de ello una especulación electoral, destruyendo cada paso que se avanza para brindar soluciones a la comunidad.Es una provocación política que algunos empresarios expongan a los estudiantes y sus familias a una situación determinante que va en contra de un derecho adquirido por todos los misioneros. El BEG es ley y debe asumirse como tal, es un derecho inclusivo que beneficia a más de 140.000 estudiantes en toda la provincia, que ayuda indirectamente a las economías locales a reactivar el mercado interno, que interviene en el desarrollo educativo. Es un trabajo diario de todos, debemos defenderlo y mejorarlo entre todos.