El exintendente de El Soberbio, Alberto “Coleco” Krysvzuk, fue trasladado ayer a la Unidad Penal (UP) VII de Puerto Rico, donde continuará detenido hasta que llegue el debate judicial por las múltiples causas que tiene en su contra. El polémico exalcalde de El Soberbio está acusado del delito de fraude en perjuicio de administración pública, falsificación de documentos, asociación ilícita y participación criminal, en los delitos mencionados, según revelaron fuentes judiciales. La orden fue emitida por el Juzgado de Instrucción Tres Secretaría Uno, de San Vicente, y ejecutado, tanto en el traslado como en la custodia del exalcalde Krysvzuk, por el personal de Servicio Penitenciario Provincial y la Policía. Se informó que el operativo se realizó en horas del mediodía, desde la localidad de San Vicente, donde permanecía detenido. “Coleco” estaba alojado en esa dependencia desde el pasado mes de enero, luego de entregarse a las autoridades policiales. Ahora será la UP de Puerto Rico la que albergue al exintendente de El Soberbio. A principios de este año, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional de la Provincia confirmó la prisión preventiva y rechazó el cambio de calificación, que había solicitado la defensa del exalcalde por la causa de malversación de fondos. Además, un pedido de excarcelación presentado por la defensa de “Coleco” y que ya fuera denegado por el juez Horacio Alarcón, fue el último revés de su defensa. Tanto el magistrado Alarcón como los integrantes de la Cámara de Apelaciones (Sala 1, Marisa Ruth Dilaccio y Ricardo Venialgo) consideraron en sus respectivas resoluciones, que existe riesgo de fuga de “Coleco” y además alegaron que el exintendente podría entorpecer la investigación en su contra. Polémica gestiónCabe recordar que luego de ser destituido por el Concejo Deliberante, el exalcalde estuvo prófugo de la Justicia por unos nueve meses antes de entregarse.Una comisión investigadora descubrió que durante la gestión de “Coleco” en El Soberbio, el municipio efectuó pagos por dos pozos perforados por casi 400 mil pesos que nunca se construyeron. Uno debió estar ubicado en Colonia Lapacho, con un presupuesto cercano a 170 mil pesos y el otro en el barrio Itatí, por un costo de aproximadamente 230 mil pesos. La comisión además encontró documentación que comprobaría la utilización de unas 30 facturas truchas para rendir gastos.
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