Varios intendentes no salen de su asombro por el repentino interés que muestra el coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial, Luis Pires, en la promoción de una empresa privada de capitales extranjeros que pretende invertir en las comunas, en un programa denominado “ciudad inteligente” ideado por la propia firma y el funcionario provincial. El ingeniero ya convocó a más de treinta jefes comunales para reunirlos con los representantes en Argentina de la empresa italiana de iluminación Martini Light, en una operatoria que pretende “enganchar” a las municipalidades y proveerles del reemplazo de luminarias de alumbrado público, semáforos y cámaras de vigilancia a cambio de cobrarles a los municipios lo que les quede de “diferencia” en las boletas de pago de energía por el ahorro que producirían. Pero como las inversiones que plantea la firma son, la mayoría de las veces, millonarias, el “plan de negocios” contemplaría dejar comprometidos los recursos municipales por varios años. “La idea es que cambiemos el alumbrado actual por led, con lo que se produciría un ahorro de energía. La plata que ahorremos en las facturas de energía se la tendríamos que pagar a la empresa hasta cubrir el monto de la inversión. En definitiva, la municipalidad va a seguir pagando lo mismo pero en lugar de pagar a la cooperativa eléctrica, va a pagarles a los inversores”, explicó un alcalde. Otro de los jefes comunales consultados fue más allá: “no es obligatorio cerrar el trato con la empresa, pero están en juego otras cosas también, como los proyectos que sí son financiados por la Nación y que los maneja Pires, que es el que firma las carpetas”. El intendente, en este caso, se refirió a los fondos que llegan a la provincia directamente a la UEP por planes como el Programa de Mejoramiento de barrios (Promeba) o el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, y que en un marco de restricciones de los fondos nacionales para otras dependencias provinciales, significan muchísimo para los municipios que atraviesan una crisis por la baja en la recaudación y en los aportes de coparticipación. Contratación directa Además del particular interés del coordinador de la UEP en que la firma extranjera realice su plan de negocios con los municipios misioneros, también hay otros puntos llamativos en el proyecto privado que impulsa el funcionario. Es que según las leyes de Contabilidad y de Obras Públicas, las contrataciones con fondos públicos debieran realizarse previa licitación o concurso de precios, mecanismos que pretendan ser transparentes y le aseguren a los eventuales proveedores del Estado una competencia limpia y en las mismas condiciones, sin privilegios. Los demás mecanismos, como la contratación o compra directa, son excepcionalísimos y se considera que las operaciones realizadas de esta manera no garantizan la transparencia que debe rodear a todos los negocios encarados por el gobierno.Paralelamente, se considera que la actividad del “lobby”es más común entre quienes son representantes de un negocio privado y quieren obtener el favor de un gobierno determinado para hacerse de fondos públicos a cambio de un bien o servicio, pero son pocos los casos en los que un funcionario toma abiertamente la responsabilidad de influenciar en la toma de decisiones de otro funcionario, ya sea que reciba una remuneración por realizar dichas gestiones o no. Un abogado especialista en derecho administrativo consideró que las gestiones como las que encara el titular de la Unidad Ejecutora Provincial a favor de una empresa privada determinada podría incluso acercarse peligrosamente a la figura penal conocida como “Tráfico de Influencias”, previsto en los artículos 428 a 431, delito que puede ser cometido por un funcionario como por un particular. El delito se produce “cuando un funcionario o una autoridad influye en otro prevaliéndose de su cargo o de otra situación de poder derivada de su relación personal o jerárquica con el subordinado, para conseguir una resolución que le genere un beneficio económico a sí o a un tercero, directo o indirecto”. El castigo es una pena de prisión de seis meses a un año, multa del doble del beneficio perseguido u obtenido, e inhabilitación especial para empleo público de entre tres a seis años. Directos interesadosUno de los intendentes más “entusiasmados” con el programa que ideó el polémico funcionario renovador es Norberto Aguirre, de Eldorado. De hecho, una de las primeras reuniones organizadas por Pires para convocar al resto de los alcaldes se dio en su localidad, y como anfitrión se sentó al lado del funcionario provincial y los inversores. En esa reunión, llevada a cabo hace dos semanas, se dijo que “la apuesta va a traer muchos beneficios a la población en lo concerniente a luminaria y seguridad”.De aquella primera convocatoria participaron los intendentes Celso Carvalho de Alba Posse, Guillermo Fernández de Bernardo de Irigoyen, Fausto Rojas de San Antonio, Jorge Lezcano de Puerto Piray, Felipe Jelen de Wanda; Alfredo Gruber de Puerto Esperanza, Eberth Vera de Colonia Delicia, Claudio Kobler de 9 de Julio, Arnoldo Schoenfisch de Santiago de Liniers y Hugo Andino de Colonia Victoria. En otra reunión posterior fueron convocados los intendentes de Montecarlo Julio “Chun” Barreto, de Oberá, Carlos Fernández; de Bernardo de Irigoyen Guillermo Fernández; de Campo Grande Carlos “Caco” Sartori; y de Garupá Luis Ripoll. También fueron interiorizados sobre los “inversores” los intendentes Pablo Castro de Santa Ana, Mario Knopka de Florentino Ameginho y Miguel Ángel Vargas de Guaraní. Con todos estos alcaldes además se conformaron mesas de trabajo “para la planificación de proyectos ejecutivos con fondos nacionales que serán elevados a Nación a través de la UEP”. El impulso que parece darle Pires a las dos patas del negocio (las inversiones de fondos públicos nacionales y la inversión privada) tendrá un nuevo capítulo la semana que viene, cuando se convoquen los equipos técnicos para avanzar en ambas iniciativas.Gobernabilidad se paga con gobernabilidad ¿o con obras?Esta semana apareció una decena de licitaciones para obras en el Boletín Oficial de Misiones, por varios cientos de millones de pesos, las cuales en el cabezal llevan la inscripción del Ministerio de Interior y Vivienda de la Nación, por lo tanto se interpreta que son financiadas por ese organismo que conduce el ministro Rogelio Frigerio, el funcionario de Cambiemos que más veces vino a Misiones y que, según trascendió, mantiene una estrecha relación con el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira desde hace muchos años.Se trata del primer paquete de obras “grandes” que financiará la Nación en esta provincia desde que Mauricio Macri es presidente de la Nación. De hecho, desde septiembre pasado la obra pública cayó abruptamente en Misiones y en otras partes del país, justamente porque la Nación congeló todos los envíos de fondos para obras.Un ministro del Go
bierno renovador, consultado acerca del motivo de las obras, explicó que “estaban previstas en el presupuesto 2016” pero igualmente dependía de la voluntad política, el criterio y la oportunidad del gobierno nacional para que se liciten y se lleven adelante.El hecho de que se encuentren incluidas en el presupuesto anual no significa que automáticamente se vayan a realizar. Como explicó el ministro consultado, depende siempre de la voluntad política del que tiene la lapicera y maneja la “caja”. Más todavía cuando la recaudación nacional es menor a la proyectada y necesariamente habrán obras anotadas en el presupuesto anual que se suspenderán o postergarán para otros períodos por tener menos fondos.Quiere decir entonces que el gobierno nacional tuvo la voluntad de licitar y financiar las obras para Misiones. Podía no hacerlo.Se trata, en definitiva, de 80 millones de pesos para urbanizar una zona de la ciudad de Puerto Iguazú beneficiando a 790 familias; 35 millones para obras de infraestructura en el barrio San Lorenzo de Posadas; 8 millones para el barrio Santa Rosa de Posadas, 23 millones para la zona de Sesquicentenario de Posadas, 24 millones para obras de infraestructura en barrios Nuevo y Hermoso de Jardín América; 33 millones para El Buen Samaritano de Aristóbulo del Valle y 30 millones para el barrio Malvinas de Montecarlo.En forma paralela, el Iprodha pareciera que empezó a aceitar su mecanismo de financiación ya que también llamó a licitación para importantes obras: 45 millones para cien lotes con servicios en San Vicente y 240 millones para el Hospital Samic de Oberá.Desde el punto de vista político, el gobierno misionero no deja de elogiar permanentemente a la gestión de Macri, tomando distancia desde un primer minuto del kirchnerismo y abrazando de par a par la causa macrista. Esa actitud llevó a la renovación a votar el pago de los fondos buitre, el blanqueo de capitales, pago a jubilados y la designación de dos jueces de la Corte Suprema. El macrismo no tiene mayoría por lo tanto necesita de los votos aliados.El argumento del gobierno fue “gobernabilidad con gobernabilidad se paga”. Pero nunca quedó claro cuál era la gobernabilidad que recibía Misiones a cambio de los votos y su alineamiento casi castrense. El propio gobernador volvió a engrandecer al macrismo esta semana cuando declaró que “siempre te llamaban a Buenos Aires pero para sacarte (plata) y ahora te llaman para darte, ese es un cambio bueno”. Sin embargo, hasta el momento Misiones no había recibido nada a cambio.Ahora pareciera que la gobernabilidad que espera recibir Misiones está en las licitaciones que empezaron a publicarse y el flujo de recursos que esperan obtener del gobierno nacional para atender la gestión en la provincia.Todavía está pendiente una reunión entre los gabinetes de Misiones y de la Nación donde la renovación espera con ansiedad “abrochar” una docena de convenios para recibir fondos en diversas áreas.La pregunta entonces que debería hacerse es: ¿tendría la renovación la misma actitud si no necesitara fondos de la Nación?. Dar una respuesta sería hacer futurología pero un indicio claro es recordar a qué candidato apoyó la renovación el año pasado.Entonces ¿dar gobernabilidad es cambiar votos por obras? Podría ser. Misiones necesita recursos y la Nación necesita votos. ¿Es la política del toma y daca? O es ¿gobernabilidad con gobernabilidad? O ambas cosas son lo mismo con diferente nombre.Obras a pleno en las eleccionesLa mayoría de las obras licitadas tienen plazos extensos de obra, por lo tanto, para el año próximo recién estarán a medio camino o incluso menos. Quiere decir que en pleno momento de las elecciones legislativas de 2017 las obras estarán quizás en su mejor momento, con lo que significa la obra pública para los esquemas políticos.Las ventajas que obtienen son muchas: en plena campaña, habrá obra pública en actividad, y ello genera recursos corrientes, crecimiento de la economía, empleo y ello se traduce normalmente en bienestar económico para la sociedad. Normalmente, las veces que hubo obra pública a toda marcha, los gobiernos ganaron las elecciones tranquilamente. Sólo basta recordar 2007 y 2011, con la economía en crecimiento y los resultados favorables para los oficialismos. Al revés, en 1999, 2001 y 2009, con enfriamiento económico los resultados fueron menos favorables.Este es el efecto que se busca al convocar ahora a licitaciones y encontrar a las obras a todo vapor en plena época electoral.
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