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Nación espera informes de gastos de la Unam para envío de refuerzo presupuestario

6 julio, 2016

En el Boletín Oficial del miércoles se publicó la “decisión administrativa que incrementa el presupuesto a las universidades nacionales en 1.060 millones de pesos”, según indicaron desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación. La distribución de ese dinero también está establecido: 60 millones serán destinados al Hospital Odontológico de la Universidad de Buenos Aires, 500 millones estarán dirigidos a los hospitales universitarios y los otros 500 millones son el refuerzo presupuestario anunciado por el presidente Mauricio Macri el pasado 3 de mayo, con la intención de atender a los aumentos en las tarifas de todas las universidades nacionales tras estos primeros seis meses de 2016. Este dinero fue el que rectores de las universidades, entre ellos Javier Gortari de la Unam, afirmaron que no había llegado aún, pero desde la Subsecretaría estimaron que el pago estaría disponible la semana próxima siempre y cuando las universidades, entre ellas la de Misiones, envíen sus facturas de servicios para saber qué porcentaje le corresponde a cada una.  La situación viene más o menos así: a fines de mayo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había presentado una propuesta a la Secretaría de Políticas Universitarias sobre cómo distribuir dicho dinero, pero “no representa la verdadera diferencia de tarifas que van recibiendo las distintas universidades”, reconoció la subsecretaria de Políticas Universitarias de Nación, Danya Tavela, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN. Entonces, la semana pasada se reunió el plenario de rectores en la ciudad de Tucumán y aprovechando que allí también se encontraba el ministro de Educación, Esteban Bullrich, “se acordó la distribución en función de la presentación de la factura para reconocer efectivamente los mayores costos y en eso se está trabajando”, señaló Tavela.La subsecretaria consideró que “hay cuestiones que tienen que ver más con reordenarse presupuestariamente cada una de las universidades” y opinó que “también había ciertas lógicas imperantes que tenía que ver con cual cercano o amigo se era de el espacio político de la gestión anterior”. Sobre esto, indicó que “hemos asumido un compromiso de transparentar la relación de las universidades con el Estado y de que además cada universidad también tenga un conocimiento pleno de cuáles son los fondos con los que va a disponer, cuáles les corresponden de acuerdo al modelo de pauta y de los objetivos. No hay una situación acuciante en el sistema universitario”. Según Tavela “el pago está tramitándose” y estimó que “la semana próxima lo van a tener disponible. El problema es lo que falta, el envío de la información por parte de las universidades. La situación que más nos preocupa es esa, que nos falte información por parte de las universidades para efectivamente poder revisar el tema tarifario. Esta es una cuestión operativa”. La situación en MisionesJavier Gortari, rector de la Unam, señaló que la Universidad recibe “en tiempo y forma los salarios, lo que no es menor porque representa el 90% del presupuesto. Además, son salarios que ya tienen incorporados la actualización paritaria. También estamos recibiendo los gastos de funcionamiento con un mes de atraso lo que es totalmente normal y habitual. Con eso podemos sostener el funcionamiento, no hay ningún riesgo de que se pare nada. Pero si hay situaciones que pasan a ser más críticas en función de la suba de tarifas, combustibles, alquileres, alimentos, papeles, conectividad, etcétera”, aseguró en declaraciones periodísticas. Entre estas “situaciones críticas” enumeró las extensiones universitarias “por convenio programas extrapresupuestario de localidades como Iguazú, San Vicente y Puerto Rico que tienen financiamiento nacional y por las cuales no hemos recibido ni un solo peso en lo que va del año y ya llevamos seis meses de dar clases. Esto significa pagar profesores, luz, agua, alquileres, contratos, etcétera y todo lo venimos afrontando con presupuesto que no es para eso”.Sobre esto, Tavela señaló que “le estamos mandando lo correspondiente a los contratos programas por el primer semestre. Tendrán que rendir cuentas y ver si efectivamente lo que se le mandó lo van a aplicar a lo que dice el contrato programa y sino, después se resolverá eso”. Para finalizar, Tavela afirmó que “no corren riesgo en la medida en que la Universidad haya presentado las rendiciones de cuenta correspondientes” y que ese dinero “se le va a estar transfiriendo ahora. Si no presentó las rendiciones tendrá que presentarlas y después se le transferirá”, indicó y remarcó que “la intención es transparentar. Que todos tengamos información clara de qué es lo que pasa dentro del sistema universitario, que podamos contar con los números presupuestarios, pero que también podamos contar con información sobre las actividades”. 

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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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