Desde que se produjo el recambio de gobierno provincial y nacional en diciembre pasado en Argentina, se observaron enormes esfuerzos por volver a las instituciones de la democracia al camino del trabajo y el fiel cumplimiento de sus roles sin interferencias políticas. Especialmente a la Justicia Federal ante la gran sumatoria de denuncias contra el gobierno anterior y un grupo de empresarios que se enriqueció rápidamente.Pero en nuestra bendita provincia, en lo referente a la administración de justicia, sigue habiendo quienes prefieren -por temor, comodidad o complicidad- seguir por el rumbo equivocado, afectando al conjunto de los misioneros que quieren salir adelante, trabajando e invirtiendo pero con seguridad jurídica. Para entender el daño que esto provoca, vale la pena preguntarnos ¿por qué razón en estos primeros casi siete meses del año, todos los que denunciaron casos de supuesta corrupción en Misiones acuden a los Tribunales Federales (tanto de Posadas como los ubicados en Comodoro Py de Buenos Aires) para hacer las presentaciones? La respuesta es simple: no hay confianza en que jueces y fiscales misioneros vayan a investigar y encontrar a los culpables de quedarse con lo que no es de ellos, sino del pueblo; haciendo que devuelvan lo mal habido. Y lo que es peor, que termine habilitando el camino a los investigados para convertirse en víctimas con el fin de accionar contra los que promueven las demandas.Es lamentable que muchos de nuestros magistrados y funcionarios hayan perdido la confianza del pueblo. Que prefieran quedarse atornillados a un sillón hasta que se jubilen (al estilo Oyarbide), antes que cumplir con su juramento “por la Patria y por vuestro honor”, de administrar justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que indica la Constitución.Quiero recordar una frase que el expresidente del Colegio de Abogados, Rodrigo Bacigalupi expresó en este Diario hace poco tiempo: “Si nuestra Justicia provincial se decidiera a actuar ahora que ya no hay un poder político nacional que avale a los corruptos locales, le puedo asegurar que muchos funcionarios misioneros terminarían presos”.La realidad nos muestra que, a pesar del clamor de muchos sectores, no hubo decisión alguna en ese sentido, sino por el contrario, la gran mayoría de los jueces de instrucción y sus fiscales se han colocado la venda para evitar tener que ver las múltiples irregularidades que son denunciadas, a costa del perjuicio que significa para la sociedad que, millones y millones de pesos, se vayan a fines que no son las prioridades de una gestión de gobierno: salud, educación y bienestar de los misioneros. Y en otros casos, terminen engrosando cuentas de privados. Esos millones son los que se juntan en otro estamento del Estado provincial que asfixia a los que trabajan y producen: la Dirección General de Rentas de Misiones (DGR).Y es sobre el accionar del organismo recaudador que también quiero referirme. Sobre todo respecto a la ”Aduana interna” impuesta hace unos años y que se queda con miles de pesos que luego no van al sostenimiento de los generadores de empleo y los que trabajan por una Misiones económicamente más activa.Podés tener tus impuestos al día, declarar como corresponde todo lo que el Estado exige, pero tenés un remito con un número erróneo, que te aplican multas de miles y miles de pesos que si no pagás no sacás la mercadería que compraste legalmente. Y Rentas siempre puede buscar un perjuicio más: al pagar la multa, te hace firmar un escrito por el cual se renuncia al derecho constitucional de accionar judicialmente. Una locura que desde el gobierno se busque cercenar los derechos ciudadanos.A ello, hay que sumarle también la alta presión impositiva que se traslada a los precios al consumidor, provocando que -mes a mes- millones de pesos se gasten del otro lado de la frontera, donde los impuestos son más bajos y por ende los productos valen mucho menos.Cuando comentamos en otras provincias lo que Rentas hace con su puesto en El Arco, actuando peor que la Aduana en los pasos fronterizos, nadie lo puede creer.En estos días, se habló mucho de la necesidad de conseguir medidas de estímulo nacionales como el ITC diferenciado, para ser un poco más competitivos en una región de profundas asimetrías.Pero sin que la provincia y los municipios b ajen sus impuestos, nada va a cambiar. Los misioneros seguirán haciendo rendir sus magros salarios en Brasil y Paraguay.Si la Justicia cuidara los dineros públicos y Rentas aflojara su presión fiscal, ¡qué distinta sería Misiones!
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