La misteriosa desaparición de tres niñas en esta localidad en febrero pasado disparó una investigación que <a href="http://www.primeraedicion.com.ar/nota/222863/cautivas-en-un-sotano-tres-nenas-eran-sometidas-a-la-servidumbre-sex.html">el viernes, hacia las 20.30, derivó en la detención de un hombre de 56 años y en el rescate de tres menores de edad</a> que estaban reducidas a condiciones denigrantes de existencia.La denuncia de una madre llevó a un oficial de investigaciones de la comisaría de San Ignacio a entrevistarse con el sospechoso en el domicilio de este.Allí, este hombre habría intentado sobornar al detective con 20 mil pesos en efectivo para que desistiera de seguir adelante con la pesquisa, pero el ofrecimiento no prosperó y de hecho, no hizo más que acrecentar las sospechas sobre él.A partir de ahí las averiguaciones se aceleraron, merced a un hombre de la fuerza de seguridad que no se quebró ante la seducción del dinero fácil.Esa actitud, a la postre, posibilitaría el arresto del sospechoso y el hecho de que tres niñas regresaran del infierno.Para destacar también la determinación de Balor, al que no lo amilanó una cuestión de competencia o jurisdicción y privilegió la vida de inocentes sobre toda otra circunstancia.Fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN indicaron que el magistrado, entre otras medidas, requirió las cintas de video al casino de San Ignacio para determinar una línea de investigación que comprometería al hombre arrestado el viernes.Al parecer, este obligaba a las víctimas -las que fueron liberadas el viernes y otras- a ofrecer servicios sexuales en inmediaciones de la casa de juegos. A partir del registro de esas imágenes quizás pueda comenzar a desentrañarse el misterio en torno a esta arista del caso.Si bien en este caso puntual, en el terreno de la Justicia provincial, el detenido puede llegar a enfrentar cargos por “abuso sexual con acceso carnal agravado, privación ilegítima de la libertad o corrupción de menores”; no se descarta que la Justicia Federal inicie también una causa paralela por “trata de personas” y que ambas sean anexadas en el futuro.La investigación seguirá adelante y no se descarta que pueda tener otras derivaciones, incluso con más detenciones.En el caso interviene, además del departamento de Trata de Personas y Personas Desaparecidas, la comisaría de San Ignacio, personal de la Dirección Criminalística y de la división Criminalística de la UR IX; de la Dirección Cybercrimen e Infantería de la UR VI. Piden filmacionesEl allanamiento en el domicilio de San Ignacio fue ordenado por el juez de Instrucción 6 de Posadas, quien además pidió a las autoridades del casino local la remisión de las imágenes de video que registran los movimientos en el exterior de la casa de juegos.El requerimiento no fue por casualidad ni caprichoso. Datos de Inteligencia policial establecieron que el corruptor, de 56 años, obligaba a las víctimas a pararse en inmediaciones del edificio para atraer la atención de algún aprovechador que las llevara a tener relaciones sexuales pagas.En este punto de la investigación, los detectives no descartan que el hombre detenido el viernes, alrededor de las 20.30, haya contado con la colaboración de un cómplice.La investigación se inició en el mes de febrero pasado cuando la madre de al menos dos menores de edad se presentó en la Comisaría de la Mujer, en San Ignacio, y denunció que desconocía el paradero de sus dos hijas.A partir de ese momento se inició la pesquisa, con notable compromiso de la división Trata de Personas y Personas Desaparecidas.El material recabado como consecuencia de ese accionar fue remitido, incluso con filmaciones, a la Justicia Federal que, increíblemente, no tomó intervención ante la probable existencia del delito de Trata de Personas. De ahí que la determinación del juez Balor, de allanar y rescatar a las víctimas, haya sido de un valor enorme.





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