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Yanquis en la Triple Frontera ¿otra vez?

12 junio, 2016

Estados Unidos nunca logró instalar una base militar en la Argentina, aunque sí seguramente lo ha intentado muchas veces. La visita de Barack Obama en marzo pasado volvió a resucitar a los fantasmas. No hay ninguna declaración oficial del Gobierno, ni voces serias que respalden las versiones que han circulado por algunos medios, los cuales claramente no comulgan con el gobierno. Lo que se ha conocido hasta ahora, según esas versiones, es que Washington quiere instalar bases militares en la Triple Frontera (bajo pretexto del combate contra el financiamiento del terrorismo), y en Ushuaia, supuestamente para enmascararla como base logística para tareas científicas. Respecto a la primera, el sitio web diariocontexto.com.ar, entrevistó a Elsa Bruzzone, especialista en temas de geopolítica, estrategia y defensa nacional y miembro del Centro de Militantes para la Democracia Argentina (Cemida) quien remarcó que en la Península Antártica se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos de la región y hay minerales altamente estratégicos indispensables para la industria militar y la aeroespacial.Bruzzone resaltó que, con la excusa de “fines científicos”, esas bases siempre son instaladas en zonas donde hay recursos naturales altamente estratégicos: agua, tierra fértil para producción de alimentos, minerales, hidrocarburos, biodiversidad.Lo que probablemente haya omitido la especialista en su declaración (o tal vez haya sido el redactor de Contexto), es que los EEUU tienen presencia en el continente helado desde 1956 y actualmente poseen cuatro bases científicas permanentes y otros 22 campamentos. En ese “contexto” hay que aclarar que desde hace 60 años los yanquis pisan la Antártida y tienen acceso a sus recursos minerales, agua dulce, etc. Pero también hay que recordar que en 1961 Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Sudáfrica y la Unión Soviética firmaron el Tratado Antártico, con el que acordaron promover la actividad y la colaboración científica y no usar la región con fines bélicos. Por otra parte, en sus 14 artículos, se aclara que cualquier modificación que quiera realizarse deberá ser aprobada de forma unánime por todos los países que firmaron el acuerdo. Bruzzone explicó además que “Washington siempre ha usado distintas excusas para instalar sus bases militares; “ayuda humanitaria y apoyo ante las catástrofes naturales” son algunas de ellas. En ese sentido, si Washington quisiera instalar una base científica en Tierra del Fuego, debería tener en principio el visto bueno del Gobierno de esa provincia, como alguna vez Jorge Capitanich lo hizo en el Chaco. El respecto, en declaraciones a medios fueguinos, la gobernadora Rosanna Bertone (FPV), descartó de plano la posibilidad de que en Tierra del Fuego se instalen bases militares de EEUU o de otros países, y criticó que “se generan rumores que preocupan a la sociedad pero no tienen ningún asidero”.En una nota periodística de La Nación del 4 de junio, el periodista Carlos Pagni calificó la versión de “cuento chino” y aseguró que lo que el Ministerio de Defensa de la Nación está gestionando es una base para tratamiento de residuos antárticos en cooperación con China. Sobre este punto, la Gobernadora señaló que “la soberanía se defiende con planificación, desarrollo y mucho trabajo, no con consignas sin ningún tipo de sustento”.“Desarrollar un Polo Logístico Antártico en Ushuaia es una meta histórica de los fueguinos. Si ante cada oportunidad vamos a inventar una amenaza, vamos a quedar condenados al atraso, mientras países como Chile avanzan con servicios, tecnología y comunicaciones” sostuvo la mandataria.Bertone criticó también que “los que agitan fantasmas sobre invasiones extranjeras, son los mismos que se disfrazan de socialistas para defender privilegios” y que “a los peronistas, siempre nos toca hacer los cambios que otros prometen y nunca cumplen”.Para dar un panorama más amplio al eje de la discusión hay que recordar que Mauricio Macri y Barack Obama firmaron acuerdos de cooperación en diciembre pasado. 1) Acuerdo entre el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y el Departamento de Justicia y Seguridad Nacional de los Estados Unidos sobre Incremento de la Cooperación para Prevenir y Combatir el Crimen Grave. 2) Declaración Conjunta sobre Cooperación en Materia de Seguridad y Facilitación de Desplazamiento entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la República Argentina y el Departamento de Justicia y Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. 3) Acuerdo entre la República Argentina y los Estados Unidos referente al Emplazamiento de Oficiales de Seguridad a Bordo. 4) Acuerdo Marco en Materia de Comercio e Inversión entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de los Estados Unidos.Las críticas a estos acuerdos hicieron foco en la falta de aclaraciones respecto a cuáles iban a ser las implicancias. El Diario Página 12 se encargó de correr el velo. En el detalle de lo que conllevaría algunos de los puntos, explica que oficiales de seguridad argentinos recibirán capacitación de la DEA y otros organismos para la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y crímenes graves en la región de la Triple Frontera. Así también estipulan el ingreso de refugiados de medio oriente, la cooperación técnica para renovar los aviones Hércules C-130 y misiones de paz de militares argentinos en África. También se menciona que el FBI ayudará a montar Centros de Fusión de Inteligencia con su par local. En este punto resultaría inútil este tipo de Centro, ya que es ampliamente sabido que el espionaje que realiza Estados Unidos desde la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, según sus siglas en inglés), ya no necesitan más nodos locales de recepción de datos, con todos los ya existentes y las pinchaduras de los principales cables de fibra óptica, cuya recolección se almacena bajo los procesos de Big Data, según confesó el propio Edward Snowden. Y todo eso sin contar los recursos técnicos de “escucha” que pueda tener la propia sede de la embajada de EEUU en Buenos Aires. Por lo visto, ni siquiera un medio opositor al Gobierno de Macri (que se encargó de traducir desde el sitio web de la Casa Blanca de que se trataban los acuerdos con Estados Unidos), mencionó siquiera las Bases Militares de la que tanto han hablado algunos medios escritos argentinos. Pero esto no quita que siempre esté en los planes de Washington hallar un Gobierno amigo que le permita poner un pie en el terreno. En 2008, el entonces gobernador chaqueño Jorge Capitanich, recibió la visita del embajador de Estados Unidos, Earl Wayne, para dialogar acerca de una colaboración para instalar un centro de ayuda para catástrofes naturales en su provincia. La idea maduró y el acuerdo oficial fue firmado por la sucesora de Wayne en la embajada, Vilma Mar
tínez y “Coqui” Capitanich, en 2012. La estructura se montó en cercanías del aeropuerto de Resistencia. Tenía un gran cartel con el logo de Defensa Civil, colchones, chapas, carretillas etc. en su interior. Hasta ahí se parecía a lo que los papeles afirmaban, pero la sospecha corrió como frío por la espalda cuando se conoció que el financiamiento estaba a cargo del Comando Sur, canalizado a través de la embajada. ¿Por qué los militares de Estados Unidos financiaban un centro de ayuda ante catástrofes cuando existían otros canales y organismos más “normales” para algo así? El Gobernador negó que eso fuera a convertirse en una base militar. Las sospechas acerca de lo que podía llegar a ser ese centro fueron las palabras de Jefferson Brown, responsable de negocios de la embajada ante la televisión local. El funcionario admitió que Chaco iba ser la primera provincia a la que arribaban con esa “ayuda” para luego avanzar en diálogos con el Gobierno nacional para llegar a otros distritos y conectar así a todos esos centros. Pero la indignación popular de los chaqueños y las movilizaciones por la injerencia yanqui en su provincia llegó a La Casa Rosada. Cristina Kirchner ordenó a “Coki” deshacerse del acuerdo. Y así ocurrió. Para intentar llevar tranquilidad a los que temen el arribo de los marines a Argentina, hay que recordar que existe la Ley 25.880, la cual establece la potestad del Congreso de la Nación de permitir el ingreso de tropas extranjeras a nuestro territorio. No alcanza con un título: “Aseguran que Macri autorizará una base militar de Estados Unidos en la Triple Frontera”. Existe un canal institucional previo para que eso ocurra. Y además, el gobierno de nuestra provincia de Misiones también debería permitirlo. Así que mejor no enojemos al Andresito de la costanera. El ingreso de militares extranjeros ya ha sido aprobado en anteriores gobiernos, pero con el único fin de cooperación y ensayos conjuntos con tropas locales y de la región. Hasta hora, lo de la base militar estadounidense en Argentina se asemeja a una operación política. Algo similar a lo que pasó durante el último gobierno de Cristina Kirchner, cuando la mayoría del Frente para la Victoria aprobó la instalación de una base de monitoreo espacial china en Bajada del Agrio, Neuquén. Pero en ese caso las críticas no fueron una simple operación, porque esa instalación está a punto de quedar operativa en la Patagonia. La controlan técnicos chinos y según lo que se firmó en el convenio durante dos horas al día la podrán utilizar los especialistas argentinos. A cambio se afianzaron las relaciones comerciales y entraron fondos frescos al Banco Central bajo el sistema “Swap” de monedas.  ¿Para qué la utilizarán realmente? Sólo Dios y el gobierno chino lo saben. Imaginemos una antena yanqui gigante en la Patagonia. “Macri vende patria”.Colaboración: Licenciado Hernán Centurión

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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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