Al cierre del primer cuatrimestre se registraron 33.130 juicios abiertos, por lo que de mantenerse la tendencia el año cerrará con 122.000 causas, que se sumarán a las 300.000 pendientes de resolución."Desde hace varios años, el sistema viene mejorando en cuanto al servicio que brinda a empresas y a trabajadores, y en materia de prestaciones que se actualizan en forma continua", explicó a Télam, la presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Mara Bettiol.Destacó que "los accidentes y fallecimientos por causas laborales o en situación laboral vienen bajando año por año, y en 20 años cayeron 70%", por lo cual afirmó que "el balance operativo es totalmente positivo en cuanto a los objetivos con cuales fue creado este sistema".Pero "la nota negativa la dan el crecimiento de juicios que ingresan cada año" afirmó para aseverar que "a diferencia de la accidentalidad que baja, los litigios crecen"."Si se verifica la tendencia de los primeros cuatro meses de este año, el incremento de nuevos juicios será de 16% interanual, y se cerrará con 122 mil nuevas causas, que sumadas a las actuales 300 mil, dan cuenta de una alta judicialidad que pone en jaque el sistema", enfatizó.De acuerdo a los últimos datos de la UART, en abril pasado se iniciaron 11.678 demandas, que se adicionan a los 9.747 de febrero (primer mes hábil porque en enero hay feria judicial), y a los 11.705 de marzo, todas ellas contra las ART.Desde enero de 2002, hasta abril 2016, se presentaron casi 600.000 demandas judiciales, con el consecuente aumento de gastos operativos y de cobertura, con incidencia directa en el costo laboral e impacto en la economía y la puesta en peligro de la sustentabilidad del sistema y sus beneficios para trabajadores y empleadores.En este contexto, Bettiol aseguró que "hay buena predisposición del Poder Ejecutivo para resolver esta situación", pero consideró que "es imperioso que la Justicia unifique criterios de interpretación" de los conflictos".Afirmó que "la elevada litigiosidad se presenta a raíz de que hay diferentes cuestiones interpretativas", y sostuvo que "es importante regular la actividad pericial, en cuanto a la forma de su remuneración, y que adopten para establecer los daños la tabla que determinó la ley de 2012".En 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner modificó la Ley del Sistema de Riesgos de Trabajo y, entre otras cosas, estableció un baremo, la Tabla de Evaluación de Incapacidades, que forma parte del cuerpo legal para que se interprete en forma conjunta con todo el resto de las fórmulas que se utilizan para calcular la indemnización.Los honorarios que cobra un perito están determinados por el porcentaje de incapacidad que fija, y aquí es donde aparece la suspicacia que envuelve el aumento de la litigiosidad."La ley estuvo bien, pero quedaron algunas cuestiones susceptibles de diferentes interpretaciones judiciales. Ya sea desde el plano judicial o legislativo es preciso llegar a que no existan diferentes criterios para establecer una prestación", indicó la titular de la UART.A su criterio, "la actual es una situación compleja de administrar", porque subrayó que "las ART estamos preparadas para proteger a empresarios y empleados, pero no para pagar juicios".Destacó que "a lo largo de estos 20 años, se superó la situación que imperaba antes, y ahora se reedita la litigiosidad y nos alejan del foco que deben ser las prestaciones y las coberturas"."Estamos en un laberinto judicial donde hay entrada, pero no salida. El camino al ’accidente cero’ que es la meta que se vienen trabajando, se topa con la hecatombe judicial".Remarcó que "la reforma de la Ley de 2012 fue muy importante, porque quitó la judicialidad que tenían los empleadores en forma directa, por responsabilidad civil, y los juicios a empresas desaparecieron", pero subrayó que "se redireccionaron y aumentaron las denuncias hacia las ART".Fuente: Agencia de Noticias Télam
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