El intendente de San Vicente, Waldomiro Dos Santos, fue denunciado penalmente ante la Justicia Federal por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en el <a href="http://www.primeraedicion.com.ar/nota/221319/se-esfumaron-casi-seis-millones-de-pesos-de-un-plan-habitacional.html">manejo de casi 24 millones de pesos recibidos desde la Nación para la construcción de 124 casas</a> en dos aldeas mbya de su municipio. Según la presentación formal ante el fiscal federal de turno realizada el miércoles en la capital provincia, en vez de las 124 casas previstas, la Comuna construyó 104, es decir, veinte casas menos. A la vez, las que fueron entregadas a los adjudicatarios “se terminaron a medias y muchas no tienen ni siquiera servicios básicos como agua potable y luz eléctrica”, lo que hace sospechar a los denunciantes de una posible malversación de los fondos. La denuncia fue radicada por los diputados Héctor Bárbaro y Martín Sereno (del Partido Agrario y Social) y la concejala de San Vicente del mismo espacio político Clelia Carballo, todos con el patrocinio letrado del abogado y presidente del Pays, Isaac Lenguaza. También acompañó la presentación, aunque no como denunciante sino para avalar el pedido de investigación, el defensor del Pueblo de la misma localidad, Alfredo Halberstadt, quien ya había iniciado actuaciones en la dependencia a raíz de los reclamos de las familias mbya de las aldeas afectadas. Sumado el total de fondos que figuran en los respectivos balances municipales de los años 2013, 2014 y 2015, cuyas copias se acompañaron como prueba, a la Municipalidad de San Vicente llegaron en tiempo y forma los 23.882.400 pesos previstos para la obra. El dinero fue depositado desde la Secretaría de la Vivienda de la Nación al Iprodha, y desde el Iprodha a las cuentas municipales. Pero el jefe comunal se habría excusado por la disminución en la cantidad de casas en una supuesta imposibilidad financiera derivada de la insuficiente provisión de los fondos. En el escrito, los denunciantes también hicieron referencia a la “complicidad” del Iprodha que habría avalado la versión del intendente en la contestación oficial a un pedido de acceso a la información pública que realizaron ambos legisladores hace un mes. Según esa respuesta formal del organismo provincial, integrada por copias de documentos oficiales y resúmenes de cuenta del Banco Macro, a San Vicente habrían llegado sólo 17 millones de los 24 previstos, montos que al final fueron desmentidos por los balances (también oficiales) que reflejan el ingreso de la totalidad de las partidas. “La plata llegó completa y en tiempo. Las casas no se hicieron desde el principio, no hay veinte bases de casas no terminadas, directamente desde que comenzó la obra se optó por hacer menos casas por la misma plata” señaló el diputado Bárbaro, quien recorrió las aldeas y registró el estado actual de las viviendas. “Todas presentan serios defectos de terminación, con baja calidad constructiva, sin revoque, algunas sin instalación sanitaria y otras sin servicio de energía eléctrica”, reiteró.“Cooperativas del intendente” En la denuncia penal que podría derivar en una fuerte investigación al jefe comunal, los legisladores y la concejala hicieron mención a las cooperativas de trabajo “relacionadas al jefe comunal” para el aparente desvío de los fondos. Refirieron que ya en mayo de 2015, el propio cacique de Fracrán recurrió al Tribunal de Cuentas de la provincia para poner al tanto de la sospechosa constitución de las cooperativas en las que aparecen funcionarios municipales, esposas de funcionarios, parientes directos del intendente y empleados.Las cooperativas fueron receptoras de los millonarios montos nacionales destinados al programa, y el supuesto vínculo con el jefe comunal no hace más que profundizar las sospechas de defraudación, señalaron. también refirieron que según lo advertían los caciques al Tribunal de Cuentas, “el presidente de la cooperativa de Trabajo Sol Naciente, Carlos Alberto Ayala era, a la vez, empleado del Banco Macro; mientras que el presidente de la Cooperativa de Trabajo El Progreso, Adelmo Salvi, es empleado de la Comuna y actual cuñado del secretario de Gobierno. El presidente de la Cooperativa de Trabajo Picada Zulma es Julián Dos Santos, pariente directo del jefe comunal, y todas las cooperativas tienen al mismo apoderado”. No se conoce el resultado de la investigación formal encarada por el Tribunal de Cuentas, si es que se inició.Instrucción formal“Existen elementos suficientes para sospechar que en la ejecución del programa se cometieron delitos contra la administración pública, ya que los fondos nacionales llegaron en tiempo y forma y fueron girados a la Municipalidad de San Vicente, pese a lo cual no se ejecutó la obra prevista en los términos acordados. A esta irregularidad se suma la necesaria investigación sobre los vínculos del señor intendente municipal de San Vicente, Waldomiro Dos Santos, con las Cooperativas de Trabajo que tenían a su cargo la ejecución de las obras” resumieron en la denuncia penal que deberá ser evaluada por el fiscal federal para el eventual pedido de instrucción formal, que es el primer acto judicial previsto para disparar este tipo de investigaciones.
Discussion about this post