"Hacete amigo del juez", decía José Hernández en el "Martín Fierro", explicando en palabras gauchas la vieja deformación de la Justicia adicta y corrupta tan típicamente argentina. En Puerto Rico y toda la zona de influencias del Juzgado de Instrucción a cargo del Juez Éctor Acosta, sólo los presos que contrataban al abogado Rubén Oscar Petroff tenían “palenque donde rascarse”, según surge de la denuncia elevada el pasado viernes por cuatro abogados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios. Los denunciantes hicieron un doblete y pidieron el jury también para el juez Ricardo Gerometta, un magistrado que no emitió una sola sentencia en los últimos cinco años al frente del juzgado Civil, Comercial y de Familia de Puerto Iguazú. En este caso, según los letrados, el juez estaría padeciendo una delicada situación de salud, pese a lo cual insiste en mantenerse en el cargo aunque pase la mitad del tiempo de licencia. Los abogados Ernesto Báez, Martín Ayala, Andrea Wasilczyk y Juan Manuel Fouce (los tres últimos miembros de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados) pidieron al Jurado de Enjuiciamiento que inicie el proceso y que destituya a los dos magistrados. También solicitaron que los suspendan de los cargos mientras dure la investigación por las gravísimas acusaciones referidas en los escritos, los que acompañaron con pruebas y con antecedentes de los sumarios de Superintendencia a los que ya fueron sometidos. “No son los únicos jueces cuestionados, pero sí los casos más graves de incumplimiento de los deberes y mal desempeño. Hay denegación de justicia”, dijo Ernesto Báez, quien trabajó los escritos y es miembro del Consejo de la Magistratura.Mucho trabajo tendrán por delante los miembros del cuerpo encargado de medir y juzgar las conductas de magistrados y funcionarios judiciales que, desde la semana pasada, quedó conformado con nuevos integrantes que se desempeñarán hasta 2017. Si no existe protección política hacia los denunciados, muchos dan por hecho que pronto dejarán los cargos. La protección política es un factor determinante: dicen en los corrillos que es el paraguas que mantuvo en el puesto al cuestionado juez penal de Puerto Rico, ya denunciado en 2014 ante el Jurado por irregularidades similares a las que se plantean ahora, pero que en ese momento no merecieron la misma consideración. Acosta y sus inverosímiles modosA Éctor Acosta lo acusan de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo con “absoluta denegación de justicia, violatoria de derechos pilares y fundamentales del andamiaje constitucional”. Detallan casos de “morosidad, falta de dictado de sentencias, falta de resolución de cuestiones procesales importantes, detenciones sin resolución procesal, falta de dictado en tiempo y forma de resoluciones sobre falta de mérito, sobreseimientos, falta de elevación a juicio, presuntos favores o tratamiento desigual a abogados ante situaciones similares y hasta incluso en un mismo expediente”. También, que “existen denuncias de connivencias para otorgar excarcelaciones con gran celeridad en casos asumidos por determinados abogados, y particularmente del doctor Rubén Oscar Petroff”. Excarcelaciones “exprés”En este punto, los abogados denunciantes profundizaron bastante: señalaron que hay claras evidencias de un trato desigual y sin justificación alguna, en pedidos de excarcelación que fueron denegados a abogados presentados en primer término en distintas causas, pero luego, “ante la sola presentación del doctor Rubén Oscar Petroff, y sin que se hayan modificado las circunstancias o situaciones procesales en los expedientes, la excarcelación sí era otorgada de modo inmediato”. Por eso, se cree, los presos terminarían cambiando a sus defensores por Petroff. Paralelamente, el juez llegó a tramitar excarcelaciones solicitadas por Petroff “y otros abogados a individualizar, sin haber tomado declaración indagatoria, constituyendo este tipo de excarcelación ‘exprés’ una severa violación a la normativa procesal vigente”. “Denuncias con sustento”Los denunciantes refirieron que a raíz de las quejas, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso la investigación integral sobre el accionar del magistrado en el sumario 57139/2016 “donde en actuaciones preliminares ya se han comprobado numerosos incumplimientos de los deberes a cargo del magistrado que dan sustento al pedido de jury de enjuiciamiento”. “Afirmamos fundadamente que estamos en presencia de una gravedad institucional que macula no sólo al Poder Judicial de la Provincia, sino a la credibilidad en la Justicia y en la fe pública”, finalizaron. A media máquina El otro pedido de jury presentado el viernes por los abogados es contra el juez Civil, Comercial y de Familia de Puerto Iguazú, Ricardo Gerometta, un magistrado que cosecha quejas desde hace años. En el escrito de denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento- en el que lo acusan de incumplimiento de sus funciones por incapacidad física sobreviniente-, los letrados recordaron que ante la advertencia efectuada por el Colegio de Abogados y por requerimiento del STJ, la Cámara Civil y Comercial de Eldorado realizó inspecciones entre los años 2013 y 2014 y “pudo constatar el incumplimiento de todos los plazos previstos, no en algunos casos, sino prácticamente en todos los expedientes judiciales”. Agregaron que eso conlleva “una gravedad insostenible, puesto que transcurrieron aproximadamente cinco años, sin que el magistrado haya dictado una sola sentencia definitiva en juicio ordinario, algo realmente injustificable por cualquier motivo”. Ya en 2014 los abogados de la ciudad de las Cataratas levantaron la voz por la notable morosidad del juzgado de Gerometta. Públicamente denunciaron que su dependencia tenía nueve mil expedientes atrasados o literalmente “parados” y que sólo “se mueven los que son de abogados amigos”. A modo de ejemplo contaron que un juicio de alimentos dura “cinco años en promedio”.Falta de independencia, el gran mal de la JusticiaEl abogado Ernesto Báez es miembro del Consejo de la Magistratura en representación del Colegio de Abogados y trabajó en las presentaciones ante el Jurado de Enjuiciamiento y la Comisión de Poderes de la Legislatura a pedido del presidente de la institución, y a raíz de su experiencia en otros procesos de jury. Para el letrado, los casos de los jueces Acosta y Gerometta “no son los únicos en los que se puede cuestionar el mal desempeño, aunque sí los más graves”. Según dijo, hay una fuerte falencia en algunos sectores de la Justicia (no en todos, aclaró) que tiene origen en la falta de independencia de importantes actores del Poder Judicial. “No me imagino un árbitro dirigiendo un partido de fútbol con la camiseta de su equipo puesta”, disparó para ejemplificar, en lenguaje coloquial, que “los jueces deben ser independientes del
poder político oficialista y de la oposición, y también de los poderes económicos y demás grupos de presión”. Consideró importante que existan abogados “comprometidos” que se animen a las presentaciones formales contra los magistrados que caen en las causales de destitución. “Existe una gran preocupación ciudadana respecto de la independencia y la imparcialidad de los jueces. Los magistrados deben tener esa cualidad y, a la vez, debe existir un contexto político que posibilite esa independencia sin presiones. Hoy no vemos ese contexto”, señaló. A modo de ejemplo refirió a los futuros nombramientos en el STJ para cubrir las dos vacantes existentes a propuesta del Gobernador: “La doctora Rossana Venchiarutti es muy buena persona, una profesional capaz, tiene gran trayectoria pero se le cuestiona su falta de independencia. El doctor Cristian Benítez es también buena persona, tiene capacidad, tiene condiciones psicofísicas, tiene trayectoria y es cuestionable su independencia porque se lo conoce como militante del oficialismo”, dijo. “Decir más es exagerar y decir menos es callar algo que hay que decir”, finalizó.
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