El envío de fondos públicos desde el Gobierno nacional a las provincias para ejecutar distintos planes a través de “cooperativas de trabajo” habría posibilitado la comisión de numerosas irregularidades en el manejo de los millonarios presupuestos destinados a este tipo de programas. En San Vicente, la operatoria que previó la construcción de casas de mampostería en aldeas aborígenes mediante convenios entre el Gobierno nacional, el Iprodha, la Municipalidad local y las cooperativas, presentó un “hueco” de seis millones de pesos que nadie aclaró dónde fueron a parar y que, como resultado, dejó a una aldea con veinte casas menos o lo que es peor, veinte familias que debieron estar asistidas por el Estado y que quedaron sin respuestas. Los seis millones que faltan integraban un “paquete” de 54.550.000 pesos que la Nación envió a la provincia desde 2013 en adelante en el marco del “Programa Federal de Viviendas y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales” para construir 24 casas en San Pedro; 135 casas en El Alcázar y 124 en San Vicente, localidad donde al final sólo se construyeron 104.En esta última comuna se denunció la existencia de cooperativas de trabajo conformadas por parientes del alcalde Waldomiro Dos Santos, funcionarios de su gabinete y dirigentes de su espacio político que manejaron los 23 millones correspondientes al municipio y que, al mejor estilo “Tupac Amaru”, se conformaron en la misma fecha con el mismo domicilio y el mismo apoderado. Desde la Municipalidad aseguran que no existe irregularidad, que no les llegó toda la plata y que por eso hicieron menos casas. Esa es la información que recibieron oficialmente los concejales opositores que desde hace meses intentan echar luz sobre la operatoria. Por suerte, la edil Clelia Carballo (Pays) no se conformó con el informe del jefe comunal y siguió indagando. Información pública A raíz de esta insistencia a través de un pedido de Acceso a la Información Pública contestado hace pocas horas, el Iprodha se vio obligado a dar a conocer las copias de los documentos oficiales relacionados al programa. En uno de ellos (una addenda o modificación del convenio original entre Provincia, Nación y Municipios, firmada en junio del año pasado) se dejó constancia que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Viviendas de la Nación efectivamente “ha desembolsado un monto total de pesos cincuenta y cuatro millones, quinientos cinco mil ochocientos”, en cuatro desembolsos de 13 millones y medio cada uno, efectuados mediante los correspondientes expedientes de pago oficiales que llevan los números S01-500126/12; S01-141262/13; S01-272834/13 y S01-7245/14. Según esta documentación indubitable, los montos efectivamente llegaron en tiempo y forma a la provincia, por lo que ahora queda por develar en qué instancias del “camino” entre la provincia y el municipio se perdieron. Recién en junio de 2015 el Iprodha justificó ante la Nación el faltante de casas aduciendo supuestos “contratiempos ocurridos en las comunidades aborígenes intervinientes” que supuestamente retrasaron las obras, por lo que al final, en lugar de construir 283 viviendas, se hicieron 260. Sin embargo en los papeles oficiales consta que las obras no tuvieron ese retraso aludido. “Abandono y estafa”Los diputados Héctor “Cacho” Bárbaro y Martín Sereno recorrieron las aldeas supuestamente beneficiadas y verificaron que en las dos comunidades mbya de San Vicente faltan veinte casas, mientras que las que están se terminaron a medias. A través de la Ley de Acceso a la Información Pública, fueron los que promovieron el informe oficial del Iprodha para conocer el destino de los fondos. Pero en la documentación que recibieron no parece estar completa, ya que sólo certifican que la plata llegó, pero que no se invirtió en su totalidad, porque los resúmenes de depósitos no reflejan los montos totales. “Pese a que tenemos la documentación no podemos saber dónde se quedaron los seis millones que faltan entre lo que dice el Iprodha que llegó y lo que dice el municipio que recibió. En los papeles es evidente que faltan rendiciones y que hay una parte que tapa a la otra. Pero hay dos graves situaciones que no se pueden ocultar: por un lado hay denuncias que no avanzaron contra el intendente Valdir Dos Santos por la irregularidad de las cooperativas de trabajo con las que tiene vínculo, y por el otro, faltan veinte casas y las que están se hicieron a medias” dijo Bárbaro. Las fotos del relevamiento muestran un precario estado de las casas pese a que cada una costó, según la documentación, 192 mil pesos. “En la comunidad de Guiray donde deberían estar construidas 42 viviendas sólo se construyeron 22 y algunas a medio terminar. No soy experto pero no parece que las precarias construcciones tengan ese valor. Desde octubre estaban algunas a medio hacer y después de nuestra primera denuncia pública, a fines de febrero fueron a terminar algunas”, explicó el legislador. Junto a Clelia Carballo, el legislador también relevó las obras en la comunidad de Fracrán, colonia ubicada a cuarenta kilómetros de San Vicente, donde además de existir menos casas que las previstas, sólo ocho tienen suministro de agua. Carballo mostró que según el convenio entre la Nación y el Municipio, “las viviendas debían haber sido entregadas con energía eléctrica y agua potable” pero las familias esperan por el agua desde hace más de un año, por lo que se ven obligadas a recurrir a un bañado para abastecerse del líquido vital.Denunciados hace tiempoPRIMERA EDICIÓN obtuvo documentación que acredita que ya en mayo de 2015, y antes de que se modifique el convenio original entre Nación y Provincia justificando la construcción de menos casas, las propias autoridades de las aldeas de San Vicente denunciaron formalmente ante el Tribunal de Cuentas al intendente Waldomiro Dos Santos y a las cooperativas cuyos integrantes tenían directa relación con el jefe comunal, según ellos. En la denuncia, que tiene sello de ingreso en el Tribunal con fecha 19 de mayo y cuya copia también se elevó a la Afip, los caciques explicaron que “en muchas de las erogaciones que figuran en los libros contables de la Municipalidad se detallan contratos con proveedores y asociaciones cooperativas vinculadas al Ejecutivo municipal”. Como ejemplo citaron a la Cooperativa “Quebracho de San Vicente” que tenía a su cargo la construcción de las 124 viviendas en la aldea Guaraní “Paí Antonio Martínez” en el marco del Programa Federal de Viviendas, y cuyo referente era, a la vez, integrante del gabinete de “Valdir” Dos Santos, según las actas constitutivas. También la esposa del entonces secretario de Gobierno pertenecía a la misma cooperativa, una de las que más millones de pesos recibió. Lo miso pasó con las cooperativas Sol Naciente (que presidía un empleado bancario) y El Progreso, que también tenía un pre
sidente que a la vez era empleado municipal y pariente directo del secretario de Gobierno. La cooperativa de trabajo “Picada Zulma”, según la misma presentación, tenía como presidente al hermano del intendente. Todas las organizaciones tenían un mismo apoderado y una misma dirección de funcionamiento. ¿Malversación?Los caciques le advirtieron a la dependencia sobre la supuesta malversación de los fondos y fraude a la administración pública y le pidieron a la entonces titular del ente de control, Silvia Comparín, que abriera la investigación formal. El 5 de junio de 2015 también se presentó el exintendente de San Vicente Luis Aníbal Benítez solicitando la ampliación de la investigación, para lo cual acompañó copia de los libros municipales en los que constaba el pago a las cooperativas y proveedores “que en muchos casos no están inscriptos ante los organismos de recaudación nacionales y provinciales y que tienen vínculo familiar directo con el actual intendente municipal”, insistió Benítez. No se conoce ninguna investigación iniciada en el Tribunal de Cuentas, pese a la solicitud formal. Pero un mes después de las serias denuncias tramitadas ante el organismo de control, la Provincia buscó la manera de justificar el faltante del programa modificando el convenio original con la Nación. La modificación se hizo el 23 de junio de 2015. Treinta días más adelante, el 20 de agosto de 2015, un representante técnico del municipio y el propio intendente Waldomiro Dos Santos firmaron el acta de “finalización de obra” por 82 casas en la comunidad Paí Antonio Martínez y 22 en la comunidad Guiray. El círculo quedó entonces completamente “cerrado” en los papeles aunque sin explicar el faltante de seis millones de pesos. Por eso, los legisladores que apuntalaron la investigación adelantaron que “no hay manera” de que los responsables eviten la denuncia penal que se les avecina.
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