Al proyecto original, le realizaron cambios, mostrando una nueva modalidad de trabajo en el Congreso, a diferencia de hace pocos meses, donde no se podía discutir una coma del texto.Para los argentinos, especialmente para quienes ejercen el periodismo, se trata de una herramienta fundamental que obliga a los funcionarios públicos a transparentar su gestión. Especialmente, los números que esconden fundamentalmente si hay corrupción.En Misiones, desde junio de 2012, está en plena vigencia esta Ley que busca su alcance hacia la administración nacional. En el artículo 1 de la norma, se establece que “El acceso a la información pública es el derecho de participación ciudadana por el cual toda persona física o jurídica, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, solicita y recibe información completa, adecuada, oportuna y veraz de cualquier órgano”.Gracias a esta herramienta, se ha podido acceder -por ejemplo- a los ostentosos gastos del Iplyc en el Música por Todos requerido por legisladores de la oposición. En el caso puntual de PRIMERA EDICIÓN, se acaba de insistir en la necesidad de conocer el listado de los ñoquis encontrados en la nueva gestión de la Entidad Binacional Yacyretá, nómina que aún permanece guardada bajo siete llaves, sin conocerse las razones de su no publicidad por parte de las autoridades de Yacyretá.Ahora, falta mucha práctica al ejercicio ciudadano de solicitar saber cualquier dato que haga a la administración provincial, municipal o ahora a la nacional también que nos ayude a controlar las gestiones democráticas de quienes resultan los elegidos por el voto popular.
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