"Manoseados": así se sienten los integrantes en Misiones del Programa de Salud Mental dependiente de la Nación, que hasta hace poco trabajaban codo a codo con las problemáticas barriales, atendiendo adicciones, conductas de violencia, estrés, conflictos vecinales, en los núcleos familiares y que desde febrero pasado están sometidos a situaciones irregulares, desde el cese de sus funciones hasta la continuidad del trabajo, siempre sin comunicación oficial.“Los integrantes del Programa de Salud Mental informan que desde el 29 de febrero, día en el cual hemos quedado cesantes en nuestras funciones dentro del programa, estamos siendo manoseados por las autoridades nacionales, ya que a la fecha no hubo respuesta concreta y efectiva a nuestros reclamos”, explicaron en un comunicado.Es que, a partir de marzo, según lo anunciado, comenzaba a regir una prórroga por tres meses (marzo, abril y mayo) para 61 integrantes, después de que el Ministerio de Salud de Misiones presentara a la cartera nacional un plan de reincorporación del programa y ésta se comprometa a asumir el costo del 80% del personal que se desempeñaba en terreno, mientras responsabilizó a la provincia de los trabajadores que se estuvieran desempeñando en los hospitales. Así fue como nueve miembros de los equipos comunitarios quedaron cesantes.Sin embargo, hasta ahora, quienes supuestamente continuarían siendo parte de la actividad todavía permanecían “sin contrato, sin seguro laboral y, sobre todo, sin percibir los honorarios correspondiente a marzo y abril, habiendo emitido los comprobantes correspondiente a esos meses”, una situación sumamente grave, puesto que deberán tributar los impuestos correspondientes por la documentación presentada, destacaron.“Hasta el momento, ni la Nación ni la provincia se hacen cargo de la situación por la que estamos atravesando. Por tal motivo informamos a la población de Misiones que por el momento no se cuenta con los servicios de los 22 equipos comunitarios y de los 3 hospitales generales”, agregaron en el comunicado los trabajadores. Psicólogos, antropólogos sociales, promotores de salud, trabajadores sociales son algunos de los profesionales que conforman estos equipos que abordaban diferentes situaciones, incluso graves, como hechos de abuso sexual, violencia de género, intentos de suicidio y adicciones. Y entienden que lo peor de esta situación es que se pierden “los grandes logros alcanzados en el marco de la ley Nacional de Salud Mental 26.657”, que determina, por ejemplo, que “el proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de la atención primaria de la salud. Se orientará al reforzamiento, restitución o promoción de los lazos sociales”.
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