Si nada se interpone en su camino, la abogada María José Ramírez, una joven profesional de Puerto Iguazú, será jueza de Primera Instancia con competencia en Familia y Violencia Familiar de la Tercera Circunscripción Judicial en el transcurso de este año. Pero es muy probable que los pliegos que elevó el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados el pasado 9 de diciembre para el acuerdo parlamentario correspondiente, sean impugnados en las próximas horas por integrantes del Colegio de Abogados de Misiones, que desde hace cuatro días vienen realizando fuertes investigaciones en torno a los antecedentes de la colega. ¿La causa? Los profesionales consultados aducen un fuerte cuestionamiento ético (por ahora) hacia quien asumiría en forma inminente como jueza de Familia, basado en su supuesta vinculación con una causa penal que involucra a una menor y al bebé que parió la madre-niña en noviembre pasado. El esposo de la abogada estaría imputado en una investigación penal, acusado del delito de “tráfico de bebés” o supresión y suposición de la identidad, según la figura prevista en el artículo 139 del Código Penal. El hombre fue denunciado por la madre de una chiquita de catorce años que lo acusa de haber intentado una estratagema para “comprar” a su nieto recién nacido. Todo a través de una supuesta red organizada para lucrar con este tipo de delitos, con intermediarios y pagos en dinero de por medio. La investigación penal se cierne sobre la conducta del imputado pero rozaría a su entorno íntimo, ya que según los denunciantes, habría estado al tanto de la maniobra para “anotar” a un bebé como hijo biológico del hombre con el supuesto fin de evitar el engorroso trámite legal de adopción. Fuentes judiciales señalaron que los hechos denunciados por la madre de las víctimas (la menor y su pequeña criatura) y la conducta investigada son “gravísimos”. La historia de TatiLa localidad correntina de Itá Ibaté, ubicada a media distancia entre Posadas y la capital de la provincia de Corrientes, no es sólo arena, pesca, barrancas mojadas por el generoso Paraná y lindas casas de fin de semana. Por aquello del “pueblo chico”, sus casi cuatro mil habitantes “se conocen todos” y cada novedad que ocurra en las inmediaciones se socializa de inmediato, en especial las relacionadas a las particularidades del tráfico fronterizo.Por eso se comprende el recuerdo nítido del caso entre los policías locales. Todo saltó a la luz en noviembre del año pasado, cuando la chiquita de 14 años apodada “Tati” intentó cruzar nuevamente a su humilde casa en Paraguay llevando en brazos a su bebé de pocos días, en un intento desesperado por dejar atrás una historia oscura. Pero las autoridades de Migraciones la frenaron advirtiéndole que no podía volver a Paraguay sin la autorización notarial del “padre biológico” de la criatura, un tal Jonathan Calvo, domiciliado en Iguazú. La aparente traba administrativa desató el tortuoso expediente judicial trabado inicialmente en la Justicia penal correntina que al final se declaró incompetente por jurisdicción, y envió la causa a Misiones, porque es en nuestra provincia donde viven los denunciados, incluida la supuesta “intermediaria”.La familia de la menor denunció que Calvo “compró” al bebé de Tati y que pensaba llevárselo con él. También denunció que Tati viajó desde Paraguay a la casa de una tía en el barrio 30 viviendas de Itá Ibaté para esperar allí el momento del parto y entregar a la criatura, pero que una vez producido el nacimiento, se arrepintió. La familia habría decidido hacer la denuncia tras supuestas “presiones” para que la flamante madre-niña cumpliera con el pacto. “La hipótesis es que el hombre pudo haber reconocido la paternidad del bebé con la intención de llevarlo a Iguazú para criarlo en el seno de su familia, y más adelante avanzar en la “adopción de integración”, es decir, aquella por la cual ahora resulta posible adoptar al hijo del cónyuge o del conviviente según el nuevo Código Civil”, señalaron fuentes cercanas a la investigación, que creen estar ante una nueva modalidad del “tráfico de bebés” que se aprovecha de una prerrogativa de la nueva legislación.Al menos es lo que surge de la denuncia que primero se investigó en el Juzgado de Instrucción 4 de Corrientes, el que remitió el expediente al Juzgado de Instrucción Nº 2 de Posadas con la carátula “A.P Victoriana s/ denuncia supresión y suposición de la identidad”. La causa ingresó formalmente al sistema judicial misionero con el número 2827/15. Por ahora, la Justicia misionera habría intentado resolver planteos y recursos de las defensas que estarían oponiéndose a la constitución como querellante particular de un abogado local en representación de las víctimas, no sólo para controlar el avance del expediente sino también para resguardar acabadamente los derechos de quienes ya no se encuentran en el país. “Estamos ante una cuestión grave si se confirma el pago de dinero por parte de la supuesta familia adoptante a través de intermediarios. La criatura está anotada como hija del denunciado y la familia de la menor asegura que en realidad no es el padre, lo que tendrá que probarse por pruebas científicas. La otra alternativa que tendría el hombre para explicar ese vínculo, es admitir una relación sexual previa con la niña-madre, pero por ahora no se avanzó en esta posibilidad que además implicaría la comisión de otro delito, el de abuso, sumado al hecho de que la madre-niña no tenía domicilio en Itá Ibaté sino en una localidad paraguaya, y que cruzó tiempo antes de parir a la criatura”, refirieron las fuentes en relación a la particular y complicada situación del denunciado. En carreraDel 27 al 29 de junio se realizarán en la Legislatura Provincial las audiencias públicas para analizar los pliegos de una decena de candidatos a jueces y fiscales propuestos por el Poder Ejecutivo Provincial, algunos casos por el exgobernador Maurice Closs, antes de dejar el cargo, y otros por el actual, Hugo Passalacqua.Las audiencias son realizadas para que cualquier ciudadano, profesional o dirigente político pueda opinar acerca de las personas que se proponen para ocupar tan altos cargos en la Justicia, y su opinión puede ser a favor o en contra, siempre fundando los motivos. Estas opiniones deben ser tenidas en cuenta por los diputados en la sesión, al momento de votar la propuesta.PRIMERA EDICIÓN confirmó con integrantes del Colegio de Abogados que Ramírez ya había sido denunciada ante el Tribunal de Disciplina por un caso que nada tiene que ver con el contexto actual, pero no fue sancionada, por lo tanto no tiene antecedentes.Desde la Comisión Directiva del Colegio confirmaron que
“numerosos colegas han aportado información sobre la supuesta denuncia contra Ramírez por el caso actual y ahora se investigará para determinar la veracidad y la responsabilidad. En el caso de hallarse situaciones irregulares, el Colegio decidirá la impugnación”.Electa por ClossEl Consejo de la Magistratura llamó a concurso para postulantes al cargo de juez de Familia de Puerto Iguazú a fines de 2014, y el proceso de selección se realizó durante el año pasado. Según los resultados del concurso número 106/14 se elevó al Poder Ejecutivo la terna con los tres nombres seleccionados: Casco Ramón?Alejandro, Ramírez María José y Rossberg Valeria. El entonces gobernador Maurice Closs eligió a María José Ramírez como su candidata y envió sus pliegos a la Legislatura para el acuerdo legislativo correspondiente. Según los registros de la Cámara de Diputados, la comunicación oficial del envío de los pliegos ingresó el 9 de diciembre de 2015 a la Comisión de Poderes, Peticiones, Reglamento y Acuerdos, es decir, un día antes de que Closs culmine su mandato.
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