Luego de que el Senado brasileño decidiera aprobar el juicio político contra Dilma Rousseff, con 55 votos a favor y 22 en contra, las reacciones internacionales no se hicieron esperar. Desde gobiernos de la región a organismos internacionales, la mayoría se mostró temeroso frente a la inestabilidad política que podría generarse frente a la destitución de Rousseff. Uno de los primeros en pronunciarse fue el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien llamó a la "calma y al diálogo". Ban dijo que confía en que las autoridades brasileñas "honrarán los procesos democráticos" y cumplirán "con el Estado de derecho y la Constitución". El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, aseveró que "continuará dialogando con las autoridades constituidas a fin de seguir avanzando con el proceso de integración bilateral y regional". El presidente de Bolivia, Evo Morales, dirigió a través de Twitter un mensaje de solidaridad a Rousseff, señalando que "sentimos la misma indignación que usted y su pueblo frente al golpe congresal y judicial". El Gobierno del venezolano Nicolás Maduro, cercano aliado de Rousseff, rechazó lo que calificó "un golpe de Estado parlamentario" en Brasil y convocó a sus seguidores a manifestarse la tarde de este jueves en apoyo a la presidenta. Asimismo, Cuba achacó la crisis a una "contraofensiva reaccionaria del imperialismo contra los gobiernos revolucionarios y progresistas de América Latina y el Caribe, que amenaza la paz y la estabilidad de las naciones" y es un "paso fundamental" para los "objetivos golpistas". Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca aseguró que el gobierno de Obama cree en la robustez de las instituciones brasileñas para superar la crisis y que continuará "al lado" de Brasil pese a los tiempos "complejos". También, el Gobierno colombiano aseguró que "ha seguido de cerca" los acontecimientos debido a "la relevancia política y económica de Brasil", por lo que espera que se preserve "la estabilidad" por su "influencia y liderazgo". Ceñido a la diplomacia, el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, sostuvo que su Gobierno respeta "las decisiones institucionales" de su vecino y prefiere "no interferir en cuestiones internas de otros Estados como no queremos y no quisimos que se metieran en un momento dado acá". La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se mostró preocupada por la posibilidad de que las "circunstancias de inestabilidad" puedan "trasladarse de manera peligrosa a la región". La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, señaló que el juicio contra Rousseff es una decisión "dolorosa, compleja y difícil de comprender". Ahora, Dilma Rousseff deberá enfrentar un juicio político que la dejará fuera del poder por 180 días mientras es investigada. En tanto, durante ese periodo de tiempo, asumirá el poder de forma interina Michel Temer, su vicepresidente.Fuente: Medios Digitales
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