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Prepaga deberá pagar la cuota del colegio de una nena con síndrome de Down

26 abril, 2016

La Justicia federal de la provincia de Mendoza ordenó a una empresa de medicina prepaga que pague la cuota del colegio de una nena con síndrome de Down.   En un fallo inédito, la Cámara Nacional de Apelaciones de Mendoza, resolvió que Osde deberá pagar la cuota del colegio a una niña de siete años, ya que entendió que "es parte de la obligación de atención integral que deben prestar las obras sociales a las personas con alguna discapacidad".Cuando la pequeña mendocina cumplió dos años, sus padres decidieron enviarla al colegio privado San Jorge, ubicado en la localidad de Chacras de Coria.Lo eligieron no sólo porque el establecimiento queda próximo a su casa, sino también porque consideraron que la currícula cumplía con las condiciones necesarias para estimular su crecimiento e integración, explicó María Laura, la madre de la niña al diario Uno.La familia prefirió mantener los datos personales en reserva para no exponer la identidad de la pequeña ante la comunidad escolar, y fue por eso que el caso se dio a conocer por el estudio jurídico que patrocinó la demanda.En diciembre del año pasado, la familia, a través del estudio de abogados Caloiro y González Landa, solicitó a la prepaga Osde que se hiciera cargo de la cuota de la escuela, teniendo en cuenta que la legislación (Ley 24.901) exige a las obras sociales la cobertura total de las prestaciones básicas que necesitan las personas con discapacidad, entre las que se encuentra la educación.Pero la prestadora se negó a abonar los 5.000 pesos de la cuota mensual, por la escolaridad simple de la pequeña y el caso se judicializó.El abogado Jorge Caloiro explicó que la familia tenía conocimiento que otros niños con síndrome de Down integrados en el colegio sí tenían el beneficio de Osde y por esta razón buscaban conseguirlo."Al parecer los otros padres lo habían conseguido por una gestión particular que habrían realizado, pero lo cierto es que a ellos les denegaron el pedido", indicó el letrado.Los padres de la nena no querían cambiarla de colegio porque ya llevaba cinco años allí; además, los especialistas médicos y psicopedagogos determinaron que no era bueno que la pequeña cambiara de ambiente, ni de compañeros y profesores."Lo primero que hicimos fue presentar un amparo que fue rechazado en primera instancia por la jueza Olga Pura Arrabal, en diciembre del año pasado. Nosotros apelamos y la Cámara Federal, revocó la sentencia haciendo lugar a nuestro reclamo. Nuestra satisfacción no es ir en contra de una empresa prepaga, sino a favor de la inclusión", aseguró Caloiro.Los integrantes del tribunal entendieron que debe "hacerse prevalecer la contención socioafectiva existente a fin de no desnaturalizar el régimen protectorio de las personas con discapacidad en una prestación tan esencial como la educación general básica".En sus fundamentos, los letrados Caloiro y Marcos González Landa, especializados en derechos de la salud, subrayaron que la pequeña concurre al establecimiento desde los dos años y que se encuentra integrada tanto en lo social como en lo espacial, pues no sólo se relaciona con sus pares y personal del colegio sino que también se ubica correctamente en el edificio de la escuela.Los jueces Roberto Naciff, Hugo Echegaray y Raúl Fourcade priorizaron los vínculos afectivos que durante cinco años la niña construyó con sus compañeros y docentes, y también preservaron la estabilidad emocional que esas relaciones le generaron a la pequeña."Nunca pensamos que íbamos a llegar a la instancia judicial. No fue fácil. Pero afortunadamente se interpretó correctamente toda la legislación. Nos sentimos aliviados de saber que la ley es igual para todos y que la Justicia hace respetar los derechos de los niños con discapacidad. Estos fallos contribuyen a mejorar la integración social de los chicos con síndrome de Down", explicó la madre de la pequeña.Fuente: Noticias Argentinas

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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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