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Confirman procesamiento de Aníbal Fernández por el Plan Qunita

26 abril, 2016

La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento sin prisión preventiva al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández por pago de sobreprecios y otras irregularidades en el "Plan Qunita", ideado en el kirchnerismo para la provisión de kits de recién nacidos a madres de escasos recursos.La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones que confirmó los procesamientos "fraude en perjuicio de la administración pública" para Fernández, el ex ministro de Salud Daniel Gollan y el ex viceministro de Salud que manejó la licitación Nicolás Kreplak, entre otros, según el fallo al que accedió Télam.Fernández quedó procesado porque junto a Gollan fueron los firmantes de la adjudicación de la licitación para proveer los kits con productos a madres de recién nacidos beneficiarias de planes sociales, que según la Cámara fue direccionada, con pago de sobreprecios y entregada a empresas sin experiencia en el rubro.El trámite de la licitación estuvo "plagado de irregularidades", advirtieron los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Cattani y Eduardo Farah, al confirmar los procesamientos dictados por el juez federal Claudio Bonadio.Y destacaron que el plan Qunita fue derogado por el actual gobierno a través de la resolución 454 del Ministerio de Salud ante informes sobre la "peligrosidad de algunos elementos" del kit para los recién nacidos.Las irregularidades significaron "un perjuicio económico considerable a las arcas del Estado en tanto permitieron la afectación abusiva de una partida presupuestaria por un monto de $ 1.097.259.250 (para 140.000 kits) cuando la prevista originalmente para la operación era de $ 675.000.000 (para 150.000 kits)", según la resolución.La Cámara confirmó embargos hasta cubrir la suma de 440 millones de pesos para Fernández y otros procesados por los delitos de "fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".En cuanto al ex ministro de Salud, Juan Manzur, la Cámara revocó el procesamiento dictado por el juez federal Claudio Bonadio y lo dejó con falta de mérito por falta de pruebas, decisión que benefició además a miembros de la dirección de Asuntos Jurídicos de ese organismo.A los procesados se les imputan las irregularidades en el proceso de licitación del plan, por lo cual se confirmó además el procesamiento a los empresarios de las seis firmas que la ganaron."Tampoco es un dato menor que las empresas adjudicadas no registraban antecedentes vinculados con los productos licitados, sino que, por el contrario, tenían objetos sociales relacionados a los rubros de la construcción, gráfico, informático o inmobiliario, entre otros; y presentaban un volumen comercial muy por debajo de los montos de la licitación", advirtió la Cámara. La causa se inició por una denuncia de la diputada Graciela Ocaña en junio de 2015 referida a la licitación para la compra de 150 mil kits de recién nacidos por mil cien millones de pesos.La licitación fue ganada por empresas que nunca se habían dedicado al tema, cuatro de ellas con domicilio en La Plata y recién constituidas.En el fallo se aludió "como dato primordial" al apartamiento sin fundamentos por parte de los funcionarios públicos que intervinieron en la licitación "del precio testigo inicial" fijado en 4096,33 pesos por kit, un accionar "que irrogó al Estado una desventaja patrimonial por demás considerable".Los funcionarios aceptaron ofertas de un valor promedio de 7800 pesos el kit, es decir, tres mil pesos más que el informado por la Sindicatura General de la Nación en un informe de cotización.Los responsables no justificaron "las razones por las que se continúo con el trámite de una compra en base a ofertas que superaban en exceso el valor inicial estimado en el pliego y de aquél brindado por la sindicatura en su primer informe como precio de referencia", advirtieron los camaristas.También remarcaron que a raíz del secuestro de facturas en firmas proveedoras en allanamientos ordenados por Bonadio "se observa la existencia de sobreprecios" y que "al menos ocho de los elementos del kit duplican y hasta cuadriplican su valor de compra".La Cámara entendió además que las seis firmas adjudicatarias de la licitación "coordinaron su accionar" y por ello hubo similitud en los precios de sus ofertas, que a lo sumo se diferenciaron en 120 pesos cada kit.Las empresas cuyos responsables terminaron procesados son "Fasano", "Fibromad", "Delta Obras y Proyectos", "Dromotech", "Grupo Diela" y "Compañía Comercial Narciso".También se detectó la existencia de proveedores en común entre las empresas, como una a la que las seis empresas fueron el mismo día para comprar elementos del kit.Además se verificó que todas compraron elementos para el kit antes de que se las proclamara ganadoras de la licitación.También se confirmaron los procesamientos de los ex funcionarios de Salud Ana Viana, Fanny Lamas, Juan Carlos Piccolini y de tres integrantes de la dirección general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Alicia Atensio, Claudia Esteban y Carlos Tejada.En cuanto a Manzur, se le dictó falta de mérito por entender que actuó en la primera etapa de la licitación, cuando "aún no se advertía el direccionamiento a favor de las firmas" que la ganaron.Fuente: Télam

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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
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Mecánicos de distintas especialidades señalan que la situación económica obliga a priorizar reparaciones, mientras crecen las revisiones previas al verano y persisten daños antiguos, como los provocados por la gran granizada.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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