Encubrimiento o cuanto menos, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esas son las sospechas que pesan sobre los policías que intervinieron en la investigación por el terrible homicidio de Juan Rodríguez De Almeida; cuyo caso fue caratulado en un principio como “muerte dudosa”.El cuerpo de este hombre, de 84 años, apareció calcinado en el interior de su vivienda, que ardió en llamas el jueves 10 de diciembre del año pasado, a eso de las 20.30.Para la Policía local se trató de una muerte dudosa; pero el informe de los expertos del Cuerpo de Bomberos torció el rumbo de la investigación hacia la teoría de un hecho intencional.Los especialistas llegaron a la conclusión de que el principio ígneo se produjo de afuera y hacia adentro, en una maniobra claramente intencional.En paralelo, familiares y vecinos comenzaron a hacer llegar sus quejas al Juzgado de Instrucción 2 de Eldorado, a cargo de la magistrada Nuria Allou, porque en la comisaría de Irigoyen se resistían a tomar declaración a los testigos.Uno de ellos, por ejemplo, aseguró que vio a un hombre llegar a caballo a la casa de Rodríguez De Almeida y luego, a los dos tomando mate. El jinete, con posterioridad, sería detenido y acusado de haber matado al octogenario.La indiferencia o incumplimiento de los deberes a su cargo del responsable de la comisaría de Irigoyen llegó a un extremo tal, que la jueza Nuria Allou habría solicitado la colaboración de Gendarmería Nacional para notificar a los testigos de las citaciones a testimoniales.El jinete, de 26 años, identificado como Julián V; fue apresado en las primeras horas de la investigación y luego liberado. Los investigadores se arrepentirían luego cuando en la vivienda de un hermano de Julián, llamado Joao, encontraron objetos que pertenecían a Rodríguez de Almeida. Entre ellos una motosierra que tenía una particularidad: un pedazo de tela rojo atado en la parte superior.Joao acabó preso y podría ser acusado de encubrimiento en los próximos días.Los hermanos no habrían sido los únicos que intervinieron en el hecho. Un pariente, de 32 años, llamado Juan, también fue detenido. En los próximos días sería acusado de coautor de homicidio.Para cuando los policías fueron por Julián, este había desaparecido de los lugares que solía frecuentar. Curiosamente, para los investigadores de Irigoyen había atravesado la frontera y escapado hacia Brasil.Sin embargo, de acuerdo con fuentes judiciales, otra vez los familiares de la víctima aportaron un dato clave para dar con el prófugo: no estaba en el Estado de Río Grande do Sul, sino en la localidad entrerriana de Chajarí.La jueza Allou entonces remitió un exhorto a su colega de esa jurisdicción y dos días después, se informó de la detención del sospechoso.La causa tiene ahora tres detenidos y a parte de la Policía de Irigoyen bajo sospechas de encubrimiento o incumplimiento de los deberes de funcionario público. Acusación gravísimaSi bien el cuerpo calcinado de Juan Rodríguez De Almeida impidió la realización de una autopsia y por ende, conocer con exactitud las causas de su muerte, el informe de un incendio intencional y el hecho de que las cosas de la víctima aparecieran en la vivienda de uno de los detenidos inclinaron la balanza hacia la teoría de un crimen atroz.En un principio, los tres sospechosos podrían afrontar cargos por “Robo y homicidio agravado, criminis causae”.Para la Justicia, los autores mataron al anciano de 84 años para robarle y con posterioridad, quemaron la vivienda con el cuerpo en su interior para borrar todo tipo de huellas. La intención era hacer creer que De Almeida pereció atrapado entre las llamas de un incendio ocasional.El crimen ocurrió el jueves 10 de diciembre del año pasado, en una propiedad ubicada en el barrio Bajo Cerro.La oportuna intervención de allegados del fallecido y testigos circunstanciales posibilitó, a la postre, determinar qué sucedió realmente.Para ello debieron recurrir a los servicios de un abogado y trasladarse hasta el Juzgado de Instrucción 2 de Eldorado, a cargo de la jueza Nuria Allou, quien en los próximos días pedirá a la Jefatura de Policía el inicio de una investigación interna para determinar si parte de los uniformados incurrieron en alguna irregularidad.Extraoficialmente trascendió la versión de que el oficial de la comisaría de Irigoyen había sido apartado de sus funciones y trasladado de jurisdicción, aunque la Policía no confirmó esa información.
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