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Con la quita del Iva a la canasta alimentaria, sólo uno de cada 15 pobres o indigentes dejaría de serlo

14 abril, 2016

La reducción del IVA sobre los productos de la canasta familiar (que delimita el umbral de indigencia), propuesta por el presidente Mauricio Macri para beneficiarios de programas sociales, becas de empleo y jubilados "favorecería a 481 mil personas y aparece como una iniciativa promisoria pero insuficiente", explicaron los economistas de la Fundación Mediterránea Gerardo García Oro y Luis Laguinge, quienes reconocen que "la herencia recibida por el nuevo Gobierno nacional en términos sociales resulta sumamente preocupante"."La aplicación de esta medida podría lograr que unas 481 mil personas salgan de la pobreza, y otras 355 mil abandonen la condición de indigencia, pero persistan por debajo de la línea de la pobreza", que hasta el segundo semestre de 2015 alcanzaba a 12,2 millones de personas, explicaron los economistas."No obstante, la reducción de la pobreza y la indigencia sería de 1,1 y 1,4 puntos porcentuales respectivamente, con relación a los niveles de pobreza e indigencia observados en 2015, que ascendían al 28% y 5,9%", expresan los expertos en el informe."Si bien esta medida favorecería fundamentalmente a reducir la pobreza infantil y entre jóvenes, los resultados de esta estrategia resultan insuficientes para contrarrestar la magnitud y profundidad de la pobreza", estiman los analistas.García Oro y Laguinge estiman que "la medida tendría un costo fiscal equivalente a un 5% de la actual recaudación de IVA y cercano al 50% de los recursos que durante 2016 se destinarán al programa Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazo; un nivel significativo que no debe ser excluido del análisis de costo-efectividad de la medida"."La lucha contra la pobreza requiere emprender políticas integradas que ataquen las múltiples aristas de la problemática, focalizada sobre la situación específica de cada segmento social, sumado a políticas generadoras de entornos laborales formales, inclusivos y promisorios", sostuvieron los especialistas."Hasta el segundo semestre de 2015 (última información disponible) la pobreza y la indigencia, medidas en términos monetarios alcanzaban al 28% (12,2 millones de personas) y al 5,9% (2,4 millones de personas) de la población respectivamente", precisa el informe de la Fundación Mediterránea.La situación social recibida por el nuevo gobierno "se habría visto agravada en los últimos meses debido a la aceleración del proceso inflacionario ocasionada por los necesarios ajustes de precios relativos realizados en diferentes sectores de la economía".En este contexto, "la actual administración parece decidida a emprender una serie de medidas con el objetivo de amortiguar el deterioro de los ingresos de los sectores más vulnerables de la población".Los analistas recuerdan que esta iniciativa fue anunciada por el presidente Mauricio Macri en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación: el envío de un proyecto de ley cuyo contenido consiste en la devolución de parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido en los productos de la Canasta Básica Alimentaria medida por el INDEC a los jubilados y pensionados y beneficiarios de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo.Con el objetivo de estimar el impacto social y fiscal que esta política traería aparejado, los economistas de la Fundación Mediterránea realizaron una simulación de la misma con las restricciones propias de la información disponible.En esta simulación se consideró como escenario inicial al compuesto por las tasas de pobreza e indigencia estimadas en base a los últimos datos ofrecidos por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC correspondientes al segundo semestre del 2015.Debido a que aún no se conocen los detalles del proyecto, en la simulación se estableció como supuesto una rebaja de 15 puntos porcentuales para aquellos productos afectados por una alícuota del 21% y una total para los bienes alcanzados por una alícuota del 10,5%.Posteriormente, se estimó el peso total del impuesto sobre el total de la CBA y se calcularon nuevamente las tasas de pobreza e indigencia con el reintegro correspondiente incluido para los grupos beneficiados.Los resultados de la simulación indican que la pobreza se reduciría en un 1,1 puntos porcentuales (481 mil personas) y la indigencia en 1,4 puntos porcentuales (355 mil personas). Por otro lado, pueden extraerse conclusiones interesantes al observar el impacto por rango etario.Es así que los niños (menores de 18 años) son los más beneficiados por la medida: la tasa de indigencia entre los mismos pasaría de un 8,5% al 7,4% (lo que significa que 180 mil infantes superarían esta condición).En cuanto a la pobreza infantil, la misma presentaría una disminución del 1,7 puntos porcentuales (es decir, 183 mil niños).Esta importante reducción permite pensar en la Asignación Universal por Hijo como una eficiente vía de entrada al programa para los niños."Es importante destacar que este rango etario sea el más favorecido ya que el mismo representa al 43% de la población en condiciones de pobreza (y al 48% de los afectados por la indigencia). También los jóvenes resultan favorecidos por la implementación del reintegro ya que la tasa de pobreza entre los mismos presentaría un descenso de 1,4 puntos porcentuales y la de indigencia de 1 punto porcentual (46.000 y 63.000 jóvenes respectivamente)", consignaron los autores del estudio.El impacto es más reducido entre los demás grupos poblacionales.Con respecto a los adultos en edad jubilatoria, la disminución en la tasa de pobreza sería de apenas un 0,7 puntos porcentuales (37 mil personas) y de 0,1 puntos porcentuales en el nivel de indigencia (unas 10 mil personas)."En conclusión, la política parece estar correctamente focalizada ya que produce un mayor impacto a medida que los diferentes segmentos etarios presentan condiciones de pobreza e indigencia son más agudas (niños y jóvenes). Posiblemente la inclusión de los beneficiarios de la AUH y el plan Progresar en el programa de reintegros tenga que ver con la eficiencia de la medida", sostiene el estudio.Fuente: Télam

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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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