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Una rifa escolar amenaza con dejar en quiebra a la ciudad

11 abril, 2016

La Corte Suprema de Justicia convalidó una condena contra el municipio de Chascomús y el Estado bonaerense que obliga a pagarles una indemnización de 100 millones de pesos a dos mujeres que ganaron un campo de 327 hectáreas en una rifa escolar y que nunca pudieron escriturar. Fue un tedioso proceso que comenzó hace más de 20 años. Una de las damnificadas ya no podrá hacer usufructo del premio porque murió hace dos meses, mientras esperaba el interminable recorrido judicial.En 1995, Sonia Della Vedova de Godoy y Clorinda del Carmen Gallegos de Sandoni (la mujer que falleció luego de una enfermedad renal) compraron el cartón con el número 2.300 del sorteo organizado por tres escuelas rurales que buscaban juntar fondos para las cooperadoras. La tómbola fue autorizada por el Concejo Deliberante y el primer premio era un predio que había comprado una empresa que se encargaba de estas iniciativas. Pero nadie verificó que la sociedad no tenía la escritura, sino apenas un boleto de compra. Además, estaba previsto ofrecer mil números, pero se vendieron casi 2.000, a 700 pesos (en aquel entonces, equivalentes a dólares).Las mujeres habían comprado el boleto que el día establecido se cantó en la Lotería Nacional, pero cuando fueron a la escribanía comenzaron los trastornos: si bien accedieron al campo por unos años, un fallo de la Justicia Civil se los quitó.La propiedad, apta para la explotación agropecuaria, tiene una valuación estimada en 4,5 millones de dólares. En el medio, fue a remate judicial y ahora tiene otro dueño. Apelaron a la Justicia y, asesoradas por Miguel Angel Otegui, denunciaron ante el Juzgado Civil y Comercial 27 de La Plata a las cooperadoras, a la Provincia y a la empresa. En primera instancia fueron todos condenados a resarcir a las ganadoras, pero los dueños de la firma responsabilizaron a la Comuna. Y el fallo de la Suprema Corte bonaerense hizo responsable a Chascomús de forma integral por la irregularidad y la condena al pago de 100 millones de pesos por los daños y perjuicios y el lucro cesante.El viernes pasado, tras la concesión de un recurso extraordinario, se conoció el último dictamen de la Corte. Con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, rechazó el recurso presentado hace dos años por la Comuna y ahora los demandados deberán pagar. “Es una situación sumamente compleja. No podemos pagar ese monto porque quedaría la Municipalidad en cesación de pagos y en quiebra. Tendremos que iniciar un proceso de negociación”, dijo a Clarín el intendente de Chascomús, Javier Gastón (del Frente Renovador). El funcionario aclaró que “se trata de una situación heredada”. Según detalló el secretario de Gobierno, Cipriano Pérez del Cerro, Chascomús tiene un déficit operativo de 12 millones de pesos y en diciembre tenía una deuda de 35 millones.Otegui explicó a Clarín que “ya existe un proceso de embargo y de ejecución de bienes comunales que se realizó en forma preventiva”. Aclaró que incluyó un camping municipal conocido como Monte Corti (cercano a la laguna) y un inmueble de 103 hectáreas donde ahora funciona una escuela rural. “Pero con eso no alcanza para cubrir el monto de la indemnización reclamada”, aseguró el letrado.Gastón ya buscó ayuda en Provincia. Tuvo un contacto con el secretario de Asuntos Municipales del gobierno bonaerense, Alex Campbell. Allí le anticiparon que evaluarán “la situación jurídica y los pasos a seguir para solucionar el problema”. Por ahora, el dinero para resarcir a las ganadoras y sus herederas no aparece.Fuente: diario Clarín

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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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