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Callejeros, de vuelta en prisión

6 abril, 2016

Patricio Santos Fontanet, el exlíder de la banda Callejeros, se puso este miércoles a disposición de la Justicia y quedó detenido, al igual que el bajista Christian Torrejón y otros siete penados por la tragedia de Cromañón, en la que murieron 193 personas, en diciembre de 2004.Las detenciones fueron ordenadas después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara las once condenas dictadas por la tragedia por el Tribunal Oral Criminal 24.Las únicas situaciones a revisar, y sobre las que aún no se tomó ninguna decisión, son las del escenógrafo Daniel Cardell (37) y la ex funcionaria porteña Ana María Fernández (50), quienes gozaban de libertad condicional porque fueron condenados a tres años de prisión, y a cuyas defensas el tribunal les pidió que reiteren sus pedidos ante la nueva situación procesal de la causa.En cambio, el TOC 24 ya ordenó la detención del baterista Eduardo Vázquez (40) -se lo notificó en el penal de Ezeiza donde cumple condena por el homicidio de su esposa Wanda Taddei-; del bajista Christian Torrejón (42), del guitarrista Maximiliano Djerfy (40), del saxofonista Juan Carbone (46), del guitarrista Elio Delgado (30), de los ex funcionarios Fabiana Fiszbin (51) y Gustavo Torres (57) y de Raúl Villareal (58), ex mano derecha del fallecido Omar Chabán.El martes, en un fallo difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ), los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, rechazaron los recursos extraordinarios planteados por las defensas de los siete integrantes de Callejeros, condenados por "estrago culposo seguido de muerte y participación necesaria con cohecho activo".También denegaron, en el mismo sentido, los planteos de los ex funcionarios Fiszbin, Torres y Fernández, condenados por "estrago culposo seguido de muerte en concurso ideal con omisión de los deberes de funcionario público"; y de Villarreal, quien fue condenado por "estrago culposo seguido de muerte y participación necesaria en cohecho activo".Fontanet, exvocalista de Callejeros, deberá cumplir una pena de 7 años, Vázquez de 6 (aunque está preso con prisión perpetua por el crimen de su esposa Wanda Taddei), Torrejón, Carbone, Delgado y Djerfy de 5 y Cardell de 3. Fiszbin deberá cumplir una pena de 4 años de cárcel, Torres de 3 años y nueve meses y Fernández de dos años y diez meses, mientras que Villarreal una condena de 6 años.Sin embargo, el tribunal deberá tener en cuenta el tiempo que los condenados ya pasaron en prisión, entre diciembre de 2012 y agosto de 2014, cuando la Corte Suprema de Justicia puso en suspenso las penas aplicadas por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal y ordenó la revisión de las mismas.En esa oportunidad, sólo siguieron detenidos Chabán, quien murió en 2014 por problemas de salud, el baterista Vázquez (que debía seguir preso por matar a su mujer), el ex subcomisario Carlos Díaz (56), condenado a 8 años de cárcel por estrago y cohecho (58), mano derecha del fallecido gerenciador de Cromañón, Omar Chabán (62), y el ex manager de Callejeros, Diego Argañaraz, que recibió una pena de 5, por la que en 2015 accedió finalmente a la libertad condicional.La sentencia por la tragedia de Cromañón que envió de vuelta a prisión a los exintegrantes del grupo Callejeros será recurrida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Así lo señalaron, mediante un comunicado, los integrantes de la actual banda de Patricio Fontanet, Don Osvaldo, quienes expresaron su solidaridad con los músicos condenados y expresaron su dolor."Los músicos fueron víctimas de la tragedia y la injusticia, y sin embargo esa noche redujeron la cantidad de víctimas, arriesgando su vida. Eso es un legado social que no dejaremos olvidado. Por eso esta lucha no termina ni con condena cumplida. Nuestro próximo paso será ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", señalaron.  En el comunicado, la banda expresó además: "Tenemos la certeza de que en el juicio oral, llevado a cabo por el TOC 24, con resultado absolutorio para los músicos, fue el único en donde prevaleció la palabra de los testigos, y la elocuencia de las pruebas"."Respetamos a la Corte Suprema, pero cabe destacar que en la actualidad no está integrada por ningún juez penalista y asimismo, resolvieron al respecto de una causa de lo más delicada justamente en términos penales", expresaron.Fuentes: Télam y Noticias Argentinas

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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
Investigadores del INTA impulsan desde hace un par de años la Agricultura 4.0 mediante el uso de inteligencia artificial, monitoreo satelital y modelos de bajo costo para pequeños productores. El objetivo es cerrar la brecha entre los pequeños yerbateros y los gigantes tecnológicos.
Mecánicos de distintas especialidades señalan que la situación económica obliga a priorizar reparaciones, mientras crecen las revisiones previas al verano y persisten daños antiguos, como los provocados por la gran granizada.
Durante la feria administrativa, la farmacia del Parque de la Salud en Posadas atiende solo hasta el mediodía y entrega 150 turnos por jornada. Los reclamos de la gente.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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