“Auditoría externa de los destinos de los fondos de Educación a la educación privada” fue uno de los ejes de reclamo del lunes pasado, en el marco del paro nacional, del Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo, integrante del Frente Gremial Docente, que formalizarían en las próximas horas ante el Consejo General de Educación. Como sindicato, “planteamos que se haga una auditoría al Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM), o sea, a todo lo que significa ese organismo, que entendemos que no debió crearse, que recibe el 25% del presupuesto educativo de la provincia y que maneja todo lo que es educación privada o particulares, sin el control o seguimiento de qué se hace con la plata y cómo se designan los cargos”, explicó Mariana Lescaffette a PRIMERA EDICIÓN.E hizo hincapié en que “queremos que se entienda bien que esto no va en contra de los trabajadores, por el contrario, se apunta a que los trabajadores, por ser subsidiados por el Estado, estén regulados en el marco del Estatuto del Docente y no en la Ley de Contrato de Trabajo”.Asimismo, añadió que “la Constitución establece claramente que el Consejo de Educación es el único órgano que debiera existir. El SPEPM es violatorio de la Ley de Educación 26.206, que establece que la educación privada tiene que tener control financiero contable, no solo pedagógico, sin embargo el organismo se maneja de manera absolutamente autónoma, por fuera del Estatuto, por fuera de la Constitución y por fuera de lo que es la organización curricular de las escuelas públicas”.“Entendemos que se están planteando ajustes a las escuelas públicas con cierre de cursos, con traslados compulsivos a los cargos de docentes que son interinos por fuera del estatuto y se garantizó a través de políticas clientelares la creación de cargos sin necesidad. En un barrio de diez cuadras tenés escuelas de adultos, históricas, como la que está en Villa Cabello, y se crearon diez escuelas más, sin necesidad, que fueron desmantelando las históricas y hoy apuntan a decir que los ajustes tienen que hacerlos las públicas a través de los cierres de cursos, dejando en disponibilidad a colegas de trayectoria en la docencia mientras hay por la ventana creaciones como los PPAEBA que nombran con cargos directivos a gente que no tiene ningún lugar visible, ni concreto físicamente, como las escuelas itinerantes que ellos denominan, que no se sabe dónde están”, sostuvieron desde Alfredo Bravo. Y demandaron, “en defensa de la educación pública, laica y gratuita y en defensa del derecho de los trabajadores de la educación auditar económica, financiera y administrativamente al SPEPM. Suspender los cierres de cursos, divisiones, en las escuelas públicas por dos años como mínimo hasta tanto se actualicen todas las plantas funcionales, tanto en escuelas públicas como privadas, y se publiquen en la web oficial para conocimiento de la comunidad educativa. Suspensión de traslados a docentes que no ocuparán el cargo efectivamente, ya que se encuentran en otras funciones, retroactivo al 24 de febrero pasado. Concurso para titularizar con dos años. Auditar y monitorear efectivamente los fondos que provienen del Ministerio de Educación de la Nación con participación de todos los gremios docentes y publicación en la web oficial del Ministerio de Educación. Controlar y rendir públicamente los subsidios y ayudas económicas de cualquier índole a las instituciones de gestión privada”.Autárquico“En otras provincias no existen organismos como el SPEPM, porque la educación privada es una secretaría más dentro del Consejo de Educación, nosotros tenemos la SPEMP como otro ministerio, entonces, si tenemos que subsidiar todo eso, que por lo menos sean claros, que sepamos adónde va la plata, porque va en detrimento de la escuela pública que el Estado debiera garantizar y no lo hace”, sostuvieron desde Alfredo Bravo.
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