La Federación argentina de productores de tabaco insistió ante el Gobierno nacional por la prórroga del Impuesto adicional de emergencia. En diferentes presentaciones ante la jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía y otros organismos, los productores nucleados en la federación manifiestan su profunda preocupación por una situación que mantiene en vilo a todo el sector tabacalero, en relación con la Ley 24.625 que crea el Impuesto Adicional de Emergencia.Recuerdan que, a principios del corriente año el Poder Ejecutivo Nacional publicó el decreto n° 026/2016 que prorroga la alícuota del Impuesto Adicional de Emergencia al 7%, pero sólo hasta el 30 de abril del corriente año. Considerando que no hubo mayores novedades, los tabacaleros señalan que “nos encontramos obligados a solicitarles una nueva prórroga del mismo, dado que en caso contrario el 1° de mayo tal impuesto se incrementaría casi un 200%, para alcanzar una alícuota del 21%, lo que dañaría seriamente a todo el sector tabacalero.Vale mencionar que el sector tabacalero había concordado con el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas que el mejor camino para modificar esta alícuota al 7% de manera definitiva es a través de una ley aprobada por el congreso, creyendo atento a los tiempos, extremadamente dificultoso que esto suceda en tan pocas semanas.A modo de resumen, tal tributo se crea en el año 1996, siendo este del siete por ciento sobre el precio final de venta de cada paquete de cigarrillos. Hacia fines de 1999 por ley 25.239, se modifica la alícuota incrementando la misma al 21% y facultando al Poder Ejecutivo Nacional a disminuir la tasa hasta un 7%, previo informe técnico favorable y fundado del Ministerio de Economía “por cuyo conducto se dictará el respectivo decreto”. Si la tasa no se mantuviera al 7%, significaría un drástico aumento de la carga fiscal para los productos de tabaco impactando negativamente en el mercado legal de cigarrillos.En las notas, los productores tabacaleros ponen especial énfasis en que la elevación de la alícuota pondría en serio riesgo miles de puestos de trabajo y “muy especialmente en una reducción del Fondo Especial del Tabaco que reciben las siete provincias tabacaleras”, de vital importancia para las economías regionales.Por tanto, conservar la alícuota al 7% significa una necesidad para todas las provincias productoras de tabaco (Misiones, Corrientes, Chaco, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy) por cuanto es una actividad que tiene una importancia superlativa tanto en la generación económica y el desarrollo social de las comunidades, como así también en la constitución del producto bruto geográfico de las provincias productoras.
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