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Procesaron a “Coleco” por asociación ilícita y malversación de fondos públicos

21 marzo, 2016

La Justicia Penal procesó al exintendente de El Soberbio, Alberto “Coleco” Krysvzuk, por asociación ilícita y malversación de fondos públicos, en la denuncia donde se investiga el destino del dinero que recibió para construir pozos perforados que nunca se realizaron.El procesamiento lo dictó la semana pasada el magistrado Horacio Alarcón, quien investiga varias denuncias que pesan sobre el exintendente, quien fue destituido por el Concejo Deliberante local, estuvo prófugo durante nueve meses y finalmente se entregó a la Justicia.El delito es excarcelable pero el magistrado tomó la decisión de mantenerlo en prisión preventiva (donde se encuentra hace más de un año) porque considera que existe riesgo de fuga (ya estuvo prófugo una vez durante nueve meses) y porque, una vez libre, Coleco podría entorpecer la investigación en su contra.La defensa del exintendente apeló el mantenimiento de la prisión preventiva y el juez deberá resolver en las próximas semanas. Posiblemente le acepte la apelación.Hace un año el juez ya le había rechazado a la defensa de Coleco la solicitud de excarcelación. La investigación se disparó luego de la destitución del exalcalde, por numerosos y graves desmanejos en los fondos públicos, durante su gestión como intendente municipal entre los años 2003 y el 2013.Los ediles Alberto Siwert, Neco Schwart, Nelson “Maneco” Brettín y Carlos Besold (MC) investigaron y encontraron numerosas pruebas de que se habían desviado varios millones de pesos provenientes de programas nacionales para realizar pozos perforados en colonias donde no hay red de provisión de agua potable.Las obras fueron facturadas pero nunca fueron realizadas. Se detectó en la investigación el uso de factureros truchos y empresas que no existen en la práctica.Según explicó Schwart, en la gestión de “Coleco” el municipio efectuó pagos por dos pozos perforados por casi 400 mil pesos que nunca se construyeron. Uno debió estar ubicado en Colonia Lapacho, con un presupuesto cercano a 170 mil pesos y el otro en el barrio Itatí de la ciudad, por un costo de aproximadamente 230 mil pesos.Eran para beneficiar a las familias que habitan en esos lugares y que no cuentan con el servicio de agua potable. También obtuvieron documentación que comprobaría la utilización de unas 30 facturas truchas para rendir gastos. “Coleco presentaba ante el Tribunal de Cuentas facturas truchas, en algunos casos de comercios que no existen y en otros casos de comercios que nunca comercializaron nada al municipio. Quiere decir que hay proveedores que nunca se enteraron. Solamente se imprimieron facturas en forma ilegal para justificar los desvíos de dinero”, contó el concejal Schwart.Estas irregularidades se presentaron ante el magistrado, que también investiga otras denuncias contra el ex intendente Krysvzuk; dos por pozos perforados que no se realizaron, pero si se pagaron, y la tercera por el cobro de pensiones con firmas falsas.Los verdaderos beneficiarios nunca cobraron las pensiones, sin embargo, alguien en el municipio las cobraba y falsificaba las firmas. Se trata de establecer cuánta responsabilidad tiene “Coleco” en estos hechos de corrupción.

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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
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Mecánicos de distintas especialidades señalan que la situación económica obliga a priorizar reparaciones, mientras crecen las revisiones previas al verano y persisten daños antiguos, como los provocados por la gran granizada.
Durante la feria administrativa, la farmacia del Parque de la Salud en Posadas atiende solo hasta el mediodía y entrega 150 turnos por jornada. Los reclamos de la gente.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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