Empresas de transporte de pasajeros de media distancia se resisten a que les impongan la contratación del cuestionado “Sube misionero” como condición para aplicar el Boleto Educativo Gratuito (BEG) y cobrar el aporte del Estado para sostener el beneficio. Así lo hicieron saber las firmas nucleadas en la Cámara de Empresarios Misioneros del Transporte de Pasajeros (Caemtap), quienes se encuentran en alerta ante las manifestaciones públicas de funcionarios de la Subsecretaría de Transportes de la provincia. Según los empresarios, no están de acuerdo en que los obliguen a ser auditados por una firma privada (Servicios Urbanos SA) que se armó con fondos de las empresas Casimiro Zbikoski, Nuestra Señora del Rosario y Tipoka, y que a la vez cobraría una “comisión” del 10% de la recaudación por ventas mediante la recarga de tarjetas electrónicas. Por ello, y ante la necesidad de implementar el boleto electrónico en las unidades para aplicar el Boleto Educativo, algunas firmas ya adelantaron convenios con la Sube Nacional, que “sigue siendo privada pero aporta mucho más transparencia ya que se gestiona con control del Banco de la Nación Argentina”, señalaron. Otras, en tanto, esperan poder adquirir las máquinas expendedoras de boletos e instalar sus propios sistemas de control y venta electrónica para realizar la gestión del BEG y las rendiciones exigidas por la Subsecretaría de Transportes, que mientras tanto, autorizó la presentación de declaraciones juradas. Un negocio redondoEl año pasado, cuando en la Legislatura volvió a tomar fuerza la discusión del Boleto Educativo Gratuito, el proyecto de ley presentado por el oficialismo incluía una cláusula por la cual se le derivaba la gestión de los millones de pesos del beneficio a la empresa que implementó el Sube Misionero y que fue creada para “aportar transparencia” al Sistema Integrado de Transporte metropolitano entre Posadas, Garupá y Candelaria y conformada, contradictoriamente, con aportes de las mismas firmas que el Estado debía controlar. Cuando se avanzó en la discusión legislativa, varios diputados de la oposición advirtieron que se le estaba gestando un negocio redondo al Grupo Z. El artículo logró quedar afuera del dictamen que finalmente bajó al recinto y fue aprobado sin hacer mención al Sube Misionero como parte del BEG.Pero en las últimas semanas, y en declaraciones a distintos medios, “los funcionarios de la Subsecretaría comenzaron a insistir en que las empresas deberán contratar a la misma firma para rendir la cantidad de boletos estudiantiles utilizados a través de sus sistemas de gestión, lo que para los transportistas implica no sólo un avasallamiento, sino también una posibilidad de pérdidas porque se llevarían el 10% de lo recaudado”, reconoció el asesor jurídico de la Caemtap, Juan Manuel Fouce. Con fondos del Grupo ZEl capital social de Servicios Urbanos SA, que explota el Sube Misionero, se integró el 20 de septiembre de 2006 con fondos y acciones de las firmas Casimiro Zbikoski, Tipoka y Nuestra Señora del Rosario, según las actas notariales y los asientos realizados formalmente en el Registro Público de Comercio. El dato también confirmó las sospechas: no era posible asegurar transparencia en los números que maneja el Grupo Z como prometían los funcionarios, si el grupo se audita a sí mismo mediante la empresa que creó. Ahora, los empresarios del interior prometen dar pelea para evitar que se concrete un negocio más para el privilegiado monopolio. “Llevamos estudiantes a granel”Las empresas de transporte de pasajeros nucleadas en la Caemtap sienten que tienen mucho que perder en relación a la aplicación del Boleto Educativo Gratuito (BEG)?y su puesta en vigencia desde el 1 de marzo. Es que hubo poco tiempo para que los estudiantes gestionen su inscripción al beneficio, con la referida validación por los establecimientos escolares, terciarios y universitarios. Tampoco hubo tiempo para que las firmas instalen las máquinas expendedoras que posibiliten una rendición adecuada que evite las distorsiones presupuestarias en el pago del beneficio. “Por ahora estamos llevando a granel a los estudiantes, suben y no pagan por más que no tengan el trámite hecho, pero el problema va a ser la imposibilidad de rendir este traslado para cobrar lo correspondiente”, señaló Fouce, haciendo referencia a una grave situación que deberán enfrentar los transportistas en pocos días, cuando ya no corra la “declaración jurada” que se les permitió como alternativa sólo al inicio de la aplicación del Boleto Educativo. “La prioridad de los transportistas es que los chicos lleguen a los establecimientos y después de vuelta a sus casas. Estamos cumpliendo aún a costas de perder, ningún chico queda sin traslado. Esperamos consideración por ello”, señalaron desde la Caemtap. Irán a la JusticiaDesde la Caemtap también analizan una presentación judicial para evitar que se concrete un perjuicio a las arcas de cada empresa a partir de que el Gobierno les reconocerá sólo el 30% del valor de los boletos escolares interurbanos, en vez del 50% que antes recibían las firmas de manos de los alumnos beneficiarios. “Cuando pagaban los chicos no había preocupación, pero ahora que paga el Estado, afectan nuestro capital. Es injusto, y lo que no es justo debe tener su reflejo en la Justicia”, señalaron.
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