Un proyecto de ley presentado por el diputado radical Martín Hernández aboga por un cambio drástico en el control fronterizo al proponer la centralización de las políticas y el traslado de la potestad de nombrar a los comisionados de Áreas de Frontera de los gobiernos provinciales al estado nacional.La norma recoge la prioridad que otorga el Gobierno nacional a la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y otros delitos complejos vinculados a las zonas de frontera, como así también a la aplicación de la llamada “Ley de derribo” y a la declaración de emergencia en cuestiones de seguridad. El proyecto, que introduce una serie de reformas al actual régimen de Áreas de Frontera, apunta en particular a la situación existente en las áreas limítrofes de las provincias del NEA-NOA que colindan con Bolivia, Paraguay y Brasil, entre las que se encuentra Misiones, y que son vistas hoy como la puerta de entrada del narcotráfico al país.El diputado tomó como un antecedente significativo respecto al deterioro de los controles de frontera al llamada “Caso Barreyro”, el cual se refiere al último comisionado del Área de Frontera Clorinda, nombrado por el gobierno de Formosa, Pedro Bareiro, quien fue detenido recientemente con 51 kilogramos de cocaína traída del Paraguay.El legislador consideró que las graves omisiones en el control de delitos en la frontera Norte, son tantas que representan el “abandono del Estado de una herramienta que debe ser actualizada para coordinar las acciones en el marco de la emergencia en seguridad pública”. Es de esperar que en el Congreso se profundice el análisis de la realidad que sirve de base al proyecto?adoptando una mirada integral respecto a la problemática de las provincias del Norte. El narcotráfico, como la trata de personas, son delitos con profundas ramificaciones en la sociedad. Su erradicación exige, junto a métodos de control eficientes, un abordaje multidisciplinario, tan complejo como la realidad que se busca transformar.





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