La Justicia Penal se puso en marcha para determinar si existieron los delitos de malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el manejo de los fondos del Estado destinados a la ayuda alimentaria de comunidades mbya de la provincia. Para ello, en las últimas horas se activó la producción de pruebas por las cuales se determinará si realmente hubo beneficiarios “inventados” de la tarjeta alimentaria durante la gestión del exministro de Derechos Humanos Edmundo Soria Vieta. El juez de instrucción Ricardo Balor es quien tiene en sus manos la denuncia penal elevada por los legisladores Héctor “Cacho” Bárbaro, Miryam Duarte y Martín Sereno hace más de un mes, y que apunta al exfuncionario por su responsabilidad en el desmanejo de los fondos destinados a asistir a las familias más pobres de la provincia. La denuncia surgió tras un informe por escrito elaborado por el Consejo de Caciques de la Nación Mbya, elevado a la actual ministra de la cartera Lilia Marchesini, y en el cual dieron cuenta de que el funcionario que la antecedió hasta llegó a “inventar comunidades enteras con beneficiarios inexistentes” de la ayuda social. Previamente, el diputado Sereno había corroborado que varias familias mbya jamás habían recibido la tarjeta, pese a que el programa estaba supuestamente universalizado.El pasado martes, los legisladores ratificaron la denuncia para darle inicio formal a la tramitación del expediente, que en principio requiere que el Ministerio remita los listados oficiales de beneficiarios y que se realice un cruzamiento in situ. “El trabajo por delante no será fácil”, advierten desde la Justicia, aunque los denunciantes confían en que finalmente se llegue a determinar si los delitos denunciados existieron como tales.Sospechas de corrupciónLa denuncia penal fue tramitada el 22 de enero ante la Fiscalía de Instrucción 6, en turno durante la feria. Los legisladores Héctor Bárbaro, Myriam Duarte y Martín Sereno, con el patrocinio letrado del abogado y presidente del Pays, Isaac Lenguaza, le solicitaron a la fiscal Amalia Spinato que investigue la operatoria en base a las irregularidades detectadas y advertidas por el Consejo de Caciques de la Nación Mbya Guaraní, la máxima estructura jerárquica de los pueblos originarios en Misiones. Según esta organización que nuclea a los caciques de 93 comunidades ubicadas en territorio misionero, en el listado de beneficiarios mbya de la tarjeta alimentaria que fue elaborado por el exministro Soria Vieta figuran hasta “extranjeros y criollos”, amén de las aldeas inexistentes que aparecen como destinatarias de la ayuda estatal. Los denunciantes estimaron que la supuesta malversación detectada podría ser de enormes dimensiones, ya que por año el Gobierno provincial destina 19 millones de pesos para la asistencia alimentaria de unas 2.535 familias mbya. “De comprobarse lo que se denunció desde el Consejo de Caciques le queda a la Justicia determinar la cadena de responsabilidades en un acto sospechado de corrupción que se ejecutó durante mucho tiempo, con aparente impunidad”, aseguró el abogado del Pays, Lenguaza con respecto a la operatoria.
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