El caso Santiago avanza en la Oficina Anticorrupción

Con el número de expediente 433, se inició en la Oficina Anticorrupción de la Nación la tramitación de la denuncia elevada por los abogados misioneros Itatí Juañuk y Ricardo Skanata para que se determine si hubo delito y -en ese caso- de qué tipo en el contrato que mantuvo la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) con el ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Sergio César Santiago entre 2012 y 2015, por un monto que arrancó con los 30 mil pesos mensuales y culminó con 45 mil. En un escrito extenso, los letrados le requirieron a la dependencia que está a cargo de Laura Alonso, que investigue un sinnúmero de circunstancias. Entre otras, requieren determinar si las actividades “docentes y de investigación” que figuraban en el contrato  entre Santiago y en anterior director ejecutivo de la EBY Oscar Thomas se condicen con los objetos constitutivos de la binacional. También requieren que se determine, mediante informes pormenorizados que deberá elaborar la entidad a requerimiento de la oficina, el tiempo de duración de la vinculación contractual entre la EBY y Santiago; los montos parciales y totales percibidos el exministro, en retribución a su labor como “docente o investigador” y las fechas de cada pago; la forma de pago de las retribuciones percibidas por el profesional “en su calidad de docente o investigador”; si ha percibido en efectivo, mediante depósitos bancarios o cheques; si los pagos se han efectivizado en moneda argentina o extranjera, el tipo de actividades académicas desplegadas como “docente o investigador”, así como el lugar, fecha y detalle de estas actividades, cantidad de alumnos capacitados, sus datos completos, las evaluaciones finales de cada uno, los pasajes aéreos o terrestres, viáticos y demás gastos abonados por la EBY a favor de Santiago, el uso de autos de la EBY para su traslado, el uso de celulares a nombre de la EBY; etc. También por los “ñoquis”“Finalmente, hacemos nuestra la profunda preocupación y pedido de información pública que realizó el Sr. Francisco José Wipplinger ante la EBY para conocer el listado de los contratados que revistaban en Yacyretá hasta diciembre de 2015 y no prestaban real servicio”, señala parte de la denuncia, en referencia a la solicitud tramitada por el presidente de PRIMERA EDICIÓN SA, que todavía no fue respondida por el actual director ejecutivo de la EBY, Humberto Schiavoni.