Conflicto de intereses

La <a href="http://www.primeraedicion.com.ar/nota/215149/cesar-santiago-renuncio-como-ministro-del-stj.html">renuncia al cargo del cuestionado ministro del Superior Tribunal de Justicia, César Santiago</a>, que se produjo el lunes luego de que <a href="http://www.primeraedicion.com.ar/nota/215059/la-situacion-del-ministro-santiago-se-complica-cada-vez-mas-todos-lo.html">PRIMERA EDICIÓN diera a conocer el jugoso contrato que lo unía laboralmente a la Entidad Binacional Yacyretá (Eby)</a>, terminó siendo la única salida para un funcionario que se empeñó desde un  principio en defender lo indefendible.A la denuncia pública se agregó la firme reacción del Colegio de Abogados, que le pidió la renuncia y anunció un juicio político; haciendo caer prontamente el pueril argumento del ahora exministro, quien pretendía legitimar la relación con la Eby invocando una presunta actuación como docente que, obviamente, nadie parece haber creído.Los misioneros en los últimos meses se enteraron de irregularidades de grueso calibre vinculadas a la gestión saliente en Yacyretá, como el  “autopago” de millonarias indemnizaciones que benefició a varios funcionarios políticos a uno y otro lado del Paraná; o los trascendidos sobre contratos-fantasma con abultadas sumas a nombre de personas que nunca cumplieron función alguna en la entidad; sumado al grave caso del ministro del STJ saliente.La irregular actitud del ex asesor jurídico de Yacyretá tras su designación como ministro del STJ, sin embargo, merece una atención especial al salpicar al máximo órgano de la Justicia provincial, dejando al descubierto la traza de una designación vinculada estrechamente a la autoridad política de turno. La dignidad del cargo, se vuelve a demostrar, difícilmente se respete cuando el amiguismo  -político o de negocios- sirve de puerta de acceso a la magistratura. No habría que olvidar, al respecto, que -como informó PRIMERA EDICIÓN oportunamente- la Oficina Anticorrupción ya había advertido hace 5 años a Santiago, en su Resolución 141/2010, que la asociación con los hermanos Miguel y Oscar Thomas -prominentes miembros del establishment político local- en una consultora creada en 2006 podría llevar a un “conflicto de intereses”.