A pesar que las leyes prohíben a un juez ser empleado o contratado en otro organismo público, la Entidad Binacional Yacyretá confirmó este lunes que tuvo como contratado al ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Sergio César Santiago entre 2012 y 2015.La Entidad que preside Humberto Schiavoni envió dos notas de respuesta similares, una al Colegio de Abogados de Misiones y otra al Superior Tribunal de Justicia, confirmando que Santiago tenía doble sueldo del Estado: el de la EBY además de la Justicia. Estos dos organismos habían requerido una respuesta luego de que estallara la polémica por trascendidos periodísticos.La incompatibilidad se fundamenta en que los jueces no deben cobrar sueldo ni defender a ningún otro organismo porque ello podría afectar su imparcialidad a la hora de resolver alguna cuestión judicial que involucre a la institución relacionada.Ahora el Colegio de Abogados se reunirá para analizar la situación y emitir una postura, debido a que muchos letrados creen que el doble sueldo es totalmente incompatible y merece un juicio político de destitución. Mientras tanto, para socializar la respuesta, el Colegio colgó en su página web el texto que recibió de la Entidad.También la Corte misionera podría tomar una postura ante la polémica situación.Santiago fue el asesor legal de la Entidad Binacional Yacyretá durante varios años, en la presidencia de Oscar Thomas. En 2012 asume como ministro de la Corte misionera con el voto de la mayoría de la renovación, entonces se habría desvinculado como asesor jurídico. Ese mismo año la EBY vuelve a contratarlo para otras funciones, vínculo que se mantuvo hasta abril del año pasado.Según varios abogados consultados, ello implicaría la posibilidad de ser sometido a juicio político por “transgresión a normas constitucionales específicos, incompatibilidad en el ejercicio de su función”.Interpretación benévolaSin embargo, otros afirman que se trata de una contratación que puede ser interpretada de forma benévola, “puede tener una interpretación amistosa que no implique una incompatibilidad, en ese caso no avanzaría ningún juicio político”, indicó un abogado posadeño.En la renovación se agarrarían de esta interpretación para protegerlo y evitar un enjuiciamiento.El funcionario de la EBY que respondió a los requerimientos del Colegio de Abogados y del STJ fue Alejandro Tonelli, asesor jurídico adjunto, quien relató que el ofrecimiento de contratación de la Entidad al ministro fue por “un trabajo de investigación y docencia que permita sistematizar y difundir la abundante y compleja información del proceso arbitral (al que había sido sometido la EBY) para que quede como patrimonio de la Entidad”.En 2012, al momento de ser contratado, Santiago respondió a la Entidad que “este tipo de tareas es totalmente factible en las condiciones de exclusividad enunciadas, por lo que desde ya comunico mi disposición a aceptar dicha propuesta”.“Con posterioridad se formalizó el contrato de prestación de servicios, en el que se instrumenta la función del doctor Santiago como contratado a los efectos de prestar tareas ‘de capacitación dirigidas a través de clases, conferencias, seminarios, foros a todos y cada uno de los integrantes de la Asesoría Jurídica, trasladando la tarea de investigación encomendada a la formación de los recursos humanos de dicha tarea’”, informó Tonelli al STJ y al Colegio de Abogados.¿Incompatibilidad?La Constitución de Misiones advierte claramente en varios de sus artículos que ningún miembro de la Justicia puede ejercer otra actividad pública, tanto en el ámbito nacional, como en los ámbitos de nuestra provincia o de nuestros municipios, porque ello implicaría el delito de incompatibilidad.Sin embargo, algunos consideran que la tarea de “investigación y docencia” que realizaba Santiago -según informó Yacyretá- no sería incompatible y no significaría ninguna irregularidad.Esta sería una de las interpretaciones, la más amistosa, como para proteger al ministro de un escarmiento judicial. La otra interpretación -de muchos abogados- es que la tarea igualmente es incompatible porque la Entidad Binacional Yacyretá es un organismo creado para construir una represa y vender energía eléctrica y que nada tiene que ver con la docencia ni la investigación, ya que estas actividades no forman parte de su Estatuto.“Si el Colegio de Abogados y el oficialismo del Frente Renovador permiten esta maniobra y dejan pasar esta contratación, quedará la vía libre para que cualquier juez de la provincia sea contratado por una empresa privada o por un organismo público con la excusa de hacer docencia”, señaló un prestigioso letrado que integra la lista de la conducción del Colegio de Abogados.“Esta situación sería muy peligrosa porque pone en riesgo la imparcialidad de los jueces misioneros y la garantía de tener una Justicia que, justamente, haga justicia y no que trabaje para los poderosos que le pueden contratar y pagar un sueldo”, concluyó el letrado.Para este martes se prevé una “muy caliente” reunión en el Colegio de Abogados ya que diferentes posturas al respecto del tema: un grupo cree que no hubo incompatibilidad, mientras que otro afirma que la irregularidad es insostenible.
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