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Hace falta más que sólo ocho meses

22 febrero, 2016

El desplazamiento de Graciela Bevacqua de la Dirección Técnica del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) alejó al gobierno de Mauricio Macri de la histórica posibilidad de recomponer la credibilidad perdida del organismo y la consistencia de sus indicadores. En este caso, el adjetivo “histórica” no es un lugar común: será difícil que la oportunidad y los protagonistas vuelvan a encontrarse en una encrucijada tan propicia como la que se acaba de perder en nombre de la “urgencia”.Urgencia, por otra parte, inexistente. Desde diciembre que el Gobierno anunció que se tomarían como referencia los IPC (Índice de Precios al Consumidor) de San Luis y la Ciudad de Buenos Aires. Este último, además, es válido para la confección periódica del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y utilizado en sentencias judiciales. Si las cifras de la Dirección de Estadística y Censos porteña no conformaron a las autoridades nacionales porque mostraron que la inflación de enero superó a la de diciembre, no es un argumento para desechar uno de los índices elegidos pocos días antes. Los organismos públicos de Estadística no están para agradar. El periodismo tampoco.El tiempo necesarioEn medio de la polémica que siguió al desplazamiento de Bevacqua y la improvisada conferencia de Jorge Todesca, quedó planteada la duda acerca del tiempo necesario para elaborar un nuevo índice de precios con un mínimo nivel de seriedad y confiabilidad. Entre los “60 días” anticipados el fin de semana pasado por Rogelio Frigerio y la supuesta inflexibilidad de Graciela Bevacqua con los “ocho meses”, salieron al ruedo economistas varios a lanzar lo que consideraban el plazo más adecuado. Finalmente (¿finalmente?) el Ministerio de Economía dio a conocer un comunicado en el que se fijó como plazo el segundo trimestre. Para hablar de un plazo concreto, debe saberse a ciencia cierta cuál es la tarea a desarrollar. Lo que sigue es una sintética y esquemática aproximación.Para elaborar un índice de precios al consumidor hacen falta dos pilares: una encuesta nacional de gastos de hogares (Engho) y, como resultado de la información obtenida en ella, una canasta familiar de bienes y servicios. Desde 1960 al presente el Estado argentino elaboró seis IPC, los cinco últimos a cargo del Indec, creado en 1968. En 1960, 1974, 1988, 1999 y 2013 el período de referencia de la Engho fue de doce meses. En 2008, nada menos que cinco años y siete meses. Los períodos de referencia son de por lo menos un año por una razón elemental: los consumos y los ingresos no son estables, tienen variaciones estacionales y no hace falta ser heladero, fabricante de pan dulce, vendedor de pulóveres o agente de turismo para comprobarlo.  Por no citar, en tiempos de tarifazo, que los consumos de electricidad y gas no son iguales en invierno que en verano. Lo mismo ocurre con los ingresos, en un universo poblacional en el que no todos son empleados en relación de dependencia con un sueldo fijo, con changas y horas extras que no se distribuyen de manera equilibrada mes a mes.Realidad cambianteEn una realidad cambiante, en la que los hábitos de consumo varían a una velocidad cada vez mayor y la estructura social dista de ser homogénea, el trabajo de los profesionales de la Estadística encuentra nuevos desafíos a diario. Por eso, el criterio de elaborar un nuevo índice cada diez años va quedando viejo. Por eso, el trabajo del Indec no está encapsulado dentro de las paredes del edificio de Julio Argentino Roca 609 y requiere de la participación, en debates abiertos, de las direcciones de Estadística de todas las provincias, de docentes e investigadores de universidades públicas y privadas del país y del exterior, de organismos internacionales como el Instituto Internacional de Estadística (ISI – International Statistical Institute), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y los propios institutos nacionales de diferentes países. Por eso, en definitiva, hace falta mucho más que ocho meses.Al margen de la destrucción del sistema estadístico llevada a cabo desde 2007 en adelante, el último índice de precios elaborado por el Indec mostró una novedad en cuanto a su alcance geográfico, ya que por primera vez tuvo un alcance nacional y no solamente del área metropolitana. Si sesenta días son insuficientes para una Engho que abarque a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, qué esperar para continuar con una IPCNU con seis áreas geográficas y 40 aglomerados urbanos.Nuevos equipos de técnicos y encuestadoresPero aun limitándose al Gran Buenos Aires (GBA) la tarea demanda esfuerzos considerables. Además de reclutar a equipos de técnicos y encuestadores, debe llevarse a cabo por lo menos un curso básico de capacitación, para que las respuestas a los cuestionarios sean válidas. Los equipos constan de coordinadores, supervisores, encuestadores y data entries. Los encuestadores deben recabar datos referidos a las características de los hogares (en el último IPCNU fueron 37.000 viviendas en todo el país), gastos fijos y eventuales y nivel de ingresos de todos los miembros del hogar. Posteriormente, esos datos deben ser validados antes de ser procesados.Una vez que se cuenta con toda la información -que se recopila a lo largo de varios meses, para evitar desvíos por estacionalidad- que se obtuvo después de definir el área geográfica y la población de referencia, comienza la clasificación de los gastos de consumo de bienes y servicios de la canasta. Del debate abierto surgirán los criterios de ponderación, en la que se tratará de evitar los sesgos derivados de las diferencias sociales y geográficas. Porque un promedio simple tenderá a sobrevalorar a los que más consumen, que por lo general son los sectores de mayor poder adquisitivo. El universo a considerarTambién habrá que determinar cuáles serán los locales de consulta habitual para la medición periódica de la variación de precios. Con algunos de los siguientes dilemas: ¿qué pasa si en medio de la encuesta un local cierra o se muda a una zona con otra ponderación o directamente no relevada? ¿Qué criterios hay que seguir para buscar un reemplazo? ¿Qué hacer si un producto de la muestra es discontinuado temporaria o definitivamente, si cambia de presentación o tamaño? ¿Qué hacer si el sucedáneo tiene un precio, calidad o tamaño marcadamente diferente? Y si se impone el criterio de los “sesenta días”, ¿cómo se miden los productos frescos estacionales, con notorias variaciones en precios y existencias de una temporada a otra?Una vez resueltas esas dudas, corresponden llevar a cabo la clasificación del índice. Lo que mes a mes el público conoce es el “nivel general”, resultado de un promedio compuesto por divisiones, grupo
s, clases, subclases, artículos y variedades, de las que a su vez hay que determinar especificación y atributo.Obviamente, se puede prescindir de todo lo señalado y elaborar un índice a las apuradas. Pero, como en el ejemplo de Ernesto Sábato explicando la teoría de la relatividad, eso ya no sería un índice de precios.Habría que agradecer la generosidad de Bevacqua al proponer ocho meses. Quizás tenga una tercera oportunidad y cuente con la debida protección de una autoridad que sepa qué elegir entre las presiones políticas y la defensa del personal a su cargo.

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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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