La mayor parte de las veces, desde que se creo el organismo en 2002; la concertación de precios indicativos de la hoja verde y canchada, en el seno del Directorio, derivó en una diferencia irreconciliable entre los valores solicitados por la producción primaria y los que admitía la industria; y casi siempre se trasladó la responsabilidad al arbitraje nacional. Tras más de una década de ineficiencia en este aspecto central en la función del Instituto yerbatero; es necesario reconocer, por lo menos, una evidente falta de previsión o capacidad de anticiparse a los problemas y buscar soluciones sostenibles. Algo que no debería ser imposible a partir de la elaboración de grillas de costos que contemplen la realidad de todos los eslabones. El miércoles, la interrupción del tránsito sobre el Puente San Roque González de Santa Cruz, por parte de más de 200 tareferos provenientes de Oberá que iniciaron así una medida de fuerza en reclamo de asistencia para el periodo en que no hay trabajo en la cosecha; volvió a llamar la atención sobre la falta de previsión y planificación genuinas. Es que no es la primera vez que los cosecheros deben movilizarse por incumplimientos del Estado provincial, que les promete asistencia y no cumple o cumple sólo a medias. El incumplimiento no es un hecho menor, ya que la asistencia alimentaria, los kits escolares, los subsidios por única vez de 1000 pesos y las 35 viviendas que les habían prometido y nunca llegaron apuntan a resolver necesidades básicas que no pueden esperar. La falta de previsión, en este caso, resulta alarmante ya que incluye al Estado y revela un drama social irresuelto que, no casualmente, recrudece cada vez que hay “crisis de precios” en el Inym.
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