Nueva etapa

Macri apela al diálogo político en el Congreso y con los principales gremios. Exigirán transparencia a los intendentes. Un escándalo cierra la gestión K en la EBY.“Se terminó la etapa del apriete por pensar diferente, queremos trabajar para todo el pueblo argentino bajo las premisas del federalismo real”, recitó Aída Ayala, secretaria de Asuntos Municipales del gobierno de Mauricio Macri, el lunes pasado, tras reunirse con el gobernador Passalacqua, intendentes y funcionarios misioneros en la Residencia oficial.La reunión traslució el estilo más comprometido con las formas de gobierno colegiadas que intenta mostrar el nuevo gobernador misionero, diferenciándose de la impronta personalista de su antecesor, pese a que ambos pertenecen a la alianza que gobierna Misiones desde hace más de una década. Ayala, dirigente de origen radical que hasta las últimas elecciones ocupó la intendencia de la vecina ciudad de Resistencia; se mostró firme, igualmente, en su misión de aclararles los tantos a los intendentes misioneros respecto a lo que cabe esperar de aquí en adelante en la relación con el gobierno central, un tema siempre arduo en el contexto de un país que todavía no ha encontrado un equilibrio saludable en las relaciones entre los tres niveles de gobierno del Estado. La exalcaldesa se mostró optimista al hablar de un cambio de estilo en el que se dejarían de lado los tradicionales  “aprietes” con motivos partidarios, pero mostró severidad al remarcar que el reparto de fondos nacionales exigirá una conducta transparente de los beneficiarios en la gestión de las obras y el manejo de los dineros públicos. En ese marco, deslizó un dato revelador:“el 97% de los intendentes manejaba subsidios del gobierno anterior que no rindió ni devolvió”.La funcionaria visitó Misiones en el marco de una gira por diferentes provincias que, en principio, expresa una jerarquización de la función, respecto a gobiernos pasados, y por lo tanto una mirada atenta a la importancia creciente del municipalismo, tanto en la generación de liderazgos políticos, como en la gestión. En tanto, el viernes sesionó brevemente por primera vez en el año la Cámara alta del Congreso de la Nación, convocada por el Presidente para iniciar el tratamiento de algunos de los temas pendientes desde el inicio de la nueva gestión, en primer lugar la designación de dos nuevos jueces para llenar la vacante en la Corte Suprema de Justicia, una medida pendiente a la que Macri dio prioridad y la hizo efectiva mediante un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), que nombraba a los dos candidatos “en comisión”.  Jueces en vidrieraLa convocatoria a extraodinarias también incluye en el temario la aprobación de los embajadores designados por Macri, entre ellos el misionero Ramón Puerta en España, y los ascensos en las tres Fuerzas Armadas. La sesión no exhibió mayores contratiempos y sugiere que, al menos en este comienzo a medias, el nuevo período parlamentario no será un escollo para el presidente Macri; quien impulsa una estrategia de diálogo cuyo principal exponente sería su operador político y jefe de Gabinete, Marcos Peña. No menos importante en la reanudación de la actividad legislativa será la cuestión de la legalidad de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que el Presidente no se privó de usar en los primeros meses sin convocar al Congreso, y que éste avalaría en el contexto de la convocatoria a extraordinarias. Una denuncia cuestionando los últimos decretos firmados por el Presidente como ser el de los nombramientos de los jueces “en comisión”para la Corte, las modificaciones en el Afsca (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y en la Ley de Medios, sería archivada a instancias del fiscal federal Federico Delgado, que no encontró objeciones a la legalidad de los DNU.Si esa significativa decisión judicial da a entender que las polémicas por los DNU quedarán archivadas rápidamente en el Congreso, sin perjuicio de eventuales chisporroteos; más significativo aún es el triunfo que se adjudicó previamente el macrismo en base a “muñeca política”, al lograr que la Comisión Bicameral, de 16 miembros, encargada de controlar la legalidad de los DNU sea presidida por el radical Luis Naidenoff y no por un camporista o legislador del FPV.La estrategia macrista, que alineó a dos legisladores de Rodríguez Saá, del PRO, la UCR?y el massismo, se benefició a último momento con el voto positivo de los senadores del FPV, donde hay quienes se preparan -según comentarios- a seguir un camino independiente del kirchnerismo duro, tal cual ocurrió en Diputados con la fractura liderada por el extitular de la Anses, Diego Bossio; expresión de la ola “Anti K” que sopla en el justicialismo, y complica la homogeneidad política del FPV en el Congreso. Un medio nacional nombró en primer lugar entre los tres senadores que apoyaron a Naidenoff al misionero Juan Manuel “Juanchi” Irrazábal. “Son más leales a los gobernadores, en plena armonía con Macri”, explicó el periodista, aunque  no pasó por alto el caso particular de Irrazábal. “Lo extraño del caso es que “Juanchi” fue un activo dirigente ultra-kirchnerista cuando Cristina Fernández era la presidente de la Nación. O quizás, no es tan extraño si se analiza la trayectoria política del exintendente de Posadas”.Acuerdo conversadoEn tanto, el viernes Macri se reunió con los representantes de las tres CGT, separadas durante el kirchnerismo y con mejor onda en el nuevo período, representadas por Hugo Moyano, Antonio Caló y Hugo Barrionuevo; a quienes atrajo a un proceso de ablandamiento previo al inicio de las paritarias con dos consistentes “zanahorias”: devolución del fondo de 27 millones que el Estado le debe a las obras sociales, suba del mínimo no imponible de Ganancias hasta salarios de 30.000 pesos y partición de las paritarias, aprobando un incremento salarial de 20% en marzo y dejando la puerta abierta para subir hasta un 8% más en junio.Los jefes sindicales quedaron a la espera de que el Gobierno envíe el proyecto de ley sobre Ganancias al Congreso, pero no dieron por sentado un acuerdo respecto a la propuesta oficial, que se basa en la intención del Gobierno de lograr una baja de la inflación a 20 o 25% ya en junio próximo. La lucha contra la inflación, todavía en ciernes, y las fuertes subas en el precio de la carne y otros productos y en las tarifas eléctricas, conspiran, sin embargo, contra la meta de reducción de la tendencia inflacionaria. Por su parte, la modificación anunciada en Ganancias, el aumento del 15% a los jubilados, además la postura condescendiente de los principales gremios -la excepción son las dos fracciones de la CTA- tienden a despejar favorablemente el camino al nuevo gobierno en un período clave, que une la recuperación de la actividad parlamentaria y el cierre de la llamada “luna de miel” a que tiene derecho todo gobierno debutante. &nbs
p;Escándalo binacionalEn la provincia saltaron a la vista casos como el del titular de la Ceel de Eldorado, Alberto Romero, cuestionado por un grupo de empresarios y ciudadanos eldoradenses asociados a la cooperativa. Le cuestionan irregularidades que surgirían del balance del último período. El escándalo que impactó a la opinión pública, empero, fue la revelación de que seis consejeros de la EBY, cuatro del lado argentino y dos del lado paraguayo, lograron impulsar una Resolución a su favor, en la que se adjudicaron una indemnización de 4 millones de pesos, per cápita; por tener que dejar el puesto de asesores a causa del cambio de gobierno. El “autopago” se concretó prácticamente en el momento de la asunción de Macri, antes de que se nombren las nuevas autoridades en la entidad, y por ello los beneficiarios no tuvieron dificultades en cobrar. Al descubrirse la maniobra y estallar el escándalo, en la semana que pasó, las nuevas autoridades de Yacyretá derogaron la capciosa Resolución, pero nada pudieron hacer ante el cobro ya efectuado. El escándalo tiene repercusión nacional y agrega una piedra más al edificio tambaleante de la era kirchnerista, que tiene entre sus facetas más débiles a hechos de corrupción institucional como éste, centrales en la explicación de la derrota electoral.