El manejo de personal en el Concejo Deliberante es un verdadero caos que tratan de organizar las nuevas autoridades de la oposición que asumieron el pasado 10 de diciembre, luego de muchos años de manejo renovador. Todavía siguen trabajando en un relevamiento “caso por caso” pero es “difícil por la falta de información y el desorden administrativo” aseguraron a PRIMERA EDICIÓN las autoridades del organismo.La revisión que están realizando, hasta el momento, reveló un desmanejo casi total por parte de la gestión anterior de la renovadora Magui Solari, al punto que habrían detectado empleadas domésticas de funcionarios y empleados de algunos medios de comunicación del oficialismo que habrían cobrado sueldo por el HCD de Posadas hasta el mes pasado. No descartan presentar una denuncia por las irregularidades, aunque primero deben reunir todas las pruebas concretas. La doméstica sería de una concejal mandato cumplido muy vinculada a medios oficialistas y los empleados serían de esos medios.En la planta de personal figuran casi 650 trabajadores, muchos de los cuales están adscriptos a otras dependencias y no se pudo demostrar que todos hayan prestado funciones en los otros organismos. Por esta razón se está buscando la certificación de servicios que debieron enviar los organismos que tienen personal del HCD adscripto, pero hasta el momento no se ha encontrado nada, indicaron concejales de la oposición.Por otra parte, el plantel de personal contratado superaría los 400 empleados. Todos estos contratos vencieron el pasado 31 de diciembre y todavía no fueron renovados.PRIMERA EDICIÓN consultó a varios concejales que integran el deliberativo, quienes señalaron que no se puede demostrar con certeza que todos los contratados hayan prestado funciones en el Concejo en los últimos meses, por lo tanto, es muy probable que no se renueven cerca de cien contratos.Muchos de los contratados serían “ñoquis” ya que es imposible que trabajen tantas personas en el edificio. Entre contratados y personal permanente superan las 1.100 personas y sólo la mitad tendría funciones específicas asignadas.Por otra parte, se detectó una grave irregularidad que podría tener consecuencias judiciales: los encargados de liquidación estuvieron liquidando durante octubre, noviembre y diciembre el sueldo a 130 empleados como si fueran de planta permanente, pero no se encontró la resolución que los incorpora a planta permanente y se cree que la expresidenta emitió la orden en forma verbal pero nunca firmó el documento.Los 130 son todos contratados a los que aparentemente se les prometió el pase a planta en plena campaña política, que finalmente -en los papeles- no apareció. Según los concejales consultados, deberían volver a su condición de contratados y al mismo salario que tenían antes de octubre. Pero varios de esos no pueden comprobar qué tareas cumplían y se cree que eran “ñoquis”. Seguramente se revisará caso por caso antes de definir la renovación contractual.Por otra parte, trascendió que hay un acuerdo con el Ejecutivo Municipal para reducir los “ñoquis” que dejó como herencia la gestión anterior.La planta de personal total, entre contratados y permanentes supera los 1.100 trabajadores en el Concejo Deliberante. Los especialistas aseguran que esa institución podría funcionar con menos de 500 empleados, por lo tanto es imposible que todos los asalariados verdaderamente trabajen en ese lugar. Un grupo está adscripto a otras dependencias pero no presenta certificación. También se revisará caso por caso. Otro grupo cobraría sin trabajar. Se investiga el tema a fondo.“La idea es que todos los que trabajan en otras dependencias tengan que presentar certificación pero todavía estamos trabajando en el relevamiento”, explicó el radical Ariel “Pepe” Pianesi.Sobre el personal en planta también reconoció que “los decretos estaban bajo llave, nos costó encontrar la información y cuanto más investigamos son mayores las sorpresas, hay muy poca información disponible”, aseguró.“Para fin de mes tenemos la idea de presentar a la sociedad un informe definitivo de la situación del personal, transparentar el manejo y ver que todos los adscriptos efectivamente cumplan funciones en otros organismos, así como los contratados, sin perjudicar a los que verdaderamente trabajan”, finalizó Pianesi.Por su parte, el peronista Daniel Amarilla explicó que “está demostrado que hubo un festival de contratos, se revisará, los que trabajan seguramente seguirán, los otros no”.
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