Desde noviembre de 2013 hacia atrás, Chile era conocido en el mundo por los terremotos y tsunamis, los 33 mineros y las furiosas protestas estudiantiles por una educación gratuita. El Gobierno del conservador Sebastián Piñera dio pocas chances a los reclamos para cambiar un paradigma educativo en el que el Estado delegó mayormente el rol al sector privado, sistema instaurado por César Augusto Pinochet en 1990. La instrucción universitaria era arancelada desde ese entonces. Sólo las clases más altas podían acceder a ella. Si una familia no poseía los recursos suficientes, tomando créditos (que en la mayoría de los casos terminaban pagándose 20 años después de finalizada la carrera), padre y madre podían así asegurar la educación de sus hijos. En 2011, las asociaciones estudiantiles universitarias y de los colegios secundarios, iniciaron grandes movilizaciones en reclamo de un mejor financiamiento para las instituciones educativas, una mejora en las becas y reformas al sistema que asegurara la igualdad de oportunidades para el acceso a la educación superior. Las manifestaciones se radicalizaron, hubo toma de instituciones educativas y eran constantes las imágenes de represión en las plazas y calles de Santiago. El presidente Piñera, en cadena nacional, anunció medidas para satisfacer los reclamos como un Fondo para la Educación, que iba contar con 4.000 millones de dólares para satisfacer el plan del Gran Acuerdo Nacional de la Educación. Pero los líderes estudiantiles como Camila Vallejo y Giorgio Jackson, lo rechazaron. Hubo más movilizaciones, cacerolazos, un estudiante muerto con una bala 9 mm, huelga de hambre estudiantil, paro nacional convocado por los grandes sindicatos, pero a pesar de las intenciones del Gobierno, las demandas educativas no fueron contestadas en su amplitud. Los comicios presidenciales de 2013, hicieron que Michelle Bachelet volviera a la Casa de la Moneda, impulsada en un rechazo a la gestión de Piñera y el apoyo a su intención de promover la gratuidad de la educación entre otras medidas. Promesa de cambioUn año y medio después de asumir el mando, Bachelet pudo cumplir su promesa con los estudiantes. El 23 de diciembre pasado, la Cámara de Diputados dio el visto bueno a la Ley Corta de Gratuidad con 92 votos a favor, dos en contra y una abstención, ratificando así la decisión del Senado. La ley estuvo a punto de morir el 10 de diciembre cuando la Corte chilena se pronunció en contra al considerar que era “discriminatoria” por favorecer sólo a cuatro universidades seleccionadas para disfrutar de la gratuidad. En una primera instancia, beneficiará a casi 200.000 estudiantes de universidades estatales, y a otros que asisten a instituciones privadas pero sin fines de lucro.El plan es que todos los estudiantes chilenos accedan a la gratuidad de la educación superior para el año 2020.El eje clave de la reforma educativa apunta a cambiar el esquema heredado de la última dictadura chilena, que redujo a la mitad el aporte público y fomentó el ingreso de las instituciones privadas.“Como país dimos un paso importante en el camino de la gratuidad en la educación superior, un paso que hace tres años era impensable y parecía imposible de realizar”, aseveró la mandataria al respecto. “Seguiremos avanzando hacia una educación superior de calidad, democrática y gratuita, de manera responsable y gradual acorde a las capacidades que tenemos como país y a los países que hemos tomado con la ciudadanía”, sostuvo Bachelet.El cambio beneficiará al 50% de los alumnos más vulnerables que se matriculen en alguna universidad estatal o privada tradicional del Consejo de Rectores o en una de las cuatro casas de estudio privadas que hasta el momento se han adherido a esta nueva ley.Además, el Gobierno destinó 140.000 becas para institutos profesionales que no ingresaron directamente en la gratuidad desde el 2016, pero lo harán de manera gradual en los próximos tres años.Si cumple con los requisitos, el alumno ya no deberá abonar arancel ni los derechos básicos de la matrícula porque esos gastos los asumirá el Estado.Camila Vallejos, una de las exdirigentes que encabezó las protestas en 2011 desde el movimiento estudiantil, actual diputada del PC chileno y aliada del oficialismo, elogió el proyecto. “A pesar de los intentos de la derecha por torpedear el avance de la gratuidad, ganamos una batalla importante”, escribió en Twitter.De dónde saldrán los fondosPara solventar esto, el año pasado el Gobierno hizo una profunda reforma tributaria que modificó el sistema impositivo en Chile por primera vez en décadas. Uno de los principales cambios fue aumentar en forma gradual los impuestos a las grandes empresas de 20% a 27%, lo que permite sumar 8.300 millones de dólares a la recaudación y asegurar así la financiación de la educación gratuita.Críticas Las grandes empresas a las que se les aumentaron los impuestos para financiar en parte la educación fueron las primeras en oponerse a la decisión del Gobierno que logró ser aprobada por el parlamento. El año 2014 los ingresos tributarios del Gobierno fueron de 30.571.365 millones de pesos chilenos. El 80% de esos ingresos correspondieron a impuestos y tan sólo un 4% al aporte del Codelco, la gigante minera estatal. Pero en 2015, la baja en los precios internacionales del cobre (uno de los pilares de la economía chilena) verá reducida sus ganancias y su aporte a las finanzas de Chile.Considerando esto se tiene que 7,2 billones de pesos serán destinados a financiar la educación en Chile y otorgar educación gratuita a alumnos provenientes del 50% de familias más vulnerables del país. Un 23% del presupuesto total del Estado. Un 4,8% del valor de la producción interna de bienes y servicios.De estos recursos 4,3 billones de pesos serán destinados a financiar la gratuidad en la educación básica y media, mientras que 1,8 billones de pesos irán a financiar la gratuidad en la educación superior. De cada 100 pesos que gaste el Ministerio de Educación, 43 serán para financiar gratuidad escolar y 19 pesos para solventar la gratuidad en universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales que adhieran a esta medida. Las preguntas que se hacen los analistas son: ¿Cuánto será el costo futuro de brindar gratuidad en educación para todos? ¿Cuánto porcentaje será de los ingresos fiscales totales? ¿Alcanzará con los recursos de la Reforma Tributaria? ¿Qué pasará cuando una nueva crisis económica azote a Chile y el Mundo?Cuestionamientos y quejas reales, pero producto de una sociedad que quedó presa de las decisiones del dictador Pinochet. Una discusión que afortunadamente no existe en Argentina. En nuestro país es casi una cuestión cultural y de sentido común saber que la educación gratuita está asegurada por el Estado y a lo sumo el debate transcurre en la necesidad de más fondos. Un logro y un derecho que data de hace muchísimos años (1949) y que se nos pasa de largo
, pero que en Chile está generando escozor entre los sectores de esa sociedad.
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