Como regalo de Navidad, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), que conduce Santiago Ros, aplicó desde este mes un nuevo incremento en el valor de las cuotas de las viviendas que pagan miles de adjudicatarios.No se determinó el porcentaje pero fuentes del organismo deslizaron que sería por encima del 20%. Esta medida se suma a otra suba de una empresa del Estado, tal es el caso de Emsa, que incrementó un 30% el valor de la tarifa, según anunció el martes el presidente de la empresa, Sergio Ferreira.Los adjudicatarios de viviendas y de otros planes del Iprodha recibieron la notificación en la boleta anterior, donde se anticipaba que “en el marco del esfuerzo solidario entre el instituto y los adjudicatarios, tendiente a permitir y fomentar la continuidad de futuras obras, comunicamos que a partir de la boleta con vencimiento en enero/2016, el importe de su cuota podrá experimentar variaciones con el objeto de compensar parcialmente los incrementos de los costos de 2015, año en que el Iprodha no realizó ajustes en sus cuotas”.En el siguiente párrafo el organismo indicó que “repitiendo procedimientos anteriores en iguales circunstancias, se establece que hasta el 31 de marzo de 2016 se podrá cancelar la deuda total con los valores anteriores a la variación, descontados los correspondientes intereses de financiación”.La notificación del organismo aparece en un momento donde tiene todas sus obras paralizadas y no cuenta con recursos para continuar. Trascendió que un importante listado de proveedores están reclamando el pago de deudas y construcciones, por lo tanto el organismo que preside Ros sale desesperado a buscar fondos frescos del bolsillo de los contribuyentes, sin medir las consecuencias inflacionarias que tendrá este aumentazo en la canasta básica de los misioneros.A pesar de ser un súper ente y tener una de las cajas millonarias más grandes de la provincia, el Iprodha viene sacando aumentazos dos veces por año, salvo en 2015, donde se vio inhibido por las protestas de vecinos en el año 2014 que se plantaron ante el abuso institucional.La crítica de los adjudicatarios es que, al ser un organismo con fines sociales, debería amortiguar la inflación de precios de la construcción, en lugar de trasladarlo netamente a los vecinos.Sin advertir los conflictos anteriores, el Iprodha no aclaró los porcentajes del aumento, solamente habla de “solidaridad”.Condiciones imposiblesMiles de empleados públicos por sus bajos salarios, no califican y quedan afuera de las exigencias del organismo de la vivienda, que privilegia el acceso a quienes tienen salarios superiores a los 9.000 pesos mensuales. Según el propio Iprodha, el déficit habitacional en la provincia ronda las 85 mil viviendas, es decir, más de 300 mil personas. Para el Instituto "no califican" pero tampoco se aplican políticas públicas destinadas a satisfacer sus necesidades.Desde la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA) en Misiones, advirtieron sobre esta problemática que se agudiza con el paso de los años y con las mayores exigencias financieras del organismo provincial a la hora de inscribir e incluir en los sorteos a los trabajadores con bajos sueldos. El promedio de sueldo de un empleado público en planta permanente es de entre cinco mil y seis mil pesos, por lo que no los contemplan en los planes del Iprodha. Peor están los trabajadores precarizados con contratos tercerizados, temporarios, monotributistas, que sólo en Salud Pública suman unos tres mil y cobran entre 3.500 y 4.000 pesos. Ni hablar de aquellos que trabajan en negro, que son el 40% de los trabajadores de Misiones, estos ni siquiera pueden completar los requisitos.Mientras este drama se replica por miles, el organismo conducido por Santiago Ros, un histórico funcionario de “bajo” perfil que se mantiene en el cargo desde el gobierno de Ramón Puerta, dejó de cumplir estrictamente su función establecida tanto en la Ley orgánica como en la Ley nacional 24.464 de Creación del Sistema Federal de la Vivienda, que señala que los fondos se aplicarán a “facilitar las condiciones necesarias para posibilitar a la población de recursos insuficientes, en forma rápida y eficiente, el acceso a la vivienda digna. Ello, conforme lo previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional”. El objeto del organismo fue cambiando aún pese a estas limitaciones: agregó la ejecución de escuelas, comisarías, hospitales, plazas, empedrados, centros culturales y de atención primaria de la salud, siempre sospechados de estar sobrevaluados.
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