La causa que investiga el desmanejo de los fondos correspondientes a los servicios adicionales en la Unidad Regional VIII podría terminar con un apercibimiento a la excúpula policial de esa dependencia, apartada de sus funciones tras el suicidio de un suboficial que debió devolver 335 mil pesos a una firma comercial de esa localidad.El escándalo saltó a la luz el 25 de noviembre pasado, cuando trascendió el suicidio del sargento Ariel Acosta. Al parecer, los camaradas de Acosta hicieron oír su voz y esta llegó hasta la mismísima Jefatura de Policía.Entonces el subjefe -al menos hasta ayer-, comisario general Roberto Favio Sosa, envió una comitiva de Asuntos Internos a la UR VIII y dispuso el descabezamiento de la cúpula; al menos hasta que se esclarezcan las circunstancias de la supuesta malversación de fondos de adicionales.Además, para evitar suspicacias en torno a una supuesta falta de transparencia, Sosa pidió la intervención de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (Saic), con el visto bueno del Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente, a cargo del magistrado subrogante Horacio Heriberto Alarcón.Desde entonces lo único que trascendió fueron las palabras del general Sosa; a requisitoria de este Diario, quien habló respecto del presente del sumario que lleva adelante el departamento de Asuntos Internos.El funcionario dejó entrever que no será posible comprobar la existencia de malversación de fondos; “pero es innegable de que se incurrió en una omisión o falta de contralor” por parte de la cúpula que estuvo al frente de la Unidad Regional VIII durante gran parte de la etapa investigada por irregularidades.En una entrevista mantenida con PRIMERA EDICIÓN, Luis Acosta, padre de Ariel, el suboficial que en una carta expresó sentirse “acorralado y sin salida…agobiado” para después suicidarse; aseguró que su hijo “era un soldado de la Corte”, dando a entender que no era el único involucrado en la maniobra.Los indicios en esta línea son varios. Por ejemplo; hay testigos que aseguran que había policías que retiraban materiales de construcción para obras particulares y pagaban con fondos de dudosa procedencia.Es sólo una arista que debería investigarse; justamente para evitar malestar innecesario en los cuadros subalternos.Sería saludable hablar, en ese sentido, con los responsables del comercio que pidió la devolución de 335 mil pesos a Ariel Acosta para que, a manera de colaboración con la Justicia, indiquen si había otros policías involucrados y cuál era la modalidad con que actuaban. Muchos interrogantes sueltos y demasiado hermetismo en torno a una causa de una gravedad institucional?que no debería pasar desapercibida ni acabar en el olvido.A cuentaFuentes consultadas por este Diario indicaron que eran varios los policías que retiraban materiales de construcción para obras particulares, aunque no quedaba claro cómo y quién los abonaba.Según Luis Acosta, su hijo Ariel realizaba esta operación y de hecho, construyó un garaje en su casa. E indicó, en una entrevista con este Diario, que la cúpula que estaba al frente de la Unidad Regional VIII sabía de la operación.Son aristas que ameritan una profunda investigación a fin de determinar las responsabilidades que les hubiera cabido a cada una de las partes. La trama avanza por dos carriles:?una interna y la otra judicial. Es de esperar que, como dijo el general Sosa, se llegue hasta las últimas consecuencias.
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