“En mi carácter de subsecretario de Gobierno municipal de la ciudad de Puerto Iguazú, vengo por este acto a formular denuncia por el delito de robo o hurto en contra de personas no identificadas y respecto de la cantidad de 641 motocicletas que oportunamente fueran secuestradas y conservadas en dependencias municipales” señaló Gustavo Rieb, subsecretario municipal, en una denuncia que asentó ante la Fiscalía de Instrucción 3.En la misma declaración, el funcionario apunta a una empresa privada como eventual responsable de la seguridad del patrimonio depositado en las dependencias del Estado. Sin embargo, hace varios meses atrás, hubo algunos ciudadanos locales que denunciaron haber visto sus propias motocicletas, que habían sido secuestradas por personal municipal, circulando por las calles de la ciudad, al mando de desconocidos. Por esta razón, se cree que hace varios meses se cometió el robo y lo que se tratará de esclarecer es: si fueron extraños que ingresaron al predio o si fue personal municipal que entregó los vehículos a terceros en forma ilegal.Los vecinos creen que sería imposible sustraer esa cantidad de vehículos sin la complicidad o “la vista gorda” de funcionarios.En aquella oportunidad, el concejal Hugo Sartori, se hizo eco de las mismas y realizó un pedido de informe al Ejecutivo municipal desde su banca pero nunca tuvo respuestas. Trascendió que algunos contribuyentes podían retirar motocicletas sólo presentando el DNI e incluso que se realizaban ventas de motos en el corralón municipal, pero se desconoce la versión oficial respecto de este tema.En su declaración, publicada por Radio Cataratas, el subsecretario Rieb sostiene que “los bienes objeto de la denuncia estuvieron depositadas en el predio de la Municipalidad de la avenida Tres Fronteras hasta fines de octubre del 2014, desde donde, por razones de espacio fueron trasladados al corralón donde quedaron bajo la custodia” de la empresa privada encargada de la seguridad.Asimismo señala que “ante versiones periodísticas que daban cuenta de supuestos faltantes de motocicletas en el corralón municipal, el Tribunal de Cuenta de la provincia, inició una investigación al respecto y recabó información vinculada a la cuestión”, la que fue contestada “pero no satisfizo al organismo de contralor volviendo a requerir más información”, se describe en la publicación.Los ciudadanos perjudicados se manifestaron indignados ya que algunos abonaron la multa y pretendieron retirar los rodados de su propiedad pero se encontraron con que “no están”.Toda la maniobra se torna irregular cuando no se encuentra que el Concejo Deliberante haya aprobado la cesión del servicio de seguridad de los bienes de patrimonio municipal o en custodia municipal a una empresa privada de seguridad, teniendo personal para hacerlo.La Comuna podría ser demandada por los propietarios.
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