Seguramente lo que gastará el Tribunal de Cuentas en dos años de locación de un inmueble desde este mes de diciembre en adelante tranquilamente podría servirle para construir su propio edificio. Pero, al parecer, resulta más “rentable” para el organismo alquilarle una propiedad a un conocido de la casa, que además tiene un hijo que se desempeña como contador fiscal en la dependencia. Es lo que surge de la renovación del contrato de alquiler que une a las autoridades del ente con el dueño del edificio ubicado en calle Córdoba 2.257 de Posadas, contrato por el cual éste último se alzará con 6.471.161 pesos del erario público en 24 meses, por un contrato que comenzó a regir desde el 1 de diciembre y que durará hasta 2017.La cifra, desde ya escandalosa, se sumará a los montos percibidos por el mismo propietario desde 2010 a la fecha, momento en el cual el Tribunal decidió alquilar -sin licitación previa- el inmueble de cuatro plantas para mudar allí la División central y de Municipalidades. Pero los seis millones y medio de pesos que irán a manos de un particular no es, por lejos, el dato más llamativo: en el contrato de locación que comenzó a regir a principios de este mes, se estableció, por un lado, un aumento de más del 60% en el costo mensual del alquiler en relación al anterior contrato que feneció en noviembre; a la vez que se previó una tasa de actualización que supera el 68% entre el monto inicial a pagar en diciembre de 2015 y el monto final previsto para el mismo mes de 2017. El porcentaje total de aumento previsto es varias veces superior a los índices inflacionarios. Ya en 2009 el fallecido presidente del Tribunal, Pedro Perpetuo Forés, había expresado su oposición al negocio (ver más adelante). Consideró irregular que se procediera a un alquiler tan oneroso sin un previo llamado a licitación y ordenó que se conformara la comisión para avanzar en este paso, pero como este tipo de decisiones se toman mediante acuerdo del cuerpo, primó el peso de los votos de la vocal Silvia Comparín y su par Eduardo Bruno Paproki, quienes se manifestaron a favor de la contratación directa. Ambos hasta se animaron a dejar sentado por escrito que la relación de filiación entre el dueño del edificio y el contador fiscal no era impedimento para llevar adelante el contrato millonario. El edificio alquilado pertenece al abogado Rolando Kegler, cónsul honorario de Alemania en Misiones, presidente de la Junta de Estudios Históricos de Posadas, y ex convencional constituyente de la ciudad. El hijo del locador que trabaja en el Tribunal de Cuentas es Sergio Kegler, contador fiscal de la dependencia. ¿Quién controla?El Tribunal de Cuentas es el organismo constitucional que se encarga de examinar las cuentas de gastos e inversiones de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales y de reparticiones autárquicas; inspeccionar la administración de fondos públicos y fiscalizar las cuentas de las instituciones privadas que reciben subsidios del Estado. Por la particular y trascendente función que debiera cumplir, resulta doblemente preocupante el hecho de que continúe renovando un contrato de alquiler varias veces millonario, sin licitación previa y con montos de actualización que exceden largamente los índices de inflación. El edificio que Perpetuo Forés no quería alquilarEn 2009, una fuerte polémica se dio en el seno del Tribunal de Cuentas cuando el presidente del organismo (fallecido a principios de este año) Pedro Perpetuo Forés, se opuso a la contratación directa en el alquiler del edificio perteneciente a Rolando Kegler. Mientras que los vocales Silvia Comparín y Bruno Paproki votaron a favor de avanzar con la locación sin licitación previa, Forés votó en disidencia y dejó expresada esa posición recordándole a sus pares que el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal establece que “los hechos y omisiones violatorios de disposiciones legales o reglamentarias comportan responsabilidad solidaria para quienes los dispongan, ejecuten o intervengan”. El Artículo 84 de la Ley de Contabilidad y su Decreto Reglamentario N° 3421/86 -Art. 3° establecen que estos contratos se deberán realizar previa Licitación Pública, pero en 2009 no se llevó a cabo. Según la vocal Silvia Comparín, la contratación directa se justificó entonces porque “se les vino encima” la fecha de vencimiento de un contrato anterior sin que el organismo tuviera tiempo para organizar el proceso licitatorio. También estimó que el edificio propuesto por Rolando Kegler era ideal y adecuado para los fines (oficinas públicas) pero a poco de la mudanza se dieron cuenta que no se podían conectar los equipos de aire acondicionado porque la instalación eléctrica era deficiente. Pasados seis años, siguen renovando el contrato con el mismo locador -Kegler- e incumpliendo la Ley, justamente desde el organismo que debe velar para que el resto de la administración pública sí lo haga.
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