El oficial Carlos Alberto Sidorak, acusado de no evitar la feroz golpiza que derivó en la muerte del trabajador de la construcción Carlos Raúl Guirula, será internado en una clínica psiquiátrica por disposición del juez de Instrucción 1, Marcelo Cardozo, en base a las conclusiones de un informe del Cuerpo Médico Forense.La Junta Médica, conformada a partir de un pedido formal de la defensa, ejercida por el abogado Martín Ramírez, estableció que Sidorak atraviesa una profunda crisis depresiva con inclinación al suicidio.En este sentido, fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, habrían indicado que ya lo habría intentado en su lugar de detención: la comisaría seccional Tercera, ubicada en la intersección de avenida Uruguay y calle Ambrosetti.Con este diagnóstico en manos, el magistrado que investiga el caso dispondrá que el oficial sea alojado en una clínica especializada, bajo su costo y con custodia policial.Trascendió que el lugar de alojamiento sería una reconocida clínica situada en calle Yerbal 4522, casi calle San Juan. Carlos Raúl Guirula agonizó siete minutos antes de morir camino a la comisaría seccional Decimotercera, el 19 de julio de 2014; consecuencia de la feroz golpiza que combinó la brutalidad policial con la violación de las normas más elementales que protegen las garantías individuales.Para los investigadores, algunos afrontan cargos por intervención directa y otros, por indiferencia, encubrimiento o complicidad. Para la Justicia, algunos participaron directamente en la golpiza, incluso ante una víctima indefensa; otros no movieron un dedo por evitarla.Unos y otros, en definitiva, habrían tenido algún grado de responsabilidad en el hecho. Incluso aquellos que intentaron encubrirlo.El oficial Carlos Alberto Sidorak, a cargo de una de las patrullas la noche en que golpearon al trabajador de la construcción; no afrontaba la acusación más grave (tortura seguida de muerte); pero sí la de “omisión funcional de evitar torturas”.Es decir, pese a la autoridad que tenía sobre el personal, no agotó los recursos para evitar el exceso de los policías que atacaron a la víctima hasta quitarle la vida.Tratándose de un delito que prevé el beneficio de la excarcelación, el juez Cardozo se la rechazó al considerar que había riesgo procesal de entorpecer la investigación. La decisión fue sostenida, con posterioridad, por la mismísima Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional de la provincia.El exceso policial comenzó en un motel situado en la esquina de las avenidas Andresito y Santa Catalina; donde Guirula en un principio se negó a abonar una botella de whisky que había consumido. Allí lo comenzaron a golpear y para cuando llegó a la comisaría Decimotercera, estaba muerto.El informe de autopsia fue concluyente: la víctima sufrió la fractura de nueve costillas, aplastamiento de tórax, hemotórax y traumatismo de cráneo.Uno de los acusados, incluso, con la víctima indefensa y probablemente agonizante, llegó a arrojarle gas pimienta en los ojos.La decisión llega justo cuando el juez Cardozo daba los últimos aprestos a la causa para remitirla a la fiscal Amalia Benedicta Spinatto, quien deberá efectuar el requerimiento de elevación a la instancia de juicio oral y público.Se encaminan al banquillo La tortura y muerte de Carlos Raúl Guirula paralizó de indignación a la provincia, como lo reflejó la portada de este Diario.El delito más grave es el de “tortura seguida de muerte” y por él deberán responder la oficial Lourdes Tabárez;?el sargento primero Claudio Marcelo Servián; el cabo Ricardo Rafael Escobar; el cabo primero Lucas Nahuel Saravia Allosa y el agente Carlos Alberto Da Silva.Por la acusación de “omisión funcional de evitar torturas” deberá responder el oficial Carlos Alberto Sidorak.Por la acusación de “omisión funcional de denunciar torturas” están los agentes Jorge Orlando Barrios y Jorge Marcelo Bogado y el cabo primero Sergio Damián Recalde.Como informara PRIMERA EDICIÓN semanas atrás, el juez Marcelo Cardozo dispuso la falta de mérito para el oficial subayudante Javier Olmedo y el suboficial mayor José Antonio Velozo; aunque aún siguen vinculados a la causa por “encubrimiento”.
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