"Muchachos, tenemos un problema"

Histórico. Una importante proporción de las promesas de campaña suele quedar en eso: promesa. No habría problemas si esas promesas fueran menores o secundarias, pero se sabe que antes de las elecciones todas son grandilocuentes y, en algún caso, hasta imposible de concretar, al menos en los plazos que, también, se prometen.En concreto, en este caso las dudas merodean con intensidad a  las promesas que se realizan en torno a cuestiones relacionadas con los sindicatos y los trabajadores.Uno de los puntos centrales mencionados en estas semanas fue el Impuesto a las Ganancias, que desde hace 83 años está vigente en la Argentina. Se estableció en 1932 como “impuesto a los réditos” y Juan Domingo Perón lo reformó en su última presidencia, desde cuando tiene el actual nombre.Allí se establece la cuarta categoría, o sea la de los ingresos por trabajos personales.La idea original era cobrarle ese tributo a quienes tenían capacidad de enriquecimiento o de conseguir ganancias crecientes y periódicas, como una de las formas de sostenimiento del Estado.El Gobierno de la Alianza le puso su impronta con la “tablita de Machinea”, un esquema de cálculo para la aplicación del impuesto.Pero sabido es que con el rápido correr de estos años la inflación fue carcomiendo el poder adquisitivo de los ingresos de los asalariados y el Impuesto a las Ganancias contribuyó a su cercenamiento. A tal punto que la combinación de ambos factores hace que los aumentos en paritarias destinados a preservar los haberes terminen licuados a poco de ser aplicados.A la par, Ganancias se ha transformado en uno de los fundamentales ingresos de las arcas fiscales según lo indican periódicamente las estadísticas oficiales, con lo cual ya puede especularse con el futuro de esa promesa.Hay quienes deducen que algunos pocos puntos de crecimiento económico anual pueden contribuir a tapar el hueco que generarían la supresión de este tributo (por lo menos en la cuarta categoría) y la aplicación de otra promesa, como el pago de un haber equivalente al 82% del sueldo en actividad a jubilados y pensionados.Pero también salta a la vista que el crecimiento no es automático y depende de muchos otros factores, como el ingreso de inversiones al país, etcétera. La lógica presupone entonces un plazo razonablemente extenso, aunque sea antipático decirlo.Si se llegara a concretar inmediatamente la eliminación de Ganancias para los salarios, se deberá realizar en paralelo una alquimia urgente y no tradicional para poder tapar el bache. El temor reside entonces en la posibilidad de creación de nuevos impuestos o incremento de alguno existente.Otra de las promesas, aunque se ha hecho en privado, es la de ir devolviendo a las obras sociales el dinero confiscado por el Gobierno.Desde que Domingo Cavallo impuso la recaudación vía gubernamental de los aportes a esos entes de salud los sindicalistas no han parado de reclamar y de quejarse.Por ejemplo, en 1999, en las postrimerías de la administración de Carlos Menem, la CGT entonces conducida por Rodolfo Daer -y con la presión de otros dirigentes como Lorenzo Miguel- reclamaba la devolución de unos 3.000 millones de pesos/dólares que estaban en las arcas oficiales y se redistribuían con cuentagotas.Hoy, la cifra cuya devolución se exige casualmente asciende a unos 3.000 millones de dólares (30 mil millones de pesos), según la conversión mediante dólar oficial.Ese dinero debería, en teoría, estar depositado en una cuenta de un banco oficial. Pero a esta altura, con el déficit fiscal reinante, muchos tienen grandes dudas al respecto. Ejemplos de transferencia de fondos destinados a otros fines hay a carradas. El tema es que este dinero sale directamente de los bolsillos de los trabajadores y en consecuencia a ellos debe volver, en este caso en forma de prestaciones de salud.También se habla con mucha soltura de las “paritarias libres y sin techos”. Nuevamente una soberana contradicción.Las paritarias, negociación directa entre empleadores y empleados a través de sus respectivos representantes, nacieron justamente para que nadie interfiera en la delicada cuestión de los ingresos y las condiciones de trabajo. El Estado también es empleador y la relación obviamente está regulada en ese ámbito. Y en el caso de la actividad privada las autoridades solamente actúan como eventuales árbitros en una pulseada sin solución y para homologar los acuerdos a los que arriben los particulares.Sin embargo, los gobiernos siempre se han inmiscuido en esta cuestión, muchas veces con la anuencia de una u otra parte (empresas o sindicatos) según las circunstancias.Con diversos argumentos, en la era “K” las paritarias tuvieron techo. Explícita o implícitamente. Y los funcionarios se hartaron de hablar del tema y de presionar para que ello ocurriera.Además de estas, también hay otras promesas tanto o más importantes, como la creación de empleo y el acceso al crédito (hoy inalcanzable para los sectores menos pudientes).Y hay otros desafíos que dependen de muchas otras variables, como el combate al trabajo en negro, donde debe contemplarse la situación del empleado pero también la del empleador, especialmente el de los emprendimientos más modestos, también agobiado por las condiciones económicas y la asfixia impositiva.El panorama no se presenta demasiado halagüeño para el cumplimiento rápido de estas promesas electorales. Por eso, los sindicalistas temen -y sospechan- que en el mismo diciembre parta desde el nuevo Gobierno, cual tripulante de una nave en problemas, la frase que nadie quiere escuchar: “Muchachos, tenemos un problema”.