El juez de Instrucción 4 de esta localidad, Miguel Ángel Faría, analiza el pedido de excarcelación presentado por la defensa de los cinco acusados de pretender apropiarse de tres hermanitos -un varón de tres años y dos nenas, de 7 y 8- en Concepción de la Sierra.El caso saltó a la luz el miércoles 28 de octubre, en horas de la noche, cuando la abuela de los pequeños alertó a la Policía de que intentaban llevarse a sus nietos a la provincia de Tucumán. Al parecer, la mujer aseguró que los apropiadores habrían prometido trabajo y casa a su hijo, es decir, al padre de los tres menores.De inmediato, una comitiva de policías de Concepción de la Sierra se movilizó y determinó que los supuestos apropiadores se encontraban en un hotel de esa localidad.Hacia allí fueron y demoraron a un gendarme (al parecer retirado en el 2012); a dos miembros de la comunidad gitana y a tres mujeres; una de las cuales tenía un bebé en brazos que aún hoy no se confirmó si es su hijo biológico o no.Lo único que se sabe del pequeño es que está inscripto en el Registro de las Personas de Tucumán; aunque no se determinó si efectivamente nació en esa provincia. Otra de las sospechosas sería hermana del exintegrante de Gendarmería Nacional, al parecer establecida en Concepción de la Sierra. Los investigadores creen que esta persona hizo los contactos con la humilde familia del paraje Moncholito, al igual que la mujer de nacionalidad paraguaya que estaba con ella.En un principio, es probable que el juez Faría conceda el beneficio de la excarcelación a todos los detenidos; fundamentalmente porque a su entender no hay pruebas concretas de que incurrieron en el delito de supresión de identidad.Es que la Policía debió haber hecho vigilancia encubierta y en todo caso, interceptar a los supuestos apropiadores en plena ruta, para configurar el delito de supresión que no admite la tentativa.¿Dónde están los chicos?Los tres hermanitos que supuestamente iban a ser llevados a la provincia de Tucumán, en una operación que iba a concretarse el miércoles 28 de octubre pasado, permanecen en Concepción de la Sierra, según pudo averiguar PRIMERA EDICIÓN.Ni bien trascendió el caso, la jueza de Alem, Selva Raquel Zuetta, que subrogó el Juzgado de Instrucción 4 de Apóstoles, por licencia de Miguel Ángel Faría, decidió entregarlos en guarda y custodia a la abuela paterna, quien había denunciado la maniobra que se iba a pergeñar.La decisión fue adoptada después de que la magistrada se reuniera con la abuela de los menores. Esta mujer aseguró poder hacerse cargo de ellos. El dato no es menor. Los investigadores indicaron que los tres estaban en estado de abandono.La idea era pasarlos a buscar a la madrugadaEl gendarme y los dos gitanos fueron detenidos la noche del miércoles 28 de octubre pasado en un hotel de este municipio, consignaron las fuentes de la investigación. Las tres mujeres, en tanto, corrieron igual suerte pero la mañana siguiente, cuando se disponían a viajar hacia Posadas en un taxi. Existe un punto de inflexión en la historia. Hay quienes dicen que la Policía se apresuró en actuar; quizás desconociendo los lineamientos que establece la Ley para estos casos.El delito de supresión de identidad no prevé ni admite la tentativa. Entonces, como los niños aún estaban en su casa y la Policía detuvo a los sospechosos en el hotel donde se hospedaban, parecería que no existe forma de probar esa calificación.Fuentes ligadas a la pesquisa indicaron que, aparentemente, la intención de los visitantes era pasar a buscar a los chicos por su domicilio, en el paraje Moncholito. No se trata de una crítica al accionar policial, probo y diligente, sino un análisis de la plataforma fáctica.Por el momento, los seis sospechosos continúan privados de su libertad pero trascendió que el juez Miguel Ángel Faría analiza el pedido de excarcelación presentado por la defensa.En un principio, para el juez no habría elementos probatorios de peso para mantener a los sospechosos detenidos; a pesar de que no cree en la versión que brindó el padre de los niños; de que iba a viajar con ellos a Tucumán a cambio de trabajo y un techo digno donde vivir.No obstante, resta aún para saber la decisión que vaya a adoptar el magistrado.
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