Un gendarme, dos gitanos y el padre de tres niños fueron detenidos el miércoles a la noche sospechados de pretender llevarse a los menores a la provincia de Tucumán, por fuera de todo encuadramiento legal.Ya en la mañana de ayer fueron demoradas dos mujeres. Una de ellas, de 24 años, llevaba en brazos a un bebé de ocho meses cuyo origen era objeto de investigación al cierre de esta edición.La joven, cercada por el accionar policial, aseguró que era su hijo; pero a la luz de los hechos la Justicia sospechaba de toda hipótesis.La otra mujer tendría domicilio en la ciudad de Oberá. Sobre esta pesa la sospecha de que actuó de intermediaria del grupo que intentó apropiarse de los tres menores en forma irregular.Sobre el gendarme anoche se tejían dos versiones: una que se retiró de la fuerza en el 2012 y la otra, que en realidad fue dado de baja. El caso saltó a la luz el miércoles, en horas de la noche, cuando la abuela de los tres niños (un varón de 3 años y dos nenas de 7 y 8) alertó a la Policía de que estos iban a ser entregados a desconocidos para que se los llevaran a la provincia de Tucumán.La entrega estaba pactada en horas de la madrugada en el mismísimo domicilio de los tres menores de edad, ubicado en el paraje Moncholito, jurisdicción de Concepción de la Sierra.Sin embargo, la operación llegó a oídos de la abuela paterna de los chicos y esta se comunicó de inmediato con la Policía.Ante semejante panorama, el jefe de la comisaría de Concepción encabezó una comitiva policial que localizó a los sospechosos en un hotel de esa localidad.La abuela de los chicos detalló que los visitantes se movilizaban en un coche de alta gamma, color gris. Justamente, cuando los uniformados llegaron al hospedaje se encontraron con un BMW gris estacionado en la cochera.No se sabe si el vehículo le pertenece, pero trascendió que al menos era conducido por un miembro de la comunidad gitana.Al ser rodeados por los policías, dependientes de la Unidad Regional VII, con asiento en Apóstoles, los sospechosos brindaron un argumento poco convincente: que pretendían llevarse a los niños a Tucumán para poder criarlos dignamente en virtud de las múltiples carencias que padecían en el paraje Moncholito.Puede ser que alguien pueda tener esa intención altruista, pero en este caso particular hay razones de sobra para sospechar que detrás de esa fachada pueda esconderse algo malo.No se trata de una pareja que, detrás de su afán de ser padres, equivoca el camino y confunde lo debido con lo indebido. Es un grupo integrado por personas de dudosa reputación. Por ejemplo, uno de los gitanos, de 34 años, que al parecer conducía el BMW, tenía una orden de captura de la Justicia salteña que lo buscaba por el delito de estafa y falsificación de documento público.El padre de los tres menores también fue detenido en averiguación del hecho. Al parecer afirmó que no había nada de malo en lo que sucedió, porque los visitantes le habían ofrecido una casa y un trabajo en la provincia de Tucumán y se iban por voluntad propia.Un bebé en brazosLa jueza de Instrucción 5 de Leandro N. Alem, Selva Raquel Zuetta, asumió provisoriamente la investigación de este caso, catalogado provisoriamente como presunta supresión de identidad.La magistrada subroga, al menos hasta el sábado al juez penal Nº4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faría. Al menos hasta ese día deberá ordenar y fiscalizar las medidas de prueba.Uno de los objetivos, al menos hasta el cierre de esta edición, era confirmar, en forma indubitable, la procedencia del bebé de ocho meses que una de las mujeres demoradas llevaba en brazos.Ella aseguró que es su hijo, pero incluso ahora la Justicia duda de todo lo que puedan decir los involucrados. Se trataría de una joven de 24 años, presumiblemente de nacionalidad paraguaya pero radicada en la provincia de Tucumán. Si bien el caso saltó a la luz, al menos para la Policía de la Unidad Regional VII, el miércoles a la noche. Pero ambas mujeres fueron demoradas cuando se aprestaban a tomar un taxi rumbo a la ciudad de Posadas. Desde el aeropuerto posadeño tenían como último destino la provincia de Tucumán.Sin embargo, fueron demoradas antes de llegar a destino. La mujer obereña tiene 45 años. Los investigadores asignaron un supuesto rol a esta persona. Creen fue la que hizo de intermediaria entre el grupo ‘tucumano’ y el padre de los chicos, radicados en el paraje Moncholito, en Concepción de la Sierra.Si hubo dinero de por medio o no es una arista del caso que la Justicia investiga. Además del coche BMW, los pesquisas incautaron los celulares de los involucrados.Pobreza y carencias, sinónimos del dramaLas víctimas del accionar de estos grupos no son elegidas al azar. En la mayoría de los casos viven en un contexto de penurias económicas y exclusión; enajenadas de los sistemas de salud, laboral y académico. El caso de los tres niños que viven con el padre en el paraje Moncholito, jurisdicción de Concepción. El hombre crió solo a los hijos, un varón de 3 años y dos nenas de 7 y 8.De acuerdo con fuentes de la investigación, el hombre cobraba una pensión y en la actualidad, no contaba con trabajo, al menos estable. La esposa de este hombre lo abandonó al igual que a sus hijos. Se desconoce si tenía algún tipo de contacto o no volvió a aparecer por Moncholito.Aparentemente, una mujer de Oberá hizo contacto con él para anticiparle el tenor de la propuesta que trían desde Tucumán. El parte policial señaló que los detenidos habrían reconocido que pretendían llevar a los chicos a esa provincia para darle un mejor porvenir, pero habrían desmentido que efectuaron una promesa de trabajo al padre. Un vocero del caso indicó que este hombre es prácticamente inimputable, por su casi nula formación y adicción al consumo de bebidas alcohólicas. La teoría del trabajo previoNo es casualidad que el gendarme y sus cómplices hayan encontrado a una familia en estado de extrema pobreza y que la hayan seducido con falsas promesas para llevarse a sus hijos menores.No es la primera vez que ocurre y muy probablemente, tampoco sea la última. Más allá del lugar donde termine la investigación que por ahora encabeza la jueza de Instrucción 5 de Alem, Selva Raquel Zuetta, lo cierto es que el accionar de los tucumanos no termina de configurar el delito de supresión de identidad, porque no terminaron llevándose a los niños.La Policía actuó en forma preventiva y evitó que esa situación se materializara. Entonces habrá que ver qué decisión adopta la jueza en las próximas horas, aunque es probable que se la deje al juez titular del Instrucción 4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faría, quien se reestablecería a sus funciones a más tardar mañana.Lo preocupante, más allá de esta circunstancia, es que este tipo de hechos sean aún una amenaza en Misiones; una mecá
nica de apropiación ilegal que se convirtió en un flagelo en otros tiempos, sobre todo en la zona Centro de la provincia. Pese a las reformas, el peligro continúa latente y como siempre, afecta a los sectores vulnerables.
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