Las recientes opiniones expuestas, con la mejor de las intenciones, por el doctor Alberto Dalla Via sobre algunos aspectos del proceso electoral argentino, fueron objeto de severas críticas. Algunas manifestando su desacuerdo con ellas y otras, más timoratas, destacando su presunta inoportunidad.Sin embargo, la voz de Dalla Via, expuesta a título personal y no como integrante de la Cámara Nacional Electoral, refleja con particular coraje cívico las anomalías que se presentan en el sistema electoral argentino.No cabe duda que es sumamente grave la degradación de los valores democráticos que se perciben, en varias provincias, con motivo del comportamiento electoral que fomentan los dirigentes políticos enrolados en el populismo.Se han presenciado hechos lamentables en algunas provincias como la expansión del narcotráfico, de la pobreza, la mortandad infantil, la inseguridad, la corrupción, el deterioro educacional, la sustitución del trabajo digno por el clientelismo y todo ello, a lo largo de más de una década sin que la dirigencia política mayoritaria fuera capaz de ofrecer una solución para aquello que justifica su existencia.Sin ir muy lejos, cuando un futbolista, Carlos Tevez, tuvo la aptitud de comprender y valorar la pobreza en una provincia, como lo haría cualquier ciudadano preocupado por el bien común, fue objeto de pueriles descalificaciones emitidas por algunos dirigentes políticos que poco o nada han hecho para revertir semejante ofensa para la condición humana.A tales hechos se agregan otros de naturaleza electoral que son nuevos eslabones que se añaden a la cadena de vicios electorales que soporta nuestra ciudadanía desde 2003, comenzando con los defectos jurídicos que presenta el Código Electoral Nacional que permitió la elección ilícita de un Presidente, que no obtuvo la mayoría electoral impuesta por los artículos 97 y 98 de la Constitución, pasando por el fraude de las “candidaturas testimoniales” fomentadas por el oficialismo en 2009 que merecieron la aceptación de muchos dirigentes políticos, como Daniel Scioli y Sergio Massa.El listado no debe dejar de mencionar una amplia gama de conductas protagonizadas por ciertos dirigentes que reviven los vicios que pretendió erradicar Roque Sáenz Peña en 1912, con la firme colaboración de importantes líderes democráticos que contribuyeron a encauzar el desarrollo del creciente nivel cultural cívico del pueblo.Tampoco cabe soslayar la Ley de Partidos Políticos que regula un fenómeno casi inexistente, pues ellos, en su mayoría, fueron sustituidos por las facciones propias del siglo XIX. Resulta incomprensible que la Ley fomente la atomización de las agrupaciones políticas permitiendo que queden constituidas con tan sólo el cuatro por mil de los ciudadanos empadronados en un distrito. No resulta aceptable tampoco que en algunas provincias subsista la “Ley de lemas” que distorsiona la voluntad del elector y fomenta la multiplicidad de las líneas internas partidarias. Finalmente, con las “Paso”, acompañadas por el voto obligatorio de los electores, también se deteriora la voluntad de los afiliados a una agrupación política al permitir que, en su interna, participen individuos que se abstuvieron de colaborar en el desarrollo de aquella mediante la afiliación.Hace ya varios años que, la Cámara Nacional Electoral, se ha preocupado por perfeccionar la legislación electoral y de los partidos políticos. Otro tanto con la que regula el financiamiento de ellos y ha desarrollado importantes campañas para ilustrar a los ciudadanos sobre por qué y para qué se imponen los comicios libres y transparentes en nuestro sistema constitucional.También sobre la necesidad de cumplir sus deberes cívicos como autoridades de los comicios y todo ello, en estrecha colaboración con prestigiosas entidades privadas, cuya meta reside en bregar por la excelencia cívica. Sus aportes en este ámbito son invalorables, constituyendo un emblema que enaltece a sus miembros.Pero también es cierto que no han contado con la debida colaboración de algunos magistrados judiciales y, muy especialmente, de la dirigencia política.En efecto, si hay clientelismo, quema o sustracción de urnas que encierran la voluntad popular, la alteración maliciosa de sus contenidos, presiones inaceptables sobre los electores, clima de conflicto, ello obedece a que los dirigentes nada hacen para erradicar esos flagelos porque ellos son sus autores.¿Es el ciudadano común el que incurre en fraude o se deja comprar el voto o es el dirigente que lo instiga al fraude, la violencia y la corrupción electoral? No puede haber equivocaciones: si hay fraude, clientelismo y desnaturalización del proceso electoral democrático, es porque hay dirigentes políticos que los producen y otros que los toleran con su complicidad. No es el ciudadano común, a pesar de su aparente apatía.El enfermo que muere por mala praxis médica no es culpable de su muerte sino el inepto que no supo o no quiso atenderlo con idoneidad.Juan Bautista Alberdi escribía que, cuando los votos son arrebatados por el fraude, violando la libertad, el pueblo “lejos de tener a su cabeza los mejores hombres del país, tienen infaliblemente los mayores intrigantes y bribones”, políticos corruptos que lucran con la voluntad popular, acuden al engaño, a la mentira, a la violencia, sin que sus colegas honorables, pues también los hay, los denuncien ante el pueblo y los erradiquen de la convivencia política. Son verdaderos parásitos sociales que se complacen en destruir las instituciones republicanas, por la sencilla razón de que no tienen fe en ellas.De modo, que no cabe desconocer el noble reclamo de Dalla Via y de quienes bregan por la vigencia del sistema constitucional, alegando su presunta inoportunidad.Aceptar semejante tesis es avalar implícitamente aquellas conductas que se condenan y privar de prestigio a la fiesta cívica, acarreando la ilegitimidad que se proyecta sobre el sistema político y que abre las compuertas al peor de los populismos.En síntesis, el tema electoral no puede ser soslayado antes, durante o después de las próximas elecciones. Su debida consideración se impone en el marco de un honesto y amplio debate de quienes tienen la sana y auténtica vocación de servir a sus conciudadanos.
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