La medida se concretó a través del Decreto 2062/2015, firmado por la presidenta Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y el ministro de Defensa, Agustín Rossi y publicado en el Boletín Oficial el miércoles.La Ley presentada por el ex diputado y actual secretario general de la Presidencia, Eduardo “Wado” De Pedro, fue aprobada por unanimidad el 16 de septiembre por el Senado. Las indemnizaciones, que alcanzarán a 10.691 personas, estarán dirigidas a herederos de personas fallecidas, a quienes hayan sufrido lesiones graves, daño moral y/o psíquico y a quienes hayan tenido perjuicios por daños materiales o desvalorización de las propiedades.Los herederos de las personas que fallecieron a consecuencia de la explosión tendrán derecho a percibir una indemnización equivalente a “la remuneración mensual de los agentes nivel A grado 0 del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional, multiplicado por 100”. Los que sufrieron lesiones gravísimas cobrarán el mismo monto reducido en un 30%. En tanto, la indemnización será un 40% menos para las víctimas con lesiones graves; un 96% menos a quienes hayan demandado al Estado Nacional por reparación de daño moral o daño psíquico; y un 97% menos a los que demandaron al Estado por la reparación de daño material.Quienes pretendan recibir esta indemnización deberán desistir de toda acción en los procesos judiciales y renunciar a entablar futuras acciones contra el Estado Nacional.La norma establece que aquellos que ya hayan percibido un importe menor a raíz de acciones judiciales emprendidas contra el Estado cobrarán la diferencia; mientras que los que cobraron más dinero no están obligados a devolver nada. El pago de la indemnización a los beneficiarios o sus herederos se hará mediante la entrega de bonos de consolidación o bonos de consolidación de deudas previsionales. El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente ley dentro de los 60 días contados desde su publicación. Por las explosiones registradas el 3 y 24 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar Río Tercero, el año pasado fueron condenados a penas de entre 10 y 13 años de prisión cuatro imputados.
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